Claudia Patricia Alvarado Arreola

Expediente 776/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 37 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
776/2020
Año
2020
Actuaciones
37
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Claudia Patricia Alvarado Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Claudia Patricia Alvarado Arreola, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- El C. Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje con domicilio conocido en el segundo piso, de la unidad Administrativa denominada "ANGEL RODRÍGUEZ SOLÓRZANO", sito en calle 5 de Febrero número 218 Ote., de esta ciudad de Durango. IV.- ACTO RECLAMADO.- Del C. Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar las medidas necesarias para la pronta ejecución del laudo dictado con fecha 20 de Marzo del año 2018, esto es, no obstante haber promovido mediante escritos recibidos con fechas 10 de marzo y 14 de agosto del año 2020, la ejecución del acuerdo dictado con fecha 28 de enero del 2020. También se reclama los acuerdos de fechas 16 de junio y 25 de agosto del año 2020, mismos que al revisarlos se llegó a la convicción de que la Autoridad Responsable no cumplió con las garantías de legalidad y seguridad jurídica". En sentencia dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó en el juicio y, en otra, se otorgó el amparo impetrado, a efecto de que atento a lo dispuesto por el numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, la autoridad responsable dicte las medidas que considere pertinentes y suficientes para la ejecución pronta y expedita del laudo dictado en el juicio de origen, apercibiendo a la parte demandada que de no hacerlo, se le aplicará una medida de apremio, misma que deberá precisar. La sentencia causó ejecutoria el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a la responsable su cumplimento. Después de diversos requerimientos, mediante oficios ***** recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia del acuerdo que dictó el diecisiete anterior, en el que acordó un oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud , al que acompañó copia simple del nombramiento de la actora, expedido el once de junio de ese año. Luego, en oficio ***** de veinticuatro de febrero de este año, la responsable remitió copia certificada del auto que dictó en esa fecha, en el que requirió a la institución demandada a efecto de que cumpliera el laudo en sus términos, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le aplicaría un medio de apremio consistente en multa de cien veces el salario mínimo, de conformidad con el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, mediante oficio ***** recibido el seis de julio de este año, la autoridad generadora de lo reclamado remitió el auto que dictó el dieciocho de mayo de esta anualidad, en el que señaló el veintisiete de mayo de este año a efecto de que se hiciera entrega a la actora del nombramiento a que fue condenada la parte demandada, que corresponde a la categoría de psicóloga, ello en razón de que la actora se ha negado a firmar el contrato por tiempo indeterminado. Mediante diverso oficio ***** recibido el veintiséis de septiembre de este año, la junta responsable remitió copia del auto que dictó el doce de ese mes, en el que ordenó a la demandada procediera a cumplir el laudo dictado en el juicio. En auto de cuatro de noviembre de este año, se dio vista a las partes con los oficios señalados, con los que la responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. Mediante escrito recibido el nueve de este mes, el apoderado de la quejosa manifestó que no estaba conforme con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, en atención a que no se le había hecho entrega de su nombramiento definitivo que la acredite como psicóloga, además de que la responsable ha omitido darla de alta en forma retroactiva para que reciba los servicios de seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dichos argumentos resultan infundados, porque en el presente, se otorgó la protección constitucional a efecto de que atento a lo dispuesto por el numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, la autoridad responsable dictara las medidas que considere pertinentes y suficientes para la ejecución pronta y expedita del laudo dictado en el juicio de origen, apercibiendo a la parte demandada que de no hacerlo, se le aplicaría una medida de apremio, misma que deberá precisar. Por otro lado, en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ha determinado que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Así lo determinó en la jurisprudencia siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En ese tenor, de acuerdo en la etapa procedimental en que se encuentra el proceso laboral, la responsable ha dictado las medidas pertinentes para que la parte demandada cumpla el laudo dictado en el juicio de origen, incluso la apercibió que de no dar cumplimiento al mismo, se le aplicaría un medio de apremio consistente en multa de cien veces el salario mínimo, de conformidad con el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, ya que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la misma, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que si bien órgano jurisdiccional sobreseyó y negó el amparo peticionado, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, modificó tal determinación para conceder el amparo solicitado; por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que obren las copias certificadas de las constancias remitidas por la autoridad responsable, constantes de un tomo, devuélvase a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 30-NOVIEMBRE-2022 Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Claudia Patricia Alvarado Arreola, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- El C. Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje con domicilio conocido en el segundo piso, de la unidad Administrativa denominada "ANGEL RODRÍGUEZ SOLÓRZANO", sito en calle 5 de Febrero número 218 Ote., de esta ciudad de Durango. IV.- ACTO RECLAMADO.- Del C. Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar las medidas necesarias para la pronta ejecución del laudo dictado con fecha 20 de Marzo del año 2018, esto es, no obstante haber promovido mediante escritos recibidos con fechas 10 de marzo y 14 de agosto del año 2020, la ejecución del acuerdo dictado con fecha 28 de enero del 2020. También se reclama los acuerdos de fechas 16 de junio y 25 de agosto del año 2020, mismos que al revisarlos se llegó a la convicción de que la Autoridad Responsable no cumplió con las garantías de legalidad y seguridad jurídica". En sentencia dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó en el juicio y, en otra, se otorgó el amparo impetrado, a efecto de que atento a lo dispuesto por el numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, la autoridad responsable dicte las medidas que considere pertinentes y suficientes para la ejecución pronta y expedita del laudo dictado en el juicio de origen, apercibiendo a la parte demandada que de no hacerlo, se le aplicará una medida de apremio, misma que deberá precisar. La sentencia causó ejecutoria el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a la responsable su cumplimento. Después de diversos requerimientos, mediante oficios ***** recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia del acuerdo que dictó el diecisiete anterior, en el que acordó un oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud , al que acompañó copia simple del nombramiento de la actora, expedido el once de junio de ese año. Luego, en oficio ***** de veinticuatro de febrero de este año, la responsable remitió copia certificada del auto que dictó en esa fecha, en el que requirió a la institución demandada a efecto de que cumpliera el laudo en sus términos, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le aplicaría un medio de apremio consistente en multa de cien veces el salario mínimo, de conformidad con el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, mediante oficio ***** recibido el seis de julio de este año, la autoridad generadora de lo reclamado remitió el auto que dictó el dieciocho de mayo de esta anualidad, en el que señaló el veintisiete de mayo de este año a efecto de que se hiciera entrega a la actora del nombramiento a que fue condenada la parte demandada, que corresponde a la categoría de psicóloga, ello en razón de que la actora se ha negado a firmar el contrato por tiempo indeterminado. Mediante diverso oficio ***** recibido el veintiséis de septiembre de este año, la junta responsable remitió copia del auto que dictó el doce de ese mes, en el que ordenó a la demandada procediera a cumplir el laudo dictado en el juicio. En auto de cuatro de noviembre de este año, se dio vista a las partes con los oficios señalados, con los que la responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. Mediante escrito recibido el nueve de este mes, el apoderado de la quejosa manifestó que no estaba conforme con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, en atención a que no se le había hecho entrega de su nombramiento definitivo que la acredite como psicóloga, además de que la responsable ha omitido darla de alta en forma retroactiva para que reciba los servicios de seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dichos argumentos resultan infundados, porque en el presente, se otorgó la protección constitucional a efecto de que atento a lo dispuesto por el numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, la autoridad responsable dictara las medidas que considere pertinentes y suficientes para la ejecución pronta y expedita del laudo dictado en el juicio de origen, apercibiendo a la parte demandada que de no hacerlo, se le aplicaría una medida de apremio, misma que deberá precisar. Por otro lado, en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ha determinado que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Así lo determinó en la jurisprudencia siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En ese tenor, de acuerdo en la etapa procedimental en que se encuentra el proceso laboral, la responsable ha dictado las medidas pertinentes para que la parte demandada cumpla el laudo dictado en el juicio de origen, incluso la apercibió que de no dar cumplimiento al mismo, se le aplicaría un medio de apremio consistente en multa de cien veces el salario mínimo, de conformidad con el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, ya que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la misma, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que si bien órgano jurisdiccional sobreseyó y negó el amparo peticionado, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, modificó tal determinación para conceder el amparo solicitado; por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que obren las copias certificadas de las constancias remitidas por la autoridad responsable, constantes de un tomo, devuélvase a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito que remite el autorizado de la parte quejosa, en el que manifiesta que la sentencia dictada en este juicio no se encuentra cumplida, en atención a que no se le ha entregado a la quejosa el nombramiento definitivo y se ha omitido darla de alta en forma retroactiva para que reciba los beneficios de la seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En mérito de su contenido, resérvese acordar al respecto, hasta en tanto este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio. Por otro lado, con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/719/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ha estado informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; lo anterior mediante los oficios AD/297/2021 recibido por la Oficialía de Partes de este juzgado, el doce de abril de dos mil veintiuno; ADA/498/2021 presentado en este juzgado el dos de junio siguiente; el oficio CL-090/2021 presentado en este juzgado el doce de julio de esa anualidad; CL-263/2021 recibido en este juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno; CL-268/2021 recibido el veintiséis del mismo mes y año; CL-310/2021 del dos de septiembre siguiente; CL-351/2021, que se recibió el nueve de ese mes y año; oficio CL432/2021, recibido el veinticuatro del mismo mes de septiembre de dos mil veintiuno; CL922/2021 que fue presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno; PG 191/2022, del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; PG-524/2022, del diecisiete de mayo de dos mil veintidós; PG-705/2022 del cinco de julio del presente año; PG/-714/2022 del doce de ese mes y año; PG-894/2022 del doce de septiembre del año en curso y PG-928/2022 recibido el veintiséis de septiembre de año en curso, remitidos todos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación Arbitraje en esta ciudad, oficios en los cuales se informaron las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, previo a pronunciarse respecto a si se acató o no dicha sentencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella, se proveerá lo conducente. Notifíquese personalmente.

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