Claudia Patricia Santos Ancona

Expediente 1102/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1102/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Patricia Santos Ancona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE VERACRUZ EL PROVEÍDO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Vista la certificación de cuenta, se advierte que para esta fecha se encuentra programada la audiencia constitucional; asimismo, que en proveído de dieciocho de octubre del año en curso se dio vista a las partes con las constancias emitidas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, el cual fue notificado por lista de acuerdos publicada el treinta de octubre siguiente, por lo que conforme con lo asentado en la aludida certificación de cuenta, el plazo de ocho días que señala el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan imponerse del contenido de dichas constancias, se encuentra transcurriendo del seis al quince de noviembre del año en curso. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos humanos, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo de acuerdo a la agenda de audiencias de este juzgado. SEPARACIÓN DE JUICIOS Ahora bien, visto del estado de autos se advierte que en el escrito de demanda, las quejosas ********************, señalaron como actos reclamados en esta vía constitucional: a) La falta de emplazamiento; y, b) Las órdenes de embargo realizadas en los juicios ejecutivos mercantiles ********************/1974, ********************/1970 y ********************/1974 del índice de los Juzgados Cuarto y Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz. Lo anterior se corrobora con los informes justificados rendidos por los aludidos jueces y por el Encargado del Registro Público y del Comercio de la Decimoséptima Zona Registral de esa ciudad, pues de las constancias que acompañó el último en mención se advierten las inscripciones registrales siguientes: Nota # 1 Embargo por la suma de $********************, (******************** pesos 00/100 moneda nacional), promovido por ******************** en contra de ******************** y ********************, ordenado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************/1970 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz. Nota # 2 Embargo por la suma de $********************, (******************** 00/100 moneda nacional), promovido por ******************** y otro, endosatario de ********************, en contra de ******************** y ********************, ordenado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************/1974 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz. Nota #3 Embargo por la suma de $********************, (******************** 00/100 moneda nacional), promovido por ******************** en contra de ******************** y ********************, ordenado en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************/1974 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz. De lo anterior, se advierte que se está ante la presencia de actos cuya fuente generadora proviene de juicios distintos y de diversos de juzgados; de ahí que sea procedente de oficio hacer la separación correspondiente. Por lo anterior, en virtud de que el artículo 17 constitucional, establece que la administración de la justicia debe de ser pronta y expedita; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la separación material de juicios. Ello es así, porque si bien la figura de separación de autos no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, lo cierto es que resulta una cuestión necesaria para la resolución del asunto, en la que habrán de valorarse de modo particular, las circunstancias de cada una de los juicios referidos. En efecto, la figura de separación de juicios es, por naturaleza, contraria a la de acumulación, por lo tanto, a diferencia de ésta, aquélla tiene por objeto evitar que en un sólo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de juicios distintos y desvinculados entre sí, como en el presente caso; todo ello en razón de una mejor administración de justicia. Sin embargo, al no estar regulada la figura jurídica de la separación por la Ley de Amparo, entonces, en aras de precisar las reglas de su estudio, debe atenderse a la jurisprudencia P./J. 76/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA... Así las cosas, la separación de juicios es procedente cuando se reclaman en conjunto actos derivados de juicios diversos y que están desvinculados entre sí, como en el presente caso sucede, pues se reclama la falta de emplazamiento y las órdenes de embargo realizadas en los juicios ejecutivos mercantiles ********************/1970 y ********************/1974 del índice del Segundo de Primera Instancia y ********************/1974, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en la ciudad de Veracruz. Por consiguiente, al considerarse que los actos reclamados derivan de juicios y juzgados diversos, los cuales se encuentran desvinculados entre sí, deben tramitarse y resolverse en juicios separados, por lo que, como se indicó, se decreta la separación de juicios; en el entendido que en el presente juicio de amparo, se analizarán los actos reclamados por las quejosas ********************, derivado del juicio ejecutivo mercantil número ********************/1974 del índice del Segundo de Primera Instancia. En consecuencia, fórmense cuadernos de antecedentes con motivo de la presente separación de juicios, los cuales versarán respecto de lo reclamado por las quejosas en los diversos juicios ejecutivos mercantiles ********************/1970 del índice del Segundo de Primera Instancia y ********************/1974, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en la ciudad de Veracruz. Hecho lo anterior, se ordena remitir dichos cuadernos de antecedentes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a fin de que registren las mismas y las turne como demandas nuevas, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia de que en los juicios de amparo que se formen con motivo de la separación de juicios que ahora se ordena, se deberá proveer la prosecución del procedimiento... Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a las partes quejosas y tercera interesada ya emplazada; por correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables y a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 17/11/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Claudia Patricia Santos Ancona, con el cual desahoga la prevención realizada mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO En principio, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En relación con ello, "lo manifiesto" se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Por su parte, "lo indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que "lo manifiesto e indudable" deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por la parte quejosa y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes... Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público; por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a su estudio. En el caso, de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: I. Que la promovente Claudia Patricia Santos Ancona, señaló como acto reclamado al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, así como al Secretario y Actuario, adscritos a dicho órgano jurisdiccional, el siguiente: Emplazamiento de Diego Aburto Santos al juicio ordinario civil 744/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, promovido por Pablo Alberto Mijangos en contra de Claudia Patricia Santos Ancona, en el que reclamó el Divorcio Incausado y demás prestaciones, realizado de forma personal el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. II. Que, de forma adjunta al escrito inicial de demanda, la promovente exhibió copia del "INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN" dirigido a Diego Aburto Santos, por el cual se le notificó el proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictado por la citada autoridad responsable en el juicio ordinario civil 744/2020, y por el cual declaró su mayoría de edad conforme a los datos contenidos en su acta de nacimiento; por tanto, ordenó su notificación personal para que compareciera por escrito, dentro del término de tres días, ante el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, y manifestara si es su interés hacer suya la demanda instada en autos por su progenitora Claudia Patricia Santos Ancona (aquí quejosa); con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se le tendría por precluido su derecho y se continuaría con el procedimiento puesto que este es de orden público y de interés social, aunado a que en el citado juicio concluyó la etapa ordinaria. Ahora, del contenido del escrito de cuenta por el que la promovente Claudia Patricia Santos Ancona atiende lo requerido en autos de dieciocho de octubre y diez de noviembre, ambos del año en curso, destaca la manifestación que realiza bajo protesta de decir verdad, y que se cita a continuación: ".Aun no se ha emplazado a la suscrita Claudia Patricia Santos Ancona por la autoridad de origen, aun a sabiendas de que es parte en el juicio 744/2020 del índice del juzgado 12 de 1 instancia.". (sic). Así, en el supuesto que se analiza, se estima que el emplazamiento de Diego Aburto Santos al juicio ordinario civil 744/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, no le causa un agravio personal ni directo a la promovente Claudia Patricia Santos Ancona, porque al haber alcanzado la mayoría de edad su hijo Diego Aburto Santos, puede disponer libremente de su persona y de sus bienes; y, por tanto, puede ejercitar derechos, contraer obligaciones y comparecer en juicio por sí mismo. En ese orden, el emplazamiento al juicio ordinario civil 744/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, llevado a cabo personalmente con Diego Aburto Santos el veintinueve de septiembre del año en curso, en nada le afecta a la aquí quejosa Claudia Patricia Santos Ancona, máxime que la misma quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que no ha sido emplazada a juicio por propio derecho. Al respecto, en relación al citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, todos de la Ley de Amparo, puesto que respecto a la quejosa Claudia Patricia Santos Ancona, por propio derecho, el acto impugnado no irroga un agravio personal y directo. En efecto, dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional se encuentra el llamado agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 6, de la Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los párrafos que anteceden, permite arribar a la convicción que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista en favor del peticionario un interés legítimamente tutelado; además que éste se vea afectado por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos de la quejosa. A fin de robustecer los argumentos anteriores, es necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 5, de la Ley de la Materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los dispositivos transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual presupone la existencia de un interés jurídico, es decir, el derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión; según lo establece la jurisprudencia I.1o.T. J/38K, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." Además, también se desprende de tales dispositivos normativos, que dicha afectación debe ser susceptible de apreciarse en forma objetiva, para poder considerarlo un perjuicio y, además, que dicho interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; pues de lo contrario, bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, y ciertamente no es eso lo que tutela la Ley de la materia; según se describe en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de garantías, sólo se puede actualizar en la medida que se demuestren dos supuestos: 1. La existencia de la titularidad de un derecho; y, 2. Que el acto de autoridad reclamado le ha causado un agravio al mismo. Luego entonces, para determinar la procedencia del juicio de amparo en cuanto a la quejosa Claudia Patricia Santos Ancona, por