Claudia Paulina García Guevara

Expediente 880/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
880/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Claudia Paulina García Guevara
  • Subrecaudadora de Rentas del Estado Adscrita a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    se: R E S U E L V E Único. Se niega a **, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando quinto de la presente resolución.

  2. Principal

    Vistos agréguense a los autos con vista a las partes, los informes justificados rendidos por el Subrecaudador de rentas adscrito a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y Notificador Ejecutor de la Subrecaudación de rentas adscrita a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional relativa. De igual forma, se tiene a las autoridades antes citadas designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley en cita, a las personas que refieren, sin que sea el caso tenerles por señalado el domicilio procesal que indican en sus informes, en atención a que las notificaciones a las autoridades responsables deben hacerse de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracciones II, inciso a), en relación con el diverso 28 fracción II, de la Ley de Amparo.

  3. Incidental

    Vistos; agréguense a los autos con vista a las partes, los informes previos rendidos por el Notificador Ejecutor de la Subrecaudación de rentas adscrita a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y Subrecaudador de rentas adscrito a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. De igual forma, se tiene a las autoridades antes citadas designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley en cita, a las personas que refieren, sin que sea el caso tenerle por señalado el domicilio procesal que indica en su informe, en atención a que las notificaciones a las autoridades responsables deben hacerse de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracciones II, inciso a), en relación con el diverso 28 fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista, la demanda de amparo que promueve Claudia Paulina García Guevara, por propio derecho, contra actos de la Subrecaudadora de Rentas del Estado adscrita a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente 880/2019, anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las nueve horas con veintiséis minutos del nueve de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte promovente ofreciendo como pruebas, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de actuaciones y la documental que anexa a su demanda de amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se atiende y únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Abraham Ramos Quiroa, Fernando Hinojosa Rojas y Miguel Ángel Sánchez Ruiz, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.

Quedan 1 actuación en este expediente

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