Claudia Patricia Murillo Carlin

Expediente 217/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
217/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Claudia Patricia Murillo Carlin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. (VII)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.(VII)

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve ... Visto el estado procesal de los autos del presente juicio de amparo, y atendiendo al contenido de las documentales que las autoridades responsables remitieron, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina su sobreseimiento fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Ahora bien, del análisis de la demanda y de los autos se aprecia que: a) El veinte de febrero de dos mil diecinueve se recibió la demanda de amparo promovida por . contra actos del Jefe de Unidad de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes adscrito a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal y del Procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal. Los actos reclamados se hicieron consistir en: - La negativa de las autoridades responsables de recuperar y dejarla convivir con sus hijos menores de edad . b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 217/2019-VII, se previno a la promovente para que aclarara el carácter con el que promovió la demanda, si era por su propio derecho o en representación de los menores de edad .. así como para que presentara las documentales con las que acreditara la maternidad que dijo ejercer sobre el menor de edad .., apercibida que de no cumplir con el anterior requerimiento se acordaría lo que en derecho correspondiera. - Asimismo, se concedió la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para el efecto de que cesara de inmediato la incomunicación en contra de los menores de edad . y se permitiera a la promovente, en caso de acreditar el carácter de progenitora con el que compareció al presente juicio de amparo, tuviera contacto con los menores de edad, en los horarios, lugares y conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas que rijan los procedimientos de la unidad administrativa en la que se encuentran depositados y se solicitó a las autoridades responsables el informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano. c) En proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, y toda vez que la promovente no cumplió con el requerimiento antes indicado, se admitió la demanda de amparo, únicamente por lo que hace a la quejosa ., se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, emplazar a los menores de edad terceros interesados, solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) Una vez que las autoridades responsables remitieron las constancias que integran el expediente . de su índice, se constató que los menores de edad ., se habían fugado del Centro de Asistencia Social .y actualmente se encuentran viviendo con su madre, aquí quejosa . Dichos documentos tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: ". La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, a diferencia de las veintidós que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía establecer en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, de modo que para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, entre los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el numeral 77. . Al respecto, debe decirse que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Así pues, la Ley de Amparo señala la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Entonces, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos fundamentales del quejoso, esta atribución tiene como fin específico precisamente lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus derechos humanos, siendo ésta y no otra la única justificación de tan importante medio de control de los actos de gobierno y, por ende, a ello debe privilegiarse cuando los órganos encargados de ventilar los juicios de amparo intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional, lo que puede corroborarse con la consulta de los numerales 192 a 198 de la Ley de Amparo. . De la lectura de los antecedentes del acto reclamado, permite concluir que el presente juicio de amparo es improcedente, pues ante una eventual concesión de la protección constitucional no podrían concretizarse los efectos del amparo, habida cuenta que la pretensión de la quejosa al solicitar se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal contra la negativa de recuperar y dejarla convivir con sus hijos menores de edad .. es recuperar y convivir con dichos menores de edad, lo que actualmente acontece, en virtud de que a sus hijos menores de edad se fugaron del Centro de Asistencia Social . y se encuentran nuevamente viviendo con su madre, circunstancia que según los antecedentes narrados actualmente rige y no es motivo de impugnación. Máxime que la autoridad responsable, Procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal informó (foja 106), que ya contaba con la autorización por parte del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, para que fueran reunificados los adolescentes de identidad reservada . con la quejosa. De tal manera, las precisiones anteriores ponen de relieve que aun cuando se concediera el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, sería legalmente imposible restituirla en el goce del derecho humano violado, porque los menores de edad actualmente se encuentran viviendo con su madre; de modo que ante una eventual concesión del amparo, no podría obligarse a la autoridad responsable a restituir a los adolescentes con su madre, pues aquellos ya no se encuentran materialmente a disposición de la citada autoridad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con seis minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Vistos los oficios del Jefe de la Unidad de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrito a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal y del Procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, por medio de los cuales cumplen respectivamente con el requerimiento de formulado en proveído de diez de abril del año en curso. Se tiene al Procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal manifestando que por el momento dentro del expediente 018/2019 no se ha dictado ninguna determinación en relación con el presente juicio de amparo, referente a los menores de edad AAMC y MAMC. Asimismo, se tiene al Jefe de Unidad de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrito a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal, se adhiere a lo manifestado por el Procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal; lo anterior para los efectos legales conducentes.(VII)

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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