Claudia Salinas Sánchez

Expediente 546/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
546/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2017

Partes del expediente

  • Claudia Salinas Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de seis de junio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la impetrante del amparo omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe **********, quien se ostenta apoderada legal de **********, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado el veinticuatro de mayo pasado, lo que hace en la forma y términos de su ocurso. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Para ello, es conveniente destacar que en este órgano jurisdiccional se registra el juicio de amparo número 978/2015-I, promovido por *********, apoderada legal de ********, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital. Dicho antecedente de amparo, es de tomarse en consideración, pues resulta un hecho notorio para el suscrito. Ahora bien, desde la perspectiva de quien ahora resuelve, el acto aquí reclamado consistente en el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, no es más que una resolución emitida en acato de la ejecutoria del juicio de amparo 978/2015-I, del índice de este juzgado. A fin de evidenciarlo, es necesario destacar que de los datos del citado juicio de amparo se desprende: 1.- **********, apoderada legal de **********, promovió juicio de amparo contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital, consistente en la resolución de dos de octubre de dos mil quince, dictada en el expediente 565/2007 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital, mediante la cual, decretó la suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia; y como consecuencia la omisión de ejecutarla. 2.- Que en ese asunto constitucional, se advierte que mediante sentencia terminada de engrosar el catorce de abril de dos mil dieciséis, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. 3.- Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, donde el siete de abril de dos mil diecisiete, se le tuvo remitiendo el testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo del mismo año, en el amparo en revisión administrativo 266/2016, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es fundado el presente recurso de revisión. SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, el catorce de abril de dos mil dieciséis, en el juicio 978/2015-I. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto reclamado al Tribunal Agrario del Distrito 11, consistente en el auto de dos de octubre de dos mil quince mediante el cual decreta la suspensión definitiva del expediente 565/2007, y omite ejecutar la sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil once. El amparo se concede en términos del considerando cuarto y para los efectos del quinto de esta ejecutoria." Los efectos de ducha ejecutoria fueron: "QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el amparo se concede para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y dicte otra en la que levante la suspensión definitiva decretada y provea lo necesario para llevar a cabo la ejecución de la sentencia de nueve de mayo de dos mil once. En el entendido de que, de demostrarse la existencia de un juicio en contra de la demandante en donde se controviertan los derechos de las parcelas **********, ********** y **********, que deben ponerse en posesión de **********, y sólo por lo que se refiere a la mismas, mas no así de los derechos sobre las tierras de uso común, habrá de suspender la ejecución, pero no de manera definitiva, sino sólo hasta que se falle en definitiva aquél. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 192, 195 y 196 de la Ley de Amparo en vigor y a efecto de observar los lineamientos indicados en el párrafo anterior, la autoridad responsable deberá tener en cuenta que la supervisión y el trámite de la ejecución le corresponde al titular del juzgado de Distrito, a quien deberán informar sobre el cumplimiento de la ejecutoria, para lo cual, se le concede el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación practicada con el testimonio de esta ejecutoria, haciendo de su conocimiento que debe abstenerse de incurrir en retrasos por medio de evasivas o procedimientos ilegales, y que el cumplimiento de esta sentencia debe ser total, sin excesos ni defectos." 4.- En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con sede en Guanajuato, capital, allegó copia certificada de la resolución de diecinueve de abril del año en curso, en la que dejó insubsistente la diversa de dos de octubre de dos mil quince, mediante la cual decretó la suspensión definitiva del procedimiento de ejecución de sentencia y emitió otra con base en los lineamientos establecidos por la Superioridad en la ejecutoria de amparo, por lo cual precisó que se encontraba impedido legalmente para ordenar la ejecución de la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil once, en el expediente 565/2017, por lo que decretó la suspensión hasta en tanto se falle en definitiva en el diverso controvertido 751/2017 del índice de la responsable. 5.