Claudia Romanillos Villanueva
Expediente 1559/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 59 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 59
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Claudia Romanillos Villanueva
- CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 59.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación en auxilio del Titular de la Célula II-3 de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le comunique el estado procesal que guarda el presente expediente. En relación con lo que solicita, mediante oficio que derive del presente proveído, indíquesele a la autoridad remitente que el presente expediente se encuentra concluido, dado el quince de julio de dos mil veintidós se dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el presente juicio, la cual causó ejecutoria el cinco de agosto de esa anualidad, sin que se haya interpuesto recurso en contra de las citadas determinaciones ni exista alguno pendiente de resolver. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-3 Mérida, de la Fiscalía General de República, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal de estos autos, a fin de integrar debidamente la carpeta de investigación sometida a su conocimiento. Por tanto, no habiendo impedimento legal alguno, infórmese al oficiante que el presente juicio de amparo promovido por CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA por conducto de su apoderado Alonso Román Cuevas Ocampo, se encuentra concluido, dado el quince de julio de dos mil veintidós se dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el presente juicio, la cual causó ejecutoria el cinco de agosto de esa anualidad, sin que se haya interpuesto recurso en contra de las citadas determinaciones ni exista alguno pendiente de resolver. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de quince de julio de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia dictada el quince de julio del presente año, el hecho que aún no obre en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios por medio de los cuales se notificó la referida resolución a las autoridades foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad señalada como responsable. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Así también, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18 del Acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTR.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1559/2021-IV-B, promovido por CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA por conducto de su apoderado Alonso Román Cuevas Ocampo; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA por conducto de su apoderado Alonso Román Cuevas Ocampo, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las autoridades: AUTORIDADES ORDENADORAS: 1.- Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo. 2.- José Eduardo Cortés Santos, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo. 3.- Verónica Gutiérrez Fuentes, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo. 4.- José Antonio Belda Rodríguez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo. Residentes en Cancún, Quintana Roo. 5.- Ramón Jesús Aldaz Bencomo, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio. 6.- Fernando León Chávez, Juez de Control y Juez de Control en Funciones de Juez de Tribunal de Juicio Oral, del Sistema Penal Acusatorio. 7.- Daniel Esteban Farah Godoy, Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio Oral, Penal, del Sistema Penal Acusatorio. 8.- Eduardo Del Valle García, Juez de Control y Juez de Tribunal de Juicio Oral Penal, del Sistema Penal Acusatorio Con sede en Othón P. Blanco, Quintana Roo. 9.- Abraham Alberto Loeza Ortiz, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio. 10.- Alex Ramiro Buenfil Ayala, Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio. Ubicados en Chetumal, Quintana Roo. AUTORIDADES EJECUTORAS: 11.- Fiscal General del Estado de Yucatán. 12.- Vice-Fiscal de Investigación y Procesos, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 13.- Jefe del Departamento de Colaboración y Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 14.- Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. 15.- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 16.- Director de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaria de Seguridad Pública Del Estado de Yucatán. 17.- Comandancia de Mandamientos Judiciales de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 18.- Delegado de la Fiscalía General de la República. Con sede en esta ciudad. 19.- Director de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Con domicilio en Cancún, Quintana Roo. 20.- Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República. 21.- Fiscal General de la República. 22.- Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. 23.- Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General Republica. Con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. TERCERO. Asimismo, mediante acuerdos de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y seis de abril del año en curso, se dejaron de tener como autoridades responsables a las siguientes: 6. Fernando León Chávez Juez de Control y Juez de Control en funciones de Tribunal de Juicio Oral, residente en Chetumal, Quintana Roo, y al 22. Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, con sede en la Ciudad de México, y previos diferimientos se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: Las órdenes de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia, dictadas en contra de la quejosa; y su ejecución. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables 1, 2, 3, y 4, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien rindió informe por sí y a nombre de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Jueces de Control adscritos a ese Centro de Justicia Penal y del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución adscrito a ese Centro de Justicia Penal Federal [promoción 14591]. Tampoco son ciertos los actos por lo que hace a las diversas responsables 5, 8, 9 y 10, correspondientes a los Jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, [promoción 16255]. Pues así lo manifestaron expresamente dichas autoridades al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento por falta de materia, en el presente juicio, por cuanto hace a dichos actos y autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables 7 Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, Daniel Esteban Farah Godoy, [promoción 16255], 15 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán [promoción 14614], 16 Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación por conducto del Encargado del Departamento Jurídico [promoción 14763], y 17 Comandante de Aplicaciones, Presentaciones, Detenciones Ministeriales y de Custodia de la Policía Estatal de Investigación [promoción 14915], residentes en esta ciudad. Cabe precisar que también es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 11.