propio derecho, lo cual es una cuestión de orden público, primero se tiene que verificar si la quejosa es titular del derecho que trata de proteger, y luego, si los actos que reclama en el juicio le pueden ocasionar un perjuicio en su esfera jurídica. Es decir, primero se debe realizar un análisis de las pruebas que se hayan ofrecido y exhibido, para así determinar la existencia del interés jurídico, pues no se puede partir de la sola afirmación de que se tiene un derecho, sino que tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro del juicio de amparo, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés, la que no puede considerarse liberada por tenerse por acreditada la existencia del acto reclamado. En segundo término y analizado lo anterior, se debe verificar que los actos que reclama efectivamente le pueden ocasionar un perjuicio en su esfera jurídica. Los anteriores criterios se desprenden de la tesis aislada de la Segunda Sala y de la Jurisprudencia que la Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), que respectivamente, son de rubros: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Asimismo, importa destacar que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional para defender a los gobernados de los actos de autoridad que vulneran sus derechos fundamentales; así pues, se ha buscado lograr hacer de este instrumento un medio más eficaz a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y en consecuencia, su ámbito de protección. En ese sentido, con el fin de adecuar dicho instrumento a la realidad social y económica que impera en nuestro país, el Constituyente ha estimado que el concepto de "interés legítimo" constituye un elemento imprescindible para garantizar un efectivo acceso a la justicia, un derecho humano básico. Lo anterior dio cabida a la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en la que se ha incluido al interés legítimo y colectivo como medio de legitimación activa para promover el juicio de amparo, rompiendo finalmente con el limitado concepto de derecho subjetivo (interés jurídico) que había regido la procedencia del juicio de amparo, excepción hecha de los casos en que se reclamen actos de autoridades judiciales, lo cual no acontece en el caso. Así, del Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, visible en la foja veintinueve de la Gaceta Parlamentaria de siete de diciembre de dos mil diez, se define al interés legítimo como: "la circunstancia que produce que el quejoso en el juicio de amparo sea aquélla persona que resienta una afectación con motivo de un acto de autoridad que altere de manera directa su esfera de facultades y deberes, un derecho reconocido por el orden jurídico o bien, la situación especial derivada del propio orden." En efecto, antes de la reforma constitucional aludida, todo aquel que promovía un amparo en virtud de un interés legítimo se veía limitado por la hipótesis que suponía la Ley de Amparo abrogada, esto es, la improcedencia por falta de interés jurídico del promovente, situación que impedía a los tribunales federales resolver el fondo del asunto. Sin embargo, la transición del derecho subjetivo (interés jurídico) a interés legítimo supone una ampliación en los derechos y situaciones que pueden tutelarse en favor de los gobernados a través del juicio de amparo. Es así, que el interés legítimo, consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, siendo su presupuesto la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, sin que a dicha obligación le corresponda un derecho subjetivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 69/2002-SS, estableció las características que permiten identificar al interés legítimo, y si bien lo hizo como supuesto de legitimación activa para instar el procedimiento contencioso administrativo en el Distrito Federal, las mismas se estiman ilustrativas para el tema que nos ocupa, siendo estas las siguientes: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante; b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo; c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular; d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho; e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante; f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, la Segunda Sala estableció que, en general, interés legítimo se concibe como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, cuentan con un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. De tales consideraciones, derivaron las jurisprudencias números 2a./J.141/2002 y 2a./J.142/2002, consultables en las fojas 241 y 242, respectivamente, del tomo XVI, diciembre de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con números de registro 185377 y 185376, del rubro siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." e "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL." Por lo tanto, el interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Partiendo de tales premisas, tenemos que en el caso concreto, el acto reclamado es: ? El emplazamiento de Diego Aburto Santos al juicio ordinario civil 744/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, promovido por Pablo Alberto Mijangos en contra de Claudia Patricia Santos Ancona, en el que reclamó el Divorcio Incausado y demás prestaciones, realizado de forma personal el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Conforme a lo expuesto, es dable colegir que la petición de amparo que se analiza no encuadra en la hipótesis que permita considerar que existe un agravio personal y directo en contra de la quejosa Claudia Patricia Santos Ancona, por propio derecho, toda vez que se advierte que del contenido de su escrito de demanda, en los antecedentes del acto reclamado, que si bien es progenitora de la persona emplazada al juicio ordinario civil de origen, el que su hijo haya sido llamado a dicho juicio de origen a dilucidar sus derechos por sí mismo no le irroga perjuicio alguno, toda vez que esto ocurrió con motivo de haber alcanzado ya la mayoría de edad durante su tramitación, por tanto, quien en todo caso, solo podría resentir