Claudia Ramos Vargas

Expediente 722/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
722/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Claudia Ramos Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que las partes no realizaron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 24 a 30), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: Emitiera el laudo correspondiente en el juicio laboral 1010/2012. Ahora, toda vez que la sentencia no fue recurrida por las partes, en proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve (fojas 35 a 37), se declaró firme; y por tanto, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante oficio 6935/2019 (fojas 51 a 63), remitió copias certificadas del laudo de nueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 1010/2012. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató de manera total los efectos de la concesión del amparo, porque dictó el laudo de nueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 1010/2012. No pasa inadvertido para quien esto juzga, que si bien en el laudo en comento se advierte que se dictó en nueve de septiembre de dos mil dieciocho, lo cierto es que de la certificación respectiva se corrobora que lo correcto es nueve de septiembre de dos mil diecinueve. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO; por lo que una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, sentencia y acuerdo de archivo. Por otra parte, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, ni cuenta con documentos originales, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexos signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del laudo, dictado en el juicio laboral de origen ***. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias mencionadas, dese vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual informa los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. [.] En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Del precepto legal transcrito, se advierte la facultad de este órgano jurisdiccional, para ampliar el plazo a fin de que la autoridad responsable, dé cumplimiento a la sentencia de amparo, siempre y cuando la misma demuestre que está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que está demostrando que la sentencia de amparo está en vías de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se amplía el plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se concede a la autoridad responsable el término de diez días hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que remita las constancias que denoten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), registro 2007918, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de rubro y texto, siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Cabe precisar que el plazo aquí concedido es el que este órgano jurisdiccional estima prudente, a fin de que la autoridad responsable emita el laudo correspondiente en el juicio laboral 1010/2012. Se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo".

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 24 a 30); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 1010/2012. Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo".

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