Claudia Patricia Aguirre Morales
Expediente 1733/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1733/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2023
Partes del expediente
- Claudia Patricia Aguirre Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese personalmente
- Incidental
Se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Claudia Patricia Aguirre Morales, por las razones expuestas en la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, tres de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento realizado en autos, en el término legal concedido para tal efecto, por ende se procede a proveer su escrito de demanda en los siguientes términos: Admisión. Con apoyo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y demás aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo en contra del acto reclamado que hace consistir en: La omisión de proveer el escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés en el juicio laboral 1303/2021. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio de amparo. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad responsable conforme al escrito inicial de demanda a: Presidente del Tribunal del Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, a través de cualquiera de los medios de comunicación a su alcance o bien, enviarlo desde un correo oficial a la dirección de correo electrónico de este Juzgado de Distrito 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Por lo tanto, deberá adjuntar las constancias en original o copia certificada, completa y legible en que apoyen el acto que se les reclama en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. En caso de incumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Informe de causales de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes que tan pronto como tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a esta autoridad, se les impondrá una multa equivalente a treinta valores diarios de la unidad de medida y actualización. Incidente de suspensión. Por así solicitarlo la parte quejosa, apertúrese el incidente de suspensión por cuerda separada. Pruebas. Con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibió con el escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer su relación al verificarse la audiencia constitucional. Compulsa. En razón de que la presente demanda se promovió vía electrónica, se tiene que el anexo que exhibió se considera como "documento electrónico"; por ello, debe atenderse lo previsto en esa materia en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Entonces, el documento público que puede adjuntarse al expediente electrónico en el juicio de amparo mediante el uso de la FIREL, conforme al artículo 12, inciso f), segundo párrafo, citado, es el "electrónico", esto es, el que se genere, modifique, consulte o procese por medios electrónicos; y no una copia escaneada de su original, como puede ser un testimonio notarial, porque eso se traduce en un "documento digitalizado"; de ahí que deba ser el generado o procesado por medios electrónicos, que son las herramientas tecnológicas relacionadas con el procesamiento, impresión, despliegue, traslado, conservación y, en su caso, modificación de la información. Así, conforme a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que en su artículo 12, inciso f, dispone que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; también otorga la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, indicando que éstos no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, pero anteponiendo la condicionante de que se presenten "bajo protesta de decir verdad" de que es copia íntegra e inalterable del documento impreso. En ese orden, resulta innecesario realizar el cotejo y compulsa del documento que se adjuntó a la demanda, habida cuenta que la promovente manifiesto bajo protesta de decir verdad que dicho documento electrónico es copia íntegra e inalterable del impreso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 92/97)" Vista al representante social. Con fundamento en el ordinal 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al representante social de la adscripción, la intervención que legalmente le corresponde, conforme a las reglas de notificación que señala la referida ley. Notificaciones por correo oficial. Requiérase a la representación social, autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que de ser posible, proporcionen un correo electrónico para estar en posibilidad de establecer el contacto respectivo en caso de ser necesario. Se informa a las partes, que el correo electrónico oficial de este Juzgado de Distrito es el siguiente: 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Notificaciones a las autoridades. Las notificaciones a las autoridades responsables y con carácter de terceras interesadas, respecto de acuerdos de trámite que no sean trascendentales, serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal . Habilitación de días y horas hábiles. Desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Incidental