- Fiscal General del Estado de Yucatán [promoción 14702] por conducto del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, pues a pesar de que en su informe justificado negó el acto que se le atribuye, lo cierto es, que con posterioridad realizó manifestaciones de las que se evidencia su certeza; de ahí que, se reitera, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Luego, no obstante que las autoridades responsables, 12 Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán [promoción 14651], 13 Jefe de Departamento de Colaboraciones y Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General del Estado de Yucatán [promoción 14648], 14 Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán [promoción 14646], y 18 Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular del UIL, encargado del despacho de la Delegación Estatal [promoción 14626], residentes en esta ciudad, 19 Coordinador de Seguridad Institucional de la Policía de investigación del Estado en ausencia del Titular [promoción 15822], con domicilio en Cancún, Quintana Roo, 20 Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol [promoción 16898], 21 Fiscal General de la República, por conducto del Director General de Control de Juicios de Amparo [promoción 16900], con sede en la Ciudad de México y 23 Titular de la Policía Federal Ministerial por conducto del Director General de Control de Juicios de Amparo [promoción 16898], residentes en la Ciudad de México; hayan manifestado en sus informes justificados que no es cierto el acto que se les atribuye, el mismo debe tenerse como cierto. Lo anterior es así, dado que por su carácter de autoridades ejecutoras, por cuestión de jerarquía pudieran realizar actos de ejecución, y en el caso, se tuvo por cierto el auto atribuido a las autoridades ordenadoras. Aplica al tema, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el Registro IUS 227890, visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto con relación al acto que reclama el quejoso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Del contenido del artículo antes trascrito, se puede advertir, el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esta figura jurídica (litispendencia) entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. En materia de amparo, la disposición legal transcrita contempla una hipótesis de litispendencia entre dos juicios de amparo, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado. Se trata, pues, de dos juicios de amparo iguales, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación, circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. Pues bien, la causal de improcedencia invocada, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo, que se encuentre pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. ANÁLISIS. Bajo este tenor, la quejosa CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA, reclama en su demanda de amparo las órdenes de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia, dictadas en su contra y su ejecución; así como su ejecución. Ahora bien, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invocan como hecho notorio las constancias que integran el juicio de amparo 266/2020-V-B, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, las cuales se tienen a la vista a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya al respecto, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Constancias que se tienen a la vista en este asunto, y se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte: 1. Que mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, turnada a este Juzgado el día siguiente, la quejosa CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra los actos que reclama a los Jueces de Control y Juicio Oral del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. 2. Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se mandó aclarar la demanda, la que se registró con el número 865/2019-III-A, y transcurrido el término otorgado, fue admitida, se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. 3.- Concluido el trámite, se celebró la audiencia el tres de marzo de dos mil veinte, y este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio, por lo tanto, se declinó la competencia legal al Juzgado de Distrito con residencia en Chetumal, Quintana Roo, en turno. 4.- Mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, aceptó la competencia planteada, lo registró con el número 266/2020-V-B; seguidamente el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictó la sentencia en dicho juicio de amparo el cual resolvió sobreseer el amparo y negar la protección de la justicia federal a la parte quejosa. Debiendo precisarse que el acto reclamado que fue materia de ese juicio de amparo fue la orden de aprehensión dictada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 159/2017, emitida por el licenciado Daniel Esteban Farah Godoy, Juez de Control adscrito al Juzgado Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. 5.- Luego, en contra de la sentencia constitucional, la parte quejosa promovió recurso de revisión en contra de dicha resolución, el cual fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de toca 215/2021, mismo que se encuentra pendiente de resolver. En esa tesitura, se patentiza como un hecho notorio que la quejosa CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA, promovió con anterioridad un diverso juicio de amparo en el que reclamó los mismos actos reclamados que en el presente juicio de amparo las órdenes de aprehensión y/o detención y/o presentación y/o comparecencia, dictadas en su contra y su ejecución; siendo que dicho juicio de amparo, que se promovió primero en tiempo, aún se encuentra en trámite pendiente de resolución, ya que a pesar de que fue resuelto en amparo indirecto, en el que se en parte se sobreseyó en el juicio y en otra se negó la protección constitucional a la quejosa, aún está pendiente de resolverse el recurso de revisión que interpuso en contra del fallo constitucional. Bajo esa óptica, el acto que por esta vía reclama la impetrante de amparo, es materia del diverso 266/2020, que se sigue ante el Juzgado Primero de Distrito en Chetumal, Quintana Roo, en contra del mismo acto y mismas autoridades responsables, el cual aún se encuentra en trámite. Por ende, al ser los actos reclamados materia de un diverso juicio de amparo, que se promovió primero en tiempo, que se encuentra en trámite y pendiente de resolución, promovido por la misma quejosa. Cabe precisar que no obstante que no sean exactamente las mismas autoridades las señaladas en los juicio de amparo 266/2020 y el presente 1559/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, pues existe variación en las autoridades ejecutoras (a quienes no se les atribuyen vicios propios), lo cierto es que la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión es la misma señalada en los dos juicios de amparo, y deriva de la misma carpeta administrativa, pues dicho mandato de captura fue dictado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 159/2017, por el licenciado Daniel Esteban Farah Godoy, Juez de Control adscrito al Juzgado Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. De ahí la litispendencia destacada, pues al promoverse el presente juicio constitucional por el mismo acto reclamado (orden de aprehensión de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta administrativa 159/2017), en contra de la misma autoridad que efectivamente lo emitió (Juez de Control adscrito al Juzgado Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo), es inconcuso que tal acto no puede volver a analizarse en su inconstitucionalidad, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya al respecto, el criterio siguiente: "Registro digital: 2019187 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.31 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029 Tipo: Aislada "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". Asimismo, es útil al tema la jurisprudencia número 287, sustentada por la otrora conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 193, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así como la tesis aislada número XIX. 2º.12 K, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la Página 312, Tomo III, Enero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Así como la sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la tesis aislada número VII.P. 83 K, Octava Época, localizable en la página 260, Tomo XV-Enero del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este órgano jurisdiccional realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CLAUDIA ROMANILLOS VILLANUEVA, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
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