Claudia Ruiz Sánchez

Expediente 1491/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1491/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Ruiz Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    V. Intégrese al expediente electrónico y físico el oficio con firma electrónica del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al cual adjunta copia del auto de siete de noviembre del año en curso dictado en el recurso de queja 389/2023, de cuyo contenido se observa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación, hecho valer por la peticionaria del amparo contra el auto de desechamiento. Este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior y, queda en espera de que la Superioridad resuelva el medio de impugnación en comento y lo comunique a este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    V. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE 25/09/2023, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL ACUERDO DE 22/09/2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: Se agrega el escrito mediante el cual la quejosa da cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciocho de septiembre del año en curso. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El acto reclamado se fija en atención a todas las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su demanda y escrito aclaratorio para tratar de atender a su intención y a lo que pretende conseguir con este juicio. En este caso, la quejosa reclama: La omisión del pago de pensión determinada en el dictamen ***la cual aceptó mediante escrito presentado el *** DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De igual modo, se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas. Por consiguiente, es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por una autoridad del ejecutivo estatal y, con dicho medio ordinario la quejosa se encuentra en condiciones de combatir el acto que aquí reclama; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario. Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. En efecto, al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Excepciones al principio. Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa tampoco se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, situación que no acontece en el asunto que se analiza. Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. Sobre esa base, se concluye que el justiciable debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. En esa virtud, si el promovente no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, por lo que resulta improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. PROCEDENCIA DE LA VIA LABORAL En efecto, la quejosa también se encontraba en aptitud de impugnar la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ***, por parte del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades ante el órgano en materia de trabajo competente, con motivo de la naturaleza del derecho que dice le fue vulnerado. Sobre ese punto, es conveniente destacar que si bien, la quejosa manifestó, bajo protesta de verdad, que la pensión generadora del derecho que reclama se generó con motivo del fallecimiento de su cónyuge, por causas ajenas al servicio y, la prestación en cuestión consiste en el pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ***, con motivo de la relación de trabajo que dicho servidor mantuvo con el Estado, de ahí que corresponde la legal competencia al Tribunal Federal de Conciliación...De lo anterior se aprecia que el Instituto es un organismo auxiliar del poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México. En esa tesitura, se estima que la solicitante de amparo estaba en aptitud de acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para reclamar la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ***, por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, conforme a lo dispuesto en lo establecido en los artículos 1 y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, y 67 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios...Lo anterior, al considerarse que con la falta de contestación a dicha solicitud la Institución referida ejerce sus facultades como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que su actuación debe considerarse acto de autoridad; de ahí que la señalada falta de respuesta sí actualiza una negativa ficta, en contra de la cual es procedente el juicio contencioso administrativo Por otra parte, se puntualizó que para obtener la devolución de cantidades pagadas en exceso para la amortización de un crédito FOVISSSTE, la petición ante el Instituto y la posterior negativa ficta no es la única vía para hacer valer dicho derecho, toda vez que la quejosa está en aptitud también de demandar directamente al Instituto la devolución de dichas cantidades por la vía laboral. Lo anterior, en atención a la naturaleza de la prestación final involucrada, que implicó el correcto desarrollo de la labor encargada al Fondo de la Vivienda relativa al ejercicio del derecho constitucional contenido en el inciso f) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 del pacto federal. Por lo tanto, si en la especie la quejosa reclama la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen ***, por parte del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; el cual, es organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios- de pagar la pensión otorgada, se evidencia que la justiciable estuvo en aptitud de controvertir tal determinación, ya sea a través del juicio contencioso administrativo o mediante la vía laboral a substanciarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente por reclamarse un derecho de seguridad social. CONCLUSIÓN. En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. CONSIDERACIÓN DESTACADA. Aunado a lo anterior, no se advierte que el acto reclamado incida en el derecho de acceso a la salud de la quejosa, porque si desde el ***, se expidió el dictamen de pensión, en donde se le reconoció el derecho como pensionada, es inconcuso que sigue contando con los servicios de salud, ahora en su calidad de pensionado. Tampoco pasa inadvertido que los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123 de la Constitución General reconocen el derecho al mínimo vital, el cual implica el reconocimiento constitucional a un mínimo de subsistencia digna y autónoma que involucre las "condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias" para el desarrollo de una vida digna en función de la capacidad contributiva de cada contribuyente. Sin embargo, ello no se considera razón suficiente para declarar procedente la acción de amparo contra dicho acto, sin agotar previamente los medios de defensa a su alcance; máximo que el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, prevé la suspensión del acto reclamado, con lo cual, la peticionaria del amparo puede obtener la restitución provisional del derecho que se dice afectado. No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda invoca para justificar la procedencia de su demanda de amparo, la tesis de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE PAGO OPORTUNO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA. PROCEDE, AUN CUANDO EL ADEUDO SE HUBIESE CUBIERTO, PARA ANALIZAR LA AFECTACIÓN A DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO Y DECRETAR LAS MEDIDAS QUE LOS TUTELEN, CUANDO SE ADVIERTA QUE EL RETARDO EN EL PAGO PERSISTE Y ES RECURRENTE.", planteada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito; sin embargo, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se considera no aplicable al caso, en tanto que constituye una tesis aislada sustentada por un Tribunal con residencia en un diverso circuito judicial al en que este Juzgado se ubica y ejerce jurisdicción, de ahí que no obliga a este Juzgador a variar el sentido de la presente determinación. En otro contexto, respecto a la solicitud de la parte quejosa de que se le explique el porqué de la prevención en el sentido en que fue realizada (a fin de que proporcionara sus antecedentes socioeconómicos), dígasele que este juzgado actúa de conformidad con las facultades que le otorga los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y si existe inconformidad al respecto, tiene expedito su derecho para hacerlo valer en los términos que estime convenientes.

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