Claudia Ramírez Ayon

Expediente 859/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
859/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Claudia Ramírez Ayon

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se desprende que a la fecha, no se ha informado la aceptación de la competencia que fue declinada por este órgano de control constitucional al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en Tijuana, en turno, respecto de la demanda de amparo promovida por Claudia Ramírez Ayón; no obstante lo anterior, se hace constar que ante este Juzgado, se encuentra tramitada la causa penal 376/2010, seguida en contra de la quejosa se referencia, en el que se recibió por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el oficio 9013/2018, del que se deduce que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que fue declinada en el sumario constitucional en que se actúa. Circunstancia, que se invoca en el presente juicio de amparo, como hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo; sin que sea el caso, anexar copia certificada de la referida comunicación, pues basta con que se tenga a la vista al momento de dictar la determinación correspondiente, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, Tomo XXV, junio de dos mil siete, consultable a foja doscientos ochenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por CLAUDIA RAMÍREZ AYON, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, y otras autoridades, fórmese expediente bajo el número de juicio de amparo 859/2018-5A. INCOMPETENCIAEn observancia del artículo 112 de la Ley de Amparo, y derivado del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y diversas; por tanto, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 38, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Del dispositivo citado se obtienen dos reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo sometidos a su consideración en contra de otro Juez de Distrito; reglas que se puntualizan a continuación: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo en contra de un juez de distrito, será otro juez del mismo distrito; y, II. En caso de no haber otro juez del mismo distrito, se deberá enviar al más cercano dentro de la jurisdicción del circuito que pertenezca. Acorde a lo anteriormente expuesto, y a fin de tutelar efectivamente el derecho fundamental de brindar en las determinaciones judiciales certeza jurídica, que se consagra en favor de los gobernados en el artículo 16 Constitucional, este órgano jurisdiccional considera que, armónicamente aplicado con el numeral 38 de la Ley de Amparo en vigor, la competencia para conocer del trámite de este juicio de amparo, se surte a favor del Juez Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno pues es el Juez de Distrito más cercano y de la misma especialización, para conocer de la demanda de amparo, en donde se señaló como autoridad responsable al suscrito. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia P. /J. 44/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro y texto dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Así como también, por los razonamientos expresados la tesis 88/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro y texto dice: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Por lo expuesto, y tomando en consideración que conforme al precepto 48 de la propia ley y de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo que otro deba conocer, debe declararse legalmente incompetente de plano y ordenar remitir los autos originales y en el caso sujeto a esta potestad, se estima que jurídicamente le corresponde al Juez Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. De igual modo, el artículo 46, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales, aprobado en sesión extraordinaria de veintidós de abril de dos mil quince, que abrogó el Acuerdo General 14/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar, publicado el catorce de marzo siguiente, en el Diario Oficial de la Federación; específicamente en el artículo 46, penúltimo párrafo, en la parte que interesa, a la letra refiere: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Atento a lo expuesto, remítase el juicio de amparo en que se actúa, con dieciséis copias de la demanda, por separado, al Juez Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno; para que, de estimarlo procedente, se avoque al estudio del presente asunto, solicitando se sirva informar a este Juzgado lo que tenga a bien proveer, y en su caso, acuse el recibo correspondiente. Sin que sea el caso proveer respecto a la suspensión provisional que solicita la parte quejosa, toda vez que el acto de reclamo no se encuentra entre los supuestos que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, en virtud de que reclama en esta vía constitucional la privación de su libertad con motivo de la orden de aprehensión dictada en su contra, según aduce, sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Aunado a lo anterior, que el acto reclamado por la parte quejosa no queda comprendido en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se trata de algún acto que de llegar a consumarse, haría físicamente imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía individual reclamada, pues si bien señala como acto reclamado actos tendentes a privarlo de la libertad de autoridades, no menos cierto es que dichos actos no están siendo ejecutados de manera material en su perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis VI.1o.A.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable a foja 1458, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 179731, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO". Lo anterior, permite concluir que al establecerse la procedencia de la suspensión de oficio respecto de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, se refiere a los supuestos fácticos en que se materializa la afectación de manera directa a los gobernados; de lo contrario, no existiría explicación lógica ni jurídica el establecimiento de la procedencia de la suspensión a petición de parte respecto de los actos consistentes en las órdenes de privación de la libertad acorde a lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DEL QUEJOSO Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo y por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Eliseo Aguiñaga Espinozaq. Así como por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Ernesto Mendoza Aguilar y José Antonio Guerra Alonso, toda vez no cuenta con su cedula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17, Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese.

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