una afectación indirecta respecto de dicho emplazamiento es Diego Aburto Santos. En mérito de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDA POR CLAUDIA PATRICIA SANTOS ANCONA, por propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Claudia Patricia Santos Ancona, a través del cual pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso. En consecuencia, a fin de proveer lo conducente, procede señalar que del análisis integral y minucioso del escrito de cuenta, no se advierte una congruencia entre el contenido de las páginas que lo integran con la correspondiente página subsecuente, y ello no genera certeza sobre si las páginas que fueron recibidas en este juzgado constituyen la totalidad de las que integran el escrito mediante el cual la parte quejosa intenta desahogar la prevención que le fue formulada, así como los términos en los que pretende hacerlo. Resulta de esa manera, porque los párrafos finales de cada hoja del escrito en comento no guardan ilación con el párrafo de la página subsecuente, lo cual se desprende de la siguiente transcripción: "Por lo tanto, a través de este escrito me encuentro dando cumplimiento a lo solicitado por este honorable juzgado, en término de lo dispuesto de los numerales 1o,2 o,3 o,4 o,5 o,6 o en coordinación (pase de hoja) 1. En cuanto a su primer punto de prevención, de precisar el estado procesal en el que se encuentra el juicio 744/2020 del índice del Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia de Veracruz. (.) Por lo tanto, si la obligación subsiste de provisión en los cuidados de nuestro hijo Diego Aburto Santos, hasta en tanto, no se cubra de acuerdo a su edad cronológica de su preparación educacional, por consiguiente el juzgador de origen se encuentra impedido de realizar cualquier acto o hecho que atente contra el pleno desarrollo de personalidad de esta parte y de nuestro hijo Diego Aburto Santos, al menos que un motivo lógico jurídico, para que pueda desarrollar este tipo de diligencia de suspensión de la obligación de proveedor a Pablo Alberto Aburto Mijangos por una simple analogía de que ha cumplido la mayoría de edad y ni mucho menos puede exceder en efecto retroactivo de lo que se deba (pase de hoja) Suplicándole que supla la deficiencia de la presente queja, al efecto de que se suspenda cualquier actuación, diligencias que tenga a bien acordar el juzgador de origen, hasta que tanto no se resuelva por esta autoridad judicial, (.) El Tercero Interesado es Demandado de los alimentos de mi hijo Diego Aburto Santos, quien a su vez demanda el divorcio a la suscrita, mismo que se soluciona por mutuo (pase de hoja) El logra su objetivo de manera autónoma con apoyo en apariencia del uso del buen derecho de la autoridad responsable y en la actualidad tres años después, trata de deslindarse de su obligación con nuestro hijo (.) Con promoción 61 del pasado 07 de abril de 2021, se turnó para resolver únicamente concerniente a la disolución del VINCULO MATRIMONIAL y a su vez con promoción 85 se avisa al promoverte que se espere al estado que guarda los autos y con la promoción 62 se (pase de hoja) Continuando con la secuela procesal dentro de los autos del proceso civil 744/2020 del incidente del juzgado décimo segundo de primera instancia del distrito judicial de Veracruz, (.) En su contenido del procedimiento, se agregó un oficio y se dio por enterado por su (pase de hoja) En su seguimiento del procedimiento, SE DECLARO LA MAYORIA DE EDAD Y SE NOTIFICARA PERSONALMENTE, el pasado 16 de agosto de 2023. (.) Además de que, de esta parte, se ha cumplido con las convivencias solicitadas por este juzgado ante la presencia del personal del DIF Municipal de Veracruz, Ver., mostrando que esta parte no se ha ausentado de la presencia de su progenitor Pablo Alberto Mijangos y del propio juzgador de origen. (pase de hoja) IDONEO EN SU ELEMENTO DE SOMETIMIENTO PROCESAL DE DECLARAR LA NO OBLIGACIÓN A SU PROGENITOR PABLO ALBERTO MIJANGOS DE PROVEER LO SUFICIENTE PARA EL PLENO DESARROLLO (.) ". En ese sentido, si los términos del escrito que se recibe, no otorgan certeza sobre su contenido, con apoyo en el artículo 17 constitucional, se determina que con dicho ocurso no es posible tener por desahogada la prevención formulada. Por tanto, se indica a la quejosa que para desahogar la prevención aludida, deberá presentar un nuevo escrito claro y congruente en su contenido, en el que, bajo protesta de decir verdad, señale lo que se le indicó en el auto de inicio, esto es, para que: Precise el estado procesal en el que se encuentra el juicio 744/2020, del índice del Juzgado Decimosegundo de Primera Instancia, de Veracruz, Veracruz; Señale el carácter que tienen en el juicio de primera instancia la promovente Claudia Patricia Santos Ancona, el señalado como tercero interesado Pablo Alberto Mijangos y su hijo Diego Aburto Santos; Manifieste si la quejosa Claudia Patricia Santos Ancona, ha sido emplazada por propio derecho, en los autos del aludido juicio744/2020; y Narre de manera cronológica, ordenada y congruente los hechos de los cuales derivan los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, se precisa a la quejosa que al haber presentado el escrito de cuenta en el primero de los cinco días que se le concedieron para que diera cumplimiento a la referida prevención, aún cuenta con los cuatro días restantes que se le otorgaron para ello; plazo que se reanudará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este auto. En la inteligencia que de no cumplir con lo solicitado, dentro de ese plazo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de dieciocho de octubre pasado, es decir, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y en atención a su contenido, téngase a la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, residente en esta ciudad, informando la admisión del recurso de revisión, promovido por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, el cual se radicó como el amparo en revisión ********************, de lo que quien suscribe toma conocimiento. Notifíquese.dmg

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