Claudia Patricia Carrillo Ríos
Expediente 663/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Claudia Patricia Carrillo Ríos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el registro electrónico que se lleva en el departamento de oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente del amparo, recurriera el auto en que se desechó su demanda, dictado por este juzgado el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificado el ocho de agosto del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del nueve al quince de agosto de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en el artículo 20, fracción II, en el que se establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de conservación, toda vez que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, contra actos del Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 56 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 663/2023.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."********************Expuesto lo anterior, en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al ser patente que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que éste, se hizo consistir en el dictamen de alta por riesgo de trabajo de veintisiete de julio del año en curso y como consecuencia de éste, la falta de atención médica, quirúrgica, farmacéutica de rehabilitación, en calidad de derechohabiente, con motivo de la secuelas del accidente de trabajo que sufrió el veintidós de julio de dos mil veintidós. ********************En ese orden de ideas, se tiene que el numeral transcrito en primer término señala que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos diversos a los contemplados en el resto de las fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. ********************Por otra parte, del segundo dispositivo legal se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos y otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ********************Al respecto, debe decirse que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: ********************1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. ********************2. Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad.********************3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. ********************4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado.********************Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales y autónomos, cualquiera que sea su denominación. ********************Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior.********************Sustenta lo anterior la tesis número XXVII/97213, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.********************Es oportuno precisar que el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II, del artículo 5º de la Ley de Amparo. ********************También la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber:********************- Que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. ********************- Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. ********************- Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo.********************- Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. ********************También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar esa calidad, es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, por lo que no todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como tal para los efectos del juicio de amparo.********************Efectivamente, la Ley de Amparo en su artículo 5º, define de modo diferente el concepto de "autoridad responsable", ya que aun cuando mantiene los caracteres esenciales del acto de autoridad que han reconocido la doctrina y la jurisprudencia y que han conformado la moderna definición de ese concepto, acepta que un "particular" puede ser autoridad responsable, siempre y cuando realice actos equivalentes a los de una autoridad y que ello sea producto de las funciones que desempeña por estar determinadas en una norma general.********************Lo que permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo, ya que si se realiza en un plano de igualdad y de manera horizontal con otro u otros particulares, no tendrá ese carácter, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. ********************En ese orden de ideas, el acto reclamado consistente en el dictamen de alta por riesgo de trabajo ST-2, de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se determinó dar de alta a la quejosa en virtud del riesgo de trabajo ocurrido el veintidós de julio de dos mil veintidós, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. ********************Se explica. ********************La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 341/2015, emitió la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, de rubro "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.", señaló que respecto a la omisión de dar respuesta a la solicitud de una pensión por viudez, relacionado con el derecho de petición que, en su caso, se formule al Instituto Mexicano del Seguro Social, sí procede el juicio de amparo indirecto por la amplitud del nuevo derecho de petición; sin embargo, de contestar la misma por el Instituto, no procederá ampliación de la demanda constitucional, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo.********************Lo anterior, tomando en cuenta que, precisamente el numeral 295 de la Ley del Seguro Social señala que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, sobre las prestaciones que en dicha normatividad se otorgan, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; hipótesis que encuentra intrínseca relación con el diverso arábigo 899-A, de la Ley Federal del Trabajo -en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve-, que dispone que los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social; por lo que la competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá a la otrora Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios y, en caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la otrora Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente.********************Luego, si en el caso que nos ocupa la quejosa ******************** detenta el carácter de sujeto asegurado en el régimen obligatorio del seguro social, el cual de conformidad con el precepto 11 fracción I, en relación con el diverso 56, ambos de la Ley del Seguro Social, comprende el seguro de riesgos de trabajo, respecto del cual la impetrante pretende controvertir su alta por incapacidad médica, es indudable que se ubica dentro de las hipótesis que prevén los numerales 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A, de la Ley Federal del Trabajo, al generarse un conflicto individual de seguridad social, que es competencia de la instancia laboral y no administrativa; por lo cual no es de supra a subordinación por el actuar desplegado a quien se le atribuye el acto de autoridad.