Claudia Rubí Ríos Palacios
Expediente 1356/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Claudia Rubí Ríos Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintidós de julio de esta anualidad, en el recurso de queja ******************** de su índice, y devuelve el cuaderno que en copia certificada se dedujo de los autos para substanciar el referido medio de impugnación; en consecuencia, acúsese recibo. Por otra parte, tomando en consideración que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo que motivó este expediente; en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se desechó la demanda de amparo indirecto intentada, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual el Segundo Tribunal Colegiado, acusa recibo de la copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 1356/2021 y el escrito de expresión de agravios que hizo valer la parte quejosa contra el auto por el que se desechó este expediente. Así mismo, informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, instrúyase a la analista jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite los permisos correspondientes para que el referido tribunal de alzada se encuentre en posibilidad de consultar las constancias que integran este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual la quejosa ******, interpone recurso de queja contra el proveído dictado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se determinó desechar la demanda de amparo origen de este expediente. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito en turno, enviándole además copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda y rendir el informe sobre la materia de la queja. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. NOTIFÍQUESE."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense la promoción y anexos señalados en la cuenta al expediente en que se actúa, por medio del cual, la quejosa Claudia Rubí Ríos Palacios cumple con el auto preventivo de nueve de diciembre del año en curso, en el que se le requirió para que realice lo siguiente: 1. Deberá precisar qué acto o actos reclama de cada una de las autoridades que designa como responsables, de modo que pueda advertirse si lo que ataca de cada autoridad es una acción u omisión, lo que es necesario conocer para estar en aptitud de identificar cuáles son los actos que formarán la litis constitucional. En consideración a lo anterior, se provee: Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo, y de los escritos aclaratorios presentados el trece de diciembre pasado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito y el de cuenta, se advierte que la inconforme Claudia Rubí Ríos Palacios, reclama los actos siguientes: De José Esteban Bolaños Guzmán, Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción combate: La omisión de la firma de su contrato de prestación de servicios por honorarios correspondiente a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno a la fecha. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: La omisión de efectuar los pagos por concepto de prestación de servicios por honorarios a su favor. Por otra parte, de los hechos que la titular de la acción de amparo manifestó en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos impugnados se advierten los aspectos siguientes: 1. La justiciable afirma que el ocho de octubre de dos mil veintiuno, la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, realizó la sesión de deliberación y designación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado en la cual se le tomo protesta y se le entregó su nombramiento como integrante del citado Consejo. 2. Expone que los pagos por concepto de prestación de servicios por honorarios comprendidos a partir del ocho de octubre de dos mil veintiuno a la fecha, no le han sido cubiertos. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y su anexo se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por Claudia Rubí Ríos Palacios, porque respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señalados en los párrafos precedentes se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, dado que esas actuaciones no provienen de una autoridad para los efectos de este juicio de amparo. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos citados, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, del dispositivo 5, fracción II, de la ley de la materia se desprende que la autoridad responsable será parte en el juicio constitucional y que tendrá tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La norma citada también establece que para los efectos de la ley de la materia, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de un ente público, que afecten derechos en los términos que ese ordinal dispone y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El análisis sistemático de los preceptos citados pone de relieve que el acto de autoridad constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio constitucional. En otro punto, es necesario señalar que el Alto Tribunal de la Nación ha establecido que una autoridad para los efectos del juicio de amparo será el ente de hecho o de derecho que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni requerir del consenso de la voluntad del afectado; en ese contexto, la Superioridad puntualizó que una autoridad será la que ejerza facultades decisorias que le son atribuidas por la ley y, por ende, que constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para fortalecer lo anterior se cita la tesis P. XXVII/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por otro lado, resulta oportuno establecer las bases para distinguir un acto de autoridad y en ese sentido es necesario acudir a la clasificación que la teoría general del derecho ha realizado respecto de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un plano similar, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí se han creado por la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, laboral y agrario en ciertos supuestos. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deberán acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas pactadas por ellas o las contempladas por la legislación aplicable; en ese contexto, ambas partes se encuentran en un nivel equivalente, lo que refleja la existencia de una bilateralidad en el funcionamiento de tales relaciones. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre los gobernantes y los gobernados en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por eso el Pacto Supremo establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, las cuales también se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, en este último rubro se encuentran las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el dispositivo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Desde esa perspectiva, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto cobra aplicación la tesis 2a. XXXVI/99 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, que informa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior para que el acto de un órgano estatal sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación, es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. En otro aspecto, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y su eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce, es decir, su génesis sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras, si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio de protección de los derechos fundamentales, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características señaladas en los párrafos precedentes. En ese sentido es necesario atender a la naturaleza del acto que se impugna para determinar si proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio constitucional. Con base en el marco jurídico expuesto es factible sostener que los actos combatidos a las responsables no provienen de autoridades para los efectos del juicio de amparo, dado que tienen su génesis en una relación de coordinación entablada entre particulares -el quejoso (como prestador de servicios por honorarios) y los entes responsables (que reciben los servicios)- en la que actuaron en un plano de igualdad, en virtud del vínculo contractual que entre esos sujetos existe. En este punto, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 120, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca; 17 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; 2487 y 2491 del Código Civil para el Estado de Oaxaca; y, 424, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política del Estado de Oaxaca "Artículo 120. El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: [.] (REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021) II. El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse de forma paritaria por cinco ciudadanas o ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y [.]" Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca "Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial." Código Civil para el Estado de Oaxaca "Artículo 2487. El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos. Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo." "Artículo 2491. El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe el profesor o haya concluído el negocio o trabajo que se le confió." Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca "Artículo 424. Se tramitarán sumariamente: [.] IV. Los cobros judiciales de honorarios debidos a peritos y a los abogados, médicos, notarios, ingenieros y demás personas que ejerzan una profesión mediante título expedido por autoridad competente; [.]" De las normas insertas se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, la detección y la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Con motivo de la reforma a la Constitución local el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca cambio de denominación a Consejo de Participación Ciudadana del referido Sistema. El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca deberá integrarse de forma paritaria por cinco ciudadanas o ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca establece. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, actualmente Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con esa Secretaría, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. El que presta y el que recibe los servicios pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos. El pago de los honorarios se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios. Se tramitarán en un juicio sumario civil los cobros judiciales de honorarios debidos. Ahora, el disidente reconoce expresamente que el ocho de octubre de dos mil veintiuno, le fue otorgado el nombramiento de integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca; incluso, exhibe copia certificada del referido instrumento. En razón de lo anterior, el disidente reclama del Secretario Técnico y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, ambos del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, la omisión de suscribir el contrato de prestación de servicios por honorarios a partir de la data indicada, con motivo del nombramiento otorgado a su favor, en tanto que del Secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca ataca la omisión de pagarle los honorarios que le corresponden como integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca con motivo de la prestación de sus servicios a partir del ocho de octubre del año en curso. Con base en lo anterior, es factible sostener que las actuaciones impugnadas a las citadas entidades públicas en este medio procesal de tutela constitucional carecen de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, por lo que es inviable considerarlas como de autoridades para los efectos del juicio constitucional y tampoco se pueden catalogar como "actos de particulares equivalentes a los de autoridad". Es así, porque en términos de lo prescrito por el arábigo 17 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca no tienen relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva del referido Sistema, porque el vínculo legal con esa Secretaría, así como su contraprestación deben ser establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno del citado Sistema, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva; de ahí que la liga entre los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca con la Secretaría Ejecutiva del referido Sistema es de carácter contractual y, por ende, la relación que surge entre esos sujetos es de coordinación entablada entre particulares -el quejoso (como prestador de servicios por honorarios) y los entes responsables (que reciben los servicios)- en la que actúan en un plano de igualdad, en virtud de la vínculo contractual que entre esos sujetos existe, por mandato legal. Luego, si la relación entre la justiciable Claudia Rubí Ríos Palacios, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca es de coordinación, es indudable que los entes responsables actúan en un plano de igualdad, con motivo del vínculo contractual que entre esos sujetos existe; por tanto, sus diferendos deben resolverse ante los Tribunales ordinarios locales. Es así, porque conforme a lo prescrito por los ordinales 17 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca; 2487 y 2491 del Código Civil para el Estado de Oaxaca; y, 424, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca el vínculo legal entre los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca con la Secretaría Ejecutiva del referido Sistema y la contraprestación que debe cubrirse a los primeros deben establecerse a través de los contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno de dicho Sistema, por lo que no gozarán de prestaciones; en ese sentido, es inconcuso que el que presta -en el caso el titular de la acción de amparo- y el que recibe -en la especie los entes responsables- los servicios pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos -como lo prescribe el primer dispositivos citado- y la cobertura de los honorarios se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios y cualquier controversia que surja con motivo del impago de los honorarios debidos deberá plantearse ante un Tribunal ordinario del fuero común en la vía sumaria civil y en cuanto a la acción para obtener la forma escrita de ese pacto deberá atenderse a la vía que el código adjetivo civil local prescribe a fin de materializar ese acuerdo en la forma que el Código Civil para el Estado de Oaxaca dispone. En esos términos, se deduce que la relación que se origina entre los sujetos señalados es de coordinación, al tener como origen un vínculo contractual y los diferendos que entre los contratantes se suscite legalmente no deben resolverse entre ellos, porque para eso se han instituido procedimientos jurisdiccionales en la vía ordinaria. Entonces, como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca en sus relaciones con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del mencionado Sistema no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, dado el vínculo contractual que entre ellos existe, es factible afirmar que las responsables como dependencias del mencionado Sistema no son autoridades para los efectos del juicio de protección de los derechos fundamentales y tampoco un particular que realice actos equivalentes a un ente público. Luego, en contra de los actos reclamados a los entes públicos responsables no es procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo establecido por el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, porque el origen de la relación de coordinación es un acto jurídico (contrato de prestación de servicios por honorarios) que une a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del mencionado Sistema, en la que ambos sujetos actúan en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. En esos términos, se evidencia que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de ese ordenamiento; de ahí que este medio extraordinario de defensa sea improcedente. En consecuencia, al patentizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de ese ordenamiento, en cuanto a los actos reclamados a las autoridades responsables, se desecha de plano la demanda, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE POR LA VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA"
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