- Con dicha resolución, el tres de mayo pasado, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida. De los antecedentes narrados, se conoce que el acto que ahora pretende reclamar la parte quejosa, fue emitido en cumplimiento a los lineamientos dados en la ejecutoria del juicio de amparo número 978/2015-I, del índice de este juzgado, de modo que, como se dijo la acción de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia. En efecto, la citada disposición de la ley de la materia, prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada con la ejecutoria de amparo y, por tanto, no emite consideraciones propias con plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por el juez constitucional, por ello, la causa de improcedencia en estudio se refiere exclusivamente a aquellos casos en que la autoridad responsable no hace más que sustentar las consideraciones prefijadas y, jurídicamente, sustentadas por el órgano jurisdiccional de amparo, de ahí que no exista un tema novedoso que analizar si se interpone un nuevo amparo en contra de los actos que emite la responsable encaminados a dar cumplimiento al fallo protector. Cabe apuntar, que dar entrada a un nuevo juicio constitucional, en contra de actos tendientes al cumplimiento de una sentencia de amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, al abrir el camino de un nuevo juicio constitucional, pues el cumplimiento de aquella quedaría en manos de la parte a quien que no le resultó favorable, porque bastaría que llevaran a cabo actos jurídicos como el citado contrato de enajenación, para obstaculizarlo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe **********, quien se ostenta apoderada legal de **********, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado el veinticuatro de mayo pasado, lo que hace en la forma y términos de su ocurso. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Para ello, es conveniente destacar que en este órgano jurisdiccional se registra el juicio de amparo número 978/2015-I, promovido por *********, apoderada legal de ********, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital. Dicho antecedente de amparo, es de tomarse en consideración, pues resulta un hecho notorio para el suscrito. Ahora bien, desde la perspectiva de quien ahora resuelve, el acto aquí reclamado consistente en el acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, no es más que una resolución emitida en acato de la ejecutoria del juicio de amparo 978/2015-I, del índice de este juzgado. A fin de evidenciarlo, es necesario destacar que de los datos del citado juicio de amparo se desprende: 1.- **********, apoderada legal de **********, promovió juicio de amparo contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital, consistente en la resolución de dos de octubre de dos mil quince, dictada en el expediente 565/2007 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital, mediante la cual, decretó la suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia; y como consecuencia la omisión de ejecutarla. 2.- Que en ese asunto constitucional, se advierte que mediante sentencia terminada de engrosar el catorce de abril de dos mil dieciséis, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. 3.- Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Decimosexto Circuito, donde el siete de abril de dos mil diecisiete, se le tuvo remitiendo el testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo del mismo año, en el amparo en revisión administrativo 266/2016, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es fundado el presente recurso de revisión. SEGUNDO. Se revoca la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, el catorce de abril de dos mil dieciséis, en el juicio 978/2015-I. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto reclamado al Tribunal Agrario del Distrito 11, consistente en el auto de dos de octubre de dos mil quince mediante el cual decreta la suspensión definitiva del expediente 565/2007, y omite ejecutar la sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil once. El amparo se concede en términos del considerando cuarto y para los efectos del quinto de esta ejecutoria." Los efectos de ducha ejecutoria fueron: "QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el amparo se concede para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y dicte otra en la que levante la suspensión definitiva decretada y provea lo necesario para llevar a cabo la ejecución de la sentencia de nueve de mayo de dos mil once. En el entendido de que, de demostrarse la existencia de un juicio en contra de la demandante en donde se controviertan los derechos de las parcelas **********, ********** y **********, que deben ponerse en posesión de **********, y sólo por lo que se refiere a la mismas, mas no así de los derechos sobre las tierras de uso común, habrá de suspender la ejecución, pero no de manera definitiva, sino sólo hasta que se falle en definitiva aquél. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 192, 195 y 196 de la Ley de Amparo en vigor y a efecto de observar los lineamientos indicados en el párrafo anterior, la autoridad responsable deberá tener en cuenta que la supervisión y el trámite de la ejecución le corresponde al titular del juzgado de Distrito, a quien deberán informar sobre el cumplimiento de la ejecutoria, para lo cual, se le concede el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación practicada con el testimonio de esta ejecutoria, haciendo de su conocimiento que debe abstenerse de incurrir en retrasos por medio de evasivas o procedimientos ilegales, y que el cumplimiento de esta sentencia debe ser total, sin excesos ni defectos." 4.- En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 11, con sede en Guanajuato, capital, allegó copia certificada de la resolución de diecinueve de abril del año en curso, en la que dejó insubsistente la diversa de dos de octubre de dos mil quince, mediante la cual decretó la suspensión definitiva del procedimiento de ejecución de sentencia y emitió otra con base en los lineamientos establecidos por la Superioridad en la ejecutoria de amparo, por lo cual precisó que se encontraba impedido legalmente para ordenar la ejecución de la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil once, en el expediente 565/2017, por lo que decretó la suspensión hasta en tanto se falle en definitiva en el diverso controvertido 751/2017 del índice de la responsable. 5.