Claudia Perez Mosqueda
Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Claudia Perez Mosqueda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la sentencia definitiva por la que se negó el amparo solicitado no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. ARCHIVO Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal: Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: Las partes no exhibieron documentos al presente juicio. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), así como 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, devuélvanse a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley, consistente en copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral ***** de su índice, que obra en un tomo por separado, por resultar innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica a la fiscal adscrita.
- Incidental
A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dentro de las que destacan copia de la demanda de amparo promovida por *****; auto de catorce de junio de dos mil veintidós, por el que se proveyó sobre la suspensión provisional; e informes previos rendidos por las siguientes autoridades: -Presidenta y la Actuaria, ambas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato. A lo que la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes previos de las autoridades precisadas, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo. Enseguida, se abre el periodo probatorio, en que el Secretario hace constar que las partes fueron omisas en ofrecer medios de convicción. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas de referencia y precluido el derecho de las demás partes para allegar pruebas con posterioridad. Acto continuo, se abre el correspondiente a los alegatos, en que el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo valer ese derecho. A lo que la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegaciones. Luego, al no tener diligencias pendientes de desahogar, ni promociones por acordar, se procede a dictar la resolución que corresponde. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 822/2022, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por ******, contra actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato y otra. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato; que por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, admitió a trámite la demanda de amparo, ordenándose proveer sobre la suspensión provisional solicitada, que se substanció legalmente, iniciándose la celebración de la audiencia incidental al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Estudio de la medida cautelar. De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo, cuando se aduce un interés jurídico, se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado) lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de esas condiciones tiene como consecuencia que se deba negar la medida cautelar. SEGUNDO. Solicitud de la medida cautelar -fijación del acto a paralizar. El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que la parte quejosa señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito pues la parte quejosa solicitó la medida cautelar contra el acto que pretende paralizar, que hace consistir en el emplazamiento al juicio laboral ******, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, así como todo lo actuado, incluyendo el laudo y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La totalidad de las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos reclamados, en el ámbito de sus atribuciones. Por tanto, procede pronunciarse en definitiva sobre los mismos. CUARTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. La parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y no se ordene la ejecución del laudo. Sobre esa base, se considera que los actos en estudio resultan paralizables, en virtud de que tienen efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de diversas acciones, esto es, que se ordene la continuación del procedimiento de ejecución en el expediente laboral de origen; lo que puede derivar en una eventual trasgresión, molestia o privación de bienes o derechos de la gobernada. QUINTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Sobre esa base, por lo que hace a la solicitud de la parte quejosa de que se conceda la medida cautelar para el efecto de que se suspenda la ejecución del laudo, no se encuentra satisfecho el requisito en estudio. Se afirma lo anterior, ya que de otorgar la suspensión en los términos propuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, así como el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que los actos en estudio son tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de la función jurisdiccional y, por ello, revisten el carácter de actos de interés social, pues corresponden a la administración de justicia que debe ser pronta y expedita y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectación al interés jurídico del quejoso, pues en el caso, no se advierte que el derecho particular del incidentista sea oponible al interés general que tiene la colectividad de que la tramitación de los procesos jurisdiccionales sea expedita, como en el caso acontece. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 81/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 357 del tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." Por lo que, en esos términos, debe negarse la medida cautelar solicitada. B) EFECTOS Y CONSECUENCIAS En diverso aspecto, por lo que ve a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados se le causar una eventual trasgresión o molestia en sus bienes o derechos. SEXTO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que, para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". En ese sentido, la quejosa acredita, al menos de manera indiciaria, el interés que tiene para que se le conceda la medida de que se trata, con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza en el sentido de que es parte demandada en el juicio laboral ******, del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y de que fue indebidamente emplazada, con lo que considera transgredida su garantía de audiencia; asimismo, con la aceptación de las autoridades responsables al rendir su informe previo; lo cual merece valor probatorio, merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión a sus derechos les afecta. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º. A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Así, se satisfacen los requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad; en caso de ejecutarse los actos reclamados se le pudiera privar a la parte quejosa de bienes que difícilmente recuperaría o causarle afectación a su patrimonio. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada. SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Para realizar el pronunciamiento correspondiente sobre los efectos solicitados, este Juzgado debe atender a lo previsto en el artículo 152 de la Ley de Amparo en el sentido de que debe asegurarse la subsistencia del trabajador mientras dure el juicio principal. Toda vez que no se cuenta con constancias del juicio natural, a fin de determinar cuál era el salario del trabajador; para realizar el estudio correspondiente, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta el salario mínimo vigente a la fecha en que se dicta la presente suspensión provisional, el cual asciende a $172.87 (cien setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional); que multiplicado por noventa días (tres meses) que es el término que corresponde a la indemnización constitucional, arroja un importe de $15,558 (quince mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de subsistencia para la parte trabajadora, por lo que por regla general respecto de dicha cantidad debe negarse la medida cautelar solicitada. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo, procede otorgar la medida cautelar a la parte quejosa, para el efecto de que no se ejecute el laudo pronunciado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dentro de los autos del juicio laboral *****, únicamente por cuanto hace a la cantidad que exceda del monto que se fijó para la subsistencia del trabajador tercero interesado. Ello, en tanto las responsables reciban comunicación sobre el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del cual derivada la presente incidencia. Apercibidas las responsables, que, de no obedecer la presente resolución, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. OCTAVO. Requisitos para que surta efectos la medida cautelar. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del plazo de cinco días, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de diez mil pesos, que se fija de manera discrecional; lo anterior, a efecto de garantizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a los terceros interesados con el otorgamiento de la medida cautelar. Garantía que deberá presentar en cualquiera de las formas previstas por la ley, con la observación de que, si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; por tanto, dado el caso, el texto inserto deberá ser el siguiente: "Para garantizar la suspensión definitiva concedida a *******, en el incidente de suspensión 822/2022." De igual manera, dentro del mismo plazo (cinco días) la parte quejosa deberá acreditar haber entregado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Irapuato, Guanajuato, la cantidad considerada como necesaria para que subsista el trabajador; lo cual también constituye un requisito de efectividad. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 94/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: Época: Décima Época Registro: 2017848 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de septiembre de 2018 10:16 Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 94/2018 (10a.) "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. RESPECTO DEL EXCEDENTE QUE ASEGURE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, EL QUEJOSO DEBE OTORGAR GARANTÍA PARA REPARAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON LA CONCESIÓN DE AQUÉLLA. El artículo 190, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. En concreto, la expresión "en peligro de no subsistir" representa una cláusula de protección al trabajador que descansa en dos principios del derecho del trabajo, que son la idea de la dignidad humana y la de una existencia decorosa, ante la fragilidad que para su sustento pudiera encontrarse al no recibir una condena líquida determinada a su favor, garantizando que durante el lapso en que se tramita y resuelve la controversia cuente con los recursos necesarios para subsistir dignamente. Por su parte, el artículo 132 de la misma ley prevé que en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a un tercero y ésta se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios originados de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. De lo anterior deriva que, a diferencia de la cláusula de protección, los daños y perjuicios se sitúan en un momento posterior dentro del incidente de suspensión, más aún, son una consecuencia de ésta y, por ende, representan figuras diversas que encuentran cabida dentro de la tramitación de la medida cautelar en amparo directo sin encontrar confronta entre ellas. En consecuencia, de proceder la suspensión en esos términos, el quejoso deberá entregar la cantidad considerada como necesaria para que subsista el trabajador y, además, otorgar garantía suficiente para reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con su concesión." Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a *****, la suspensión definitiva, por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a *****, la suspensión definitiva, por los motivos precisados en los considerandos sexto y séptimo de la presente incidencia. Notifíquese y vía electrónica a la representación social adscrita.
- Principal
ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***** por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE EMPLAZA A LA PARTE TERCERO INTERESADA *****, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: SE ACUERDA RAZÓN ACTUARIAL Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, en la que la fedataria de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tuvo para emplazar a la tercera interesada **** debido a que el domicilio proporcionado para tal efecto es impreciso, ya que fue informada vía telefónica por personal de la Dirección General de Administración Urbana de esta ciudad, al requerir su apoyo, que de la consulta de los planos y base de datos con que cuenta, respecto de la dirección: ****, no se tiene registro de la existencia de esa calle. En tales condiciones, y toda vez que del tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte como domicilio de la aludida tercera interesada, el ubicado en la calle ****, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituyan en el domicilio indicado y la emplace a juicio, debiéndole correr traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, auto de admisión y del presente proveído. Además, por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración de este negocio, se faculta al actuario respectivo, para que de no encontrar a la persona buscada, y si se entera de un domicilio diverso donde pueda ser emplazado, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo; asimismo, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la realización de tal diligencia. Notifíquese, y emplácese a la tercera interesada.
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