Claudia Patricia Millán Ventura

Expediente 1334/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1334/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Claudia Patricia Millán Ventura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró sin materia el cumplimento de la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese únicamente a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, por medio del cual informa que la quejosa Claudia Patricia Millán Ventura, como sus apoderados jurídicos del Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora, con fecha siete de diciembre de dos mil veinte, comparecieron personalmente ante la autoridad laboral que representa y celebraron convenio y al efecto remite las constancias con las que lo acredita; ello en razón de que este juzgado en auto de veintiuno de abril del año en curso, declaró sin materia el cumplimiento del fallo protector, dentro del presente juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, por medio del cual informa que la quejosa Claudia Patricia Millán Ventura, como sus apoderados jurídicos del Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora, con fecha siete de diciembre de dos mil veinte, comparecieron personalmente ante la autoridad laboral que representa y celebraron convenio y al efecto remite las constancias con las que lo acredita. Ahora bien, es conveniente traer a colación los efectos de la concesión de amparo, donde medularmente fue para que el Presidente de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, resuelva inmediatamente sobre las pruebas que deba admitir y en su caso las que deseche dentro del juicio J-VI-371/2019. Luego, durante la tramitación del presente asunto en diversas ocasiones la autoridad responsable y vinculada al cumplimiento estuvieron informando los trámites tendientes a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin embargo, como se aprecia de la promoción de cuenta, las partes llegaron a un convenio y la parte aquí quejosa se desistió de la demanda y acciones intentadas juicio ordinario laboral 320/2020 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y remitido a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zamora Michoacán quien lo registró bajo el juicio J-VI-371/2019. Por tanto, atendiendo a que la parte aquí quejosa, y a su vez actora dentro del juicio de origen se desistió de la demanda y acciones intentadas, se declara sin materia el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Presidente suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las acciones realizadas para cumplir con la ejecutoria pronunciada el catorce de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad en cita informando las gestiones realizadas. Ahora bien, a efecto de evitar mayores dilaciones en la fase del cumplimiento del presente asunto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de ampro, se ordena vincular al cumplimiento del fallo protector a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán. Lo anterior, con la finalidad de que sea dicha autoridad quien lleve a cabo las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento mediante exhorto que gire la autoridad responsable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 5, de la Décima Época, con número de registro 2007911 de rubro y contenido siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, noviembre de dos mil catorce, página 19, de la Décima Época, con número de registro 2007918 de rubro y contenido siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Ahora bien, hágase del conocimiento de la autoridad vinculada y responsable que se concedió el amparo para que se realice lo siguiente: Atentos lo establecido por el artículo 880 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo; resuelva inmediatamente sobre las pruebas que deba admita y en su caso las que deseche dentro del juicio laboral J-VI-371/2019. Por otra parte, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el órgano jurisdiccional debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables y vinculada al cumplimiento del fallo protector para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación que se le practique del presente auto realice los siguiente: Una vez que se reciba en las instalaciones de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora Michoacán, el exhorto 250/2020 que giro su símil de Morelia, Michoacán, a efecto de practicar el emplazamiento, lo realicé de conformidad con el fallo protector y con estricto apego a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo; y Evite la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en Zamora, Michoacán, dilaciones innecesarias en la entrega del exhorto al actuario de su adscripción y lo haga en tiempo y forma. Se ordena remitir a la autoridad vinculada al cumplimiento copia de la resolución dictada en el presente asunto. Se faculta a la autoridad vinculada para que ordene las diligencias que resulten necesarias para lograr el emplazamiento de las demandadas. Se autoriza a la autoridad referida para que informe a este juzgado cualquier circunstancia relacionada con el verificativo de la encomienda por vía fax al número 01 443 3 21 54 41. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá, a cada autoridad, multa por el equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad. Se ordena hacer del conocimiento del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, la presente determinación para todos los efectos a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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