Zapopan, Jalisco, tres de octubre de dos mil veintitrés. Formación del expediente incidental. Como está ordenado en el cuaderno principal 1733/2023, con una copia de la demanda de amparo presentada por Claudia Patricia Aguirre Morales, por conducto de su apoderado, contra actos que atribuye al Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco se forma por separado este incidente de suspensión. Audiencia incidental. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contada a partir del momento de su legal notificación del presente acuerdo, enviándole para tal efecto copia de la demanda y escrito aclaratorio. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de ser omiso en manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 260, fracción I, del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Detalles del asunto. En el entendido de que la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrá expresar las razones que estime pertinente sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita a este órgano jurisdiccional, si es el supuesto, establecer el monto de la garantía correspondiente. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos del ordenamiento en cita, así como el diverso 26, del decreto citado en párrafos precedentes, se le impondrá al desobediente una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Suspensión provisional. Tomando en consideración que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y evitar que las consecuencias de los actos reclamados causen daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación, para que la sentencia que en su caso declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita. Fijación de la litis. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama: La omisión de proveer el escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 1303/2021. A su vez, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, la parte quejosa precisó: "Solicito a nombre del hoy quejoso la SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y SU CASO LA DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, que se hacen consistir en la falta de acuerdo para continuar con el trámite y acordar la promoción. La Suspensión deberá concederse con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 12, 17, 123 Fr. II, 124 y 136 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, girando Atento Oficio a la Autoridad que lo mantiene sin ejecutar el laudo desde luego, sin que exista impedimento causa legal, para efecto continúe con el procedimiento." En el entendido que se analizará la procedencia de la suspensión provisional independientemente de los efectos que se solicitan, ya que es obligación del órgano jurisdiccional precisar los efectos y consecuencias. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Certeza de los actos reclamados. En este momento procesal sólo se cuenta con la demanda y documento anexo, como elementos a tener en cuenta para resolver sobre la medida cautelar, por lo cual se deben atender las manifestaciones del quejoso, hechas bajo protesta de decir verdad y, con base en éstas, partir de que los actos reclamados son ciertos. Es aplicable la jurisprudencia que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO" En caso de que al resolverse la suspensión definitiva, o el fondo del asunto, se desprenda que la parte quejosa afirmó hechos falsos u omitió los que le consten, queda expedita la facultad de la representación social para proceder en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, denuncia al Ministerio Público de la Federación por el delito de falsedad. Estudio respecto a la medida cautelar solicitada. De conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que quedarán las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo y que se traduce en que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, en su caso, restablecer provisionalmente a la quejosa el goce del derecho violado, mientras se pronuncia en relación a la suspensión definitiva. Ahora bien, a fin de resolver sobre la suspensión solicitada, se debe de tomar en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Así, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: 1. Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; 3. Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, 4. En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica el otorgamiento de la medida cautelar a la parte quejosa. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición del solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar la protección definitiva solicitada en relación con ese derecho, hay por tanto un juicio de probabilidad y verosimilitud. Ahora bien, analizado de nueva cuenta el escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama actos de naturaleza negativa, que inciden en la omisión de dar continuidad al procedimiento de origen En principio, atendiendo a su naturaleza, los actos reclamados en juicio, pueden ser positivos, declarativos o negativos. Los positivos son aquéllos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación; los declarativos se limitan a evidenciar una situación jurídica; por su parte, los actos negativos pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas. Por otro lado, es de explorado derecho que en la actualidad la suspensión del acto reclamado permite, entre otros aspectos, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Incluso el Máximo Tribunal del país ha determinado que es posible conceder la suspensión contra actos de carácter omisivos o negativos, pero eso dependerá de cada caso en particular, atendido a la naturaleza del acto, para lo cual el juzgador de amparo debe evaluar los elementos que obran en el incidente respectivo. De tal modo que, la naturaleza negativa de los actos no es el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, (presupuestos que debe estudiar el juez federal) para posteriormente analizar si como efecto de la medida suspensiva, deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Por lo cual, dicha naturaleza negativa, no condiciona la procedencia de la medida cautelar, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." (Lo destacado no es de origen). Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 255/2015 y 442/2016, sustentó que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, ahora dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), por lo que incluso se equipara a un amparo provisorio. Esta última acepción -amparo provisorio- ha sido identificada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que, el hecho de que se anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión del acto reclamado. De conceder la suspensión respecto del acto reclamado, implicaría que la autoridad continuara con el procedimiento; por lo que, a criterio de quien ahora resuelve, frente al caso concreto, no se tienen elementos para emitir una medida cautelar con efectos restitutorios provisionales, en la que se ordene a la autoridad responsable a acceder a la petición de la parte quejosa. Además, de resolver en el sentido pretendido por la parte quejosa, indudablemente se quedaría sin materia el juicio de amparo principal, en contravención a lo dispuesto por el referido artículo 147 de la Ley de Amparo. Máxime que la omisión reclamada, exige un actuar de la autoridad responsable que se agota en un único momento; puesto que, en el presente asunto, no se reclaman actos cuyos efectos producen consecuencias momento a momento, esto es, durante el procedimiento y después de concluido. Pues debe tomarse en cuenta que lo importante para que la suspensión de los actos reclamados sea material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que, la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, lo que en el caso, no se actualiza. Lo anterior, toda vez que es un acto íntegramente negativo, sin ningún efecto positivo o prohibitivo, del cual puedan hacerse derivar actos consecuentes positivos, contra los cuales proceda la suspensión. Se afirma lo anterior, debido a que, con la medida cautelar, en un único acto se vería colmado el reclamo de la promovente de amparo. No obstante la naturaleza omisiva del acto reclamado, es menester señalar que la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal, pues, la suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. Con la excepción a la regla general, de que ésta se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo. En el caso, la concesión de la medida suspensional solicitada, conllevaría que se dé trámite al proceso; por lo que, se insiste que la medida suspensional debe ser negada. Tales consideraciones, conforman el estudio de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 85/2018, resuelta por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.); de cita previa. De igual manera, de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL." En esta tesitura, se considera que la omisión reclamada no es factible de ser ponderada, por lo que respecta a la materia de la suspensión, por ser cuestiones al fondo del asunto, por ende, amerita un análisis más profundo con apoyo en los conceptos de violación y en las actuaciones del juicio de amparo en lo principal. En suma, no procede el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado ya que, atendiendo a las circunstancias específicas que envuelven este caso en concreto, esta juzgadora considera, que no se cuenta con los elementos suficientes que permitan avizorar de manera probable y anticipada, si las consecuencias de los actos reclamados repercuten, efectivamente, en la esfera jurídica de la quejosa que permitan en este momento, restituirle provisoriamente en el goce del derecho que dice le ha sido violado, mientras se dicta la suspensión definitiva en el presente incidente, ya que en todo caso, la orden para que las autoridades emitan una resolución en el sentido para el que pretende ahora la parte quejosa, se otorguen efectos a la medida cautelar, será materia del amparo principal, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, pero no el incidente. Pues ello, para el caso particular, implicaría un alcance indebido a la suspensión al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que lo pretende la parte quejosa, incluso, sustituyendo a dicha autoridad en la toma de medidas para lograr la satisfacción de una pretensión, sin tener mayores elementos para decidir. Y, atendiendo precisamente al acto reclamado, no resulta factible conceder la suspensión, pues las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo, en el juicio de amparo, puesto que en su momento comprenderá todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, el acto reclamado afecta derechos de la parte quejosa e implica alguna violación a sus derechos fundamentales, y esa amplitud de estudio no es necesaria, tratándose del incidente de suspensión. Por ende, resulta inconcuso que en estos momentos no es dable analizar los motivos por los que pretende la parte quejosa obtener la suspensión del acto reclamado, porque constituyen materia del fondo del asunto, y no es dable tampoco un examen preliminar, porque tal examen no es somero, sino que, para llegar a determinarlo, ha menester realizar un análisis más profundo que definitivamente corresponden a la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente. En esas condiciones, lo conducente es negar la suspensión provisional de los actos reclamados. Exhorto a seguir el juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notificación a las autoridades responsables. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente incidente de suspensión, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe previo, o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio, como en el presente caso que se refiere a la suspensión provisional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se le hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la referida ley. Notifíquese.
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