Claudia Ramírez Bustos
Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Claudia Ramírez Bustos
Actuaciones
- Principal
III... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ..., este expediente se considera susceptible de destrucción.
- Principal
III... Agréguese el escrito signado por Claudia Ramírez Bustos, por propio derecho, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de dos del presente mes. DESECHAMIENTO En ese tenor, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovidos por Claudia Ramírez Bustos, contra actos del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Así, de la lectura integral de la demanda y se escrito aclaratorio se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo. En ese contexto, la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción referidos, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, o nulificados. Lo anterior, ya que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, la acción constitucional se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa reclama: El auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 20581/2023, por medio del cual el Juez de origen determinó esperar al informe que rinda el Centro de Convivencias Familiar respecto al mes de mayo de este año, para proveer lo conducente respecto a la solicitud de la hoy quejosa y en base al interés superior menor. En ese sentido, este Juzgador estima, que la parte quejosa podía obtener el remedio a las violaciones de las que le causan perjuicio respecto de la determinación reclamada emitida por el juez responsable; la que tendría que haber sido impugnada mediante la interposición del recurso de revocación a que alude los artículos 1.360, fracción I y 1.362, con relación al diverso 5.74, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que no cumplió con el principio de definitividad, respecto del acto reclamado. Ello es así, dado que es parte del juicio de origen, por tanto se encuentra facultada para hacer uso del medio de impugnación descrito antes de acudir ante esta autoridad de amparo con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de constitucional, de tal modo que en el caso debió agotar el recurso de revocación, medio de defensa en contra del proveído reclamado, ya que con la interposición oportuna de ese medio de defensa pudo obtener su modificación, confirmación o nulidad. Se afirma lo anterior, porque el artículo 5.74 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, establece cuáles son los actos contra los que procede el recurso de revocación; dentro de los cuales se precisa que contra los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales, procede dicho medio de impugnación, el cual precisa: "Revocación fuera de audiencia. Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. (.)" Del análisis sistemático del precepto legal transcrito se advierte que está previsto en el Código de Procedimiento Civiles del Estado de México vigente, las hipótesis en que procede el recurso de revocación; por ello, contra la determinación impugnada previo a la promoción del juicio de amparo la promovente debió agotar el principio de definitividad, a través del recurso de revocación. En consecuencia, si el auto impugnado en el presente juicio constitucional constituye la determinación adoptada por el juez responsable, en el proveído de dieciocho de mayo del presente año, en el cual determinó que esperaría al informe que rinda el Centro de Convivencias Familiar respecto al mes de mayo de este año, para proveer lo conducente respecto a la solicitud de la hoy quejosa y en base al interés superior menor; es inconcuso que contra dicha determinación debió agotarse el recurso de revocación previo a acudir a esta instancia constitucional; de ahí que si éste no se hizo valer, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Dicha conclusión se alcanza, pues en el presente asunto no se surte ninguna de las causas de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado: a) No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, no establece providencias precautorias ni impone medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco niega la libertad bajo caución ni se trata sobre el incidente de desvanecimiento de datos; además no es una orden de arresto ni un acto que afecte la libertad personal del quejoso. c) No se trata del auto de vinculación a proceso. d) Tampoco se está en presencia de una persona extraña al procedimiento, pues con relación a esta hipótesis, la aquí quejosa es parte actora en la controversia de origen. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 156 del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevee la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". No pasa inadvertido para este juzgador la posible existencia de un supuesto de excepción al principio de definitividad derivado de la participación de un menor en una controversia y la imposibilidad de suspender el proceso con la interposición del recurso ordinario, que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO" En ese criterio, el más Alto Tribunal señala como excepciones al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, las siguientes: 1. Cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor involucrado en caso de ejecutarse el acto reclamado; y, 2. El recurso ordinario que proceda en contra del acto reclamado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, con motivo de una afectación directa a su persona. Ahora, en el caso a estudio, se estima que no se actualizan dichos requisitos para la referida excepción al principio de definitividad, derivada del interés superior de la infancia. Ello es así, toda vez que aun cuando la parte quejosa alega la existencia de un riesgo para el menor respecto a las convivencias decretadas en el juicio familiar de origen, lo cierto es que dicho régimen se lleva a cabo por medio del Centro de Convivencias Familiar, por lo que no se considera que el menor de edad pueda sufrir algún riesgo en las convivencias supervisadas decretadas. De ahí que el acto reclamado, por sí solo no representa una situación de vulnerabilidad para la integridad del menor de edad, pues no se ordena desplegar alguna conducta a efecto de estimar que con su emisión se le posiciona en un entorno de posible afectación. Esto es así, porque conforme a la tesis jurisprudencial, es la factibilidad de que el menor de edad involucrado resienta con el acto reclamado una perturbación a su equilibrio, a su persona o a su desarrollo normal, permitiéndose en caso de que el recurso ordinario correspondiente no paralice sus efectos, acuda de forma directa al amparo biinstancial para impedir la materialización de dicha posible vulneración, pues se parte de que en caso de concretarse, no sería factible restituirlo en la afectación ya sufrida. En ese sentido, se reitera, si en el acto reclamado la autoridad responsable ordena esperar al informe de que rinda el Centro de Convivencias Familiar respecto al mes de mayo de este año, para proveer lo conducente respecto a la solicitud de la hoy quejosa y en base al interés superior menor; éste no genera afectación a la integridad del citado infante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, que con el número 1a./J. 113/2013 (10a.) aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción de juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, al no surtirse alguna de las excepciones al principio de definitividad, no existe justificación alguna para que la solicitante de amparo no haya agotado el recurso de revocación, que se debe interponer ante el mismo órgano jurisdiccional; máxime, que pudo obtener el remedio a las violaciones de las que se duele, ya que en dicho recurso hubiese sido factible que se anulara, revocara o modificara la parte conducente de la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo ...
- Principal
XII... Visto el oficio signado por el Director Jurídico del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia dictada en este expediente, del que se reserva dar vista, hasta en tanto haga del conocimiento el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo. ... se concede un plazo de diez días para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el cual empezará a contar a partir del siguiente día a la notificación del presente proveído; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso. En el entendido que para el caso de ser omisa o bien de no informar los impedimentos legales que para ello tenga, se dará trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del citado numeral 192; es decir, se le impondrá una multa...
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