- Con dicha resolución, el tres de mayo pasado, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida. De los antecedentes narrados, se conoce que el acto que ahora pretende reclamar la parte quejosa, fue emitido en cumplimiento a los lineamientos dados en la ejecutoria del juicio de amparo número 978/2015-I, del índice de este juzgado, de modo que, como se dijo la acción de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia. En efecto, la citada disposición de la ley de la materia, prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada con la ejecutoria de amparo y, por tanto, no emite consideraciones propias con plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por el juez constitucional, por ello, la causa de improcedencia en estudio se refiere exclusivamente a aquellos casos en que la autoridad responsable no hace más que sustentar las consideraciones prefijadas y, jurídicamente, sustentadas por el órgano jurisdiccional de amparo, de ahí que no exista un tema novedoso que analizar si se interpone un nuevo amparo en contra de los actos que emite la responsable encaminados a dar cumplimiento al fallo protector. Cabe apuntar, que dar entrada a un nuevo juicio constitucional, en contra de actos tendientes al cumplimiento de una sentencia de amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, al abrir el camino de un nuevo juicio constitucional, pues el cumplimiento de aquella quedaría en manos de la parte a quien que no le resultó favorable, porque bastaría que llevaran a cabo actos jurídicos como el citado contrato de enajenación, para obstaculizarlo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta apoderada legal de **********, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 546/2017-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y III del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciones I, II y V de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. a) La primera irregularidad advertida surge de lo dispuesto en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos artículos, se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y en caso contrario prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que obedece al artículo 17 constitucional, así como a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal. En el caso concreto, la promovente del amparo acude a esta instancia constitucional aduciendo ser apoderada legal de **********. Sin embargo, la irregularidad de la demanda surge en virtud que **********, soslayo adjuntar documento fehaciente con el cual acredite la personalidad que dice tener; razón por la cual incurre en la deficiencia anotada, pues como se dijo, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso, debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda. b) La segunda irregularidad emerge de lo preceptuado en la fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta, que textualmente reza: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad." Como se advierte de la trascripción anterior, el quejoso tiene la insoslayable obligación de precisar el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca ello, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, emitido por el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital, en el expediente agrario 565/2007, respecto de la acción reivindicatoria promovida por ********** en contra **********. Luego, debe decirse que al citado demandado le resulta el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Amparo; por tanto, al no haber sido señalada por la promovente, como exige el aludido numeral 108, fracción II, de la Ley de la materia, la demanda de amparo que se provee es irregular. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que este Juzgado se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirla para que subsane tal omisión. Sin que resulte necesario que designe con tal carácter a **********, en virtud que, no debe perderse de vista que con motivo de su fallecimiento, a la hoy quejosa le fue reconocida la personalidad a que hace referencia la fracción I, del precepto 18 de la Ley Agraria, en el controvertido de origen. c) La tercera irregularidad deviene de lo previsto en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se observa de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, la promovente en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado; sin embargo, soslayó manifestar cuál es la fecha exacta en la que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo. En tal virtud, es menester que el suscrito tenga la certeza de la fecha en la cual tuvo pleno y cabal conocimiento del acto reclamado, pues tal dato también es determinante para poder substanciar el sumario, ya que sin conocerse ese punto no será posible efectuar el cómputo para saber si la demanda de mérito se presentó o no en tiempo. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, V, en relación con el 114, fracción II y III, de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado y con cinco copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes: Acredite con documento fehaciente la personalidad que aduce tener de apoderada legal de **********. Haga la designación de **********, como tercero interesado y precise el domicilio en dónde pueda ser emplazado al presente juicio de amparo; o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que desconoce dicho dato. Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En el entendido que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si quien ahora se ostenta representante legal de la quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeta a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que precisa, al tratarse de un asunto en materia agraria. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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