********************En ese sentido, el dictamen de alta reclamado en esta instancia constitucional no es un acto emitido por dicho Instituto con las facultades de imperio que caracteriza a las autoridades responsables, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación que se entabla entre gobernantes y gobernados, sino, se trata de una determinación dictada por el indicado instituto en un plano de coordinación con el asegurado -aquí quejosa-, que conforme a lo establecido por la norma, las controversias de esa índole, deben resolverse en la instancia ordinaria. ********************Apoya lo anterior por analogía y por las razones expuestas, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.********************Asimismo es aplicable por analogía, la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, VIII.2o.P.A. J/32, de rubro "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN." ****************************************En mérito de lo expuesto, resulta procedente desechar la demanda de amparo que nos ocupa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. ********************Cabe señalar que se hace extensivo el desechamiento respecto de los actos reclamados en vía de consecuencia del acto destacado analizado en párrafos precedentes, consistentes en la falta de atención médica, quirúrgica, farmacéutica de rehabilitación, en calidad de derechohabiente, con motivo de las secuelas del accidente de trabajo que sufrió el veintidós de julio de dos mil veintidós, en razón de que no se advierte que las responsables hayan negado la atención médica que necesita la quejosa ********************, sino que, se insiste, la controversia surgida con el Instituto Mexicano del Seguro Social deriva de la inconformidad de la impetrante con la valoración médica que otorga su alta por riego de trabajo de veintisiete de julio del año en curso, para que se reincorpore a sus labores.********************A fin de demostrar lo anterior, resulta pertinente traer a la vista los autos del juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, y de la jurisprudencia de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN."********************Del referido juicio de amparo ********************, promovido por la propia peticionaria ********************, se advierte que señaló como acto reclamado la omisión de brindarle atención médica integral, en relación con el diagnóstico dado por el personal médico del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en "cervicalgia", padecimiento que deriva del accidente de trabajo que sufrió el veintidós de julio de dos mil veintidós.********************Asimismo, del incidente de suspensión derivado de dicho sumario constitucional, se advierte que el catorce de julio de la presente anualidad, se concedió a la quejosa la suspensión definitiva de los actos omisivos reclamados, para el efecto de que sea atendida de inmediato en el área de especialidad que corresponda y, bajo la más estricta responsabilidad de las responsables, apliquen el tratamiento médico quirúrgico y farmacéutico, que requiere para tratar o aminorar su padecimiento de cervicalgia.********************De lo antes expuesto se dilucida que la parte quejosa, en su escrito de demanda con que se da cuenta, pretende se instaure un diverso juicio de amparo contra los actos reclamados en vía de consecuencia (falta de atención médica), mismos que son materia de otro juicio de amparo, a saber, el registrado con el número ********************, respecto del cual está surtiendo efectos la suspensión definitiva solicitada, que le fue concedida, como ya se dijo, para que le sea otorgada de manera inmediata la atención médica, quirúrgica, farmacéutica de rehabilitación, en calidad de derechohabiente, con motivo de la secuelas del accidente de trabajo que sufrió el veintidós de julio de dos mil veintidós.********************Por todo lo anterior, deviene improcedente el juicio de amparo que nos ocupa.********************DESECHAMIENTO. En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************.********************Apoya lo expuesto la jurisprudencia PC.V. J/10 L (11a.) del Pleno del Quinto Circuito, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo III, página 2443, intitulada: "AUTO INICIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES LA ACTUACIÓN OPORTUNA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DESECHE LA DEMANDA INSTAURADA POR TRABAJADORES JUBILADOS, PENSIONADOS O SUS BENEFICIARIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CONTRA LA NEGATIVA AL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE CONSIDEREN TENER DERECHO CON ESE CARÁCTER (DEVOLUCIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL MONTO DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES POR LOS CONCEPTOS: "107. PROVISIÓN FONDO DE JUBILACIÓN" Y "152. FONDO DE JUBILACIONES."), PORQUE DICHO INSTITUTO NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO."********************Así como, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]."******************** Hágase la aclaración a la peticionaria de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, código postal, ******************** ********************, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ********************, quienes tienes sus cédulas profesionales ********************, ********************, y ********************, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, así como para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las licenciadas,********************, ********************, ******************** y********************, por así haberlo solicitado.********************Asimismo, se le tiene proporcionando los correos electrónicos ehernandezra@cjf.gob.mx.********************De igual forma, solicita se autorice al usuario "********************" y "********************", a fin de realizar la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, promover, en el entendido que el usuario citado en primer orden solicita además recibir las notificaciones respectivas; en tal virtud, instrúyase a la Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el propósito de que habilite los mecanismos correspondientes conforme a lo establecido en las disposiciones normativas que regulan la herramienta de que se trata, a fin de que la parte accionante esté en condiciones de consultar en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, el expediente electrónico, en el entendidito que el primero de los usuarios también para recibir las notificaciones que en su caso se ordenen en el presente asunto; operación la antes descrita que podrá efectuar a través de la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob. mx/juicioenlinea/juicioenlinea, por así haberlo solicitado.********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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