Claudia Pastrana Goyri
Expediente 695/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/11/2019
Partes del expediente
- Claudia Pastrana Goyri
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la queja Q.-158/2019, interpuesto en contra del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 695/2019; por tanto, acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes que el recurso de referencia, se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Es fundada la presente queja. SEGUNDO.- Se desecha la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia." Atento a lo anterior, en cumplimiento al fallo en comento, se deja sin efectos todo lo actuado en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Claudia Pastrana Goyri, toda vez que los actos reclamados no tienen las características propias de un acto de autoridad ni es equivalente en los términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el asunto como tal y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la queja Q.-158/2019, interpuesto en contra del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 695/2019; por tanto, acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes que el recurso de referencia, se resolvió bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Es fundada la presente queja. SEGUNDO.- Se desecha la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia." Atento a lo anterior, en cumplimiento al fallo en comento, se deja sin efectos todo lo actuado en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Claudia Pastrana Goyri, toda vez que los actos reclamados no tienen las características propias de un acto de autoridad ni es equivalente en los términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el asunto como tal y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual informa que con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió el recurso de queja interpuesto por Manuel Alejandro Álvarez Herrera, en su carácter de autorizado de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en representación de las autoridades responsables Supervisión de Zona 065 Libres, Puebla, y de la Dirección de Bachilleratos Generales Estatales y Preparatoria Abierta, ambos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, lo que originó la radicación del medio de impugnación Q-158/2019. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión de veintiuno de febrero de dos mil doce la contradicción de tesis número 445/2010, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas del propio Alto Tribunal, publicado en la página 5, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia." Se suspende el procedimiento constitucional dentro del presente juicio de amparo, y se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional, y se reserva el señalamiento de una nueva fecha hasta en tanto se resuelva la queja de mérito. Hágase saber lo anterior al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que surta sus efectos legales dentro del indicado expediente 158/2019. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de diecisiete de mayo del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de diecisiete de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de siete de mazo de dos mil diecinueve, por una parte, se declaró improcedente el incidente de objeción de firma; y por otra parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: ". En tales condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que exclusivamente respecto de la quejosa Pia Gutiérrez Díaz, el Juez Primero Especializado en Materia Civil de Dominio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla y Especializado en Extinción, deje insubsistentes todas las actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil 722/2011, a partir de la diligencia de pago, embargo y emplazamiento de ocho y once, ambas de julio de dos mil once. . Concesión que se hace extensiva respecto del acto reclamado al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad, en virtud de que dicho reclamo no se realizó por vicios propios sino en vía de consecuencia. .". (fojas 460 vuelta y 461). Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento correspondiente (fojas 488 a 490). Al respecto, mediante oficio recibido en este juzgado federal el once de abril del año en curso, el Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del distrito judicial de Puebla, Puebla, informó que por auto de ocho de abril de esta anualidad, dentro del expediente 722/2011, entre otras cuestiones acordó lo siguiente: ". TERCERO.- En consecuencia y en cumplimiento a la ejecutoria antes mencionada, se deja insubsistente todo lo actuado dentro del presente juicio a partir del citatorio de fecha ocho de julio del año dos mil once y el emplazamiento practicado el once de julio del mismo año, exclusivamente respecto de la quejosa PÍA GUTIÉRREZ DÍAZ, por su propio derecho, así como todo lo actuado con posterioridad dentro del presente juicio. En consecuencia, a efecto de restituir a la quejosa en su derecho fundamental violado se ordena el emplazamiento de la demandada PÍA GUTIÉRREZ DÍAZ en términos del auto de admisión de fecha veinte de junio del año dos mil once, contenido en el presente expediente, para el efecto que se haga saber la existencia del juicio, de manera personal, como lo ordena la ejecutoria . . Finalmente, se deja insubsistente el embargo trabado en el inmueble identificado en el Departamento número dos del edificio en condómino denominado Condominio "MARITERE", ubicado en el predio número dos mil ciento diez de la Avenida Juárez de la Ciudad de Puebla, Puebla, el cual se encuentra en el Registrador (sic) Público de la Propiedad y del Comercio de Puebla, bajo el número de folio: 0163547 (cero, uno, seis, tres, cinco, cuatro, siete), en la diligencia de fecha once de julio del año dos mil once, así como todos sus efectos y consecuencias legales, por lo que se ordena enviar atento oficio al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, a fin de que proceda a cancelar el embargo del inmueble antes mencionado . ." (fojas 495 a 500). Por otra parte, mediante oficio recibo en este órgano jurisdiccional el once de abril de dos mil diecinueve, el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, canceló la inscripción número 1354672 de fecha tres de octubre de dos mil once, respecto del inmueble señalado en el juicio de origen, inscrito bajo el número de folio real inmobiliario 163547, asiento que concierne a la inscripción del embargo deducido del juicio 722/2011, generando el número de inscripción 2531781, remitiendo las constancias que justifican su dicho (fojas 501 a 508). Mediante oficio recibido el dieciséis de mayo de la presente anualidad, el Juez Primero Especializado en Materia Civil y Especializado en Extinción de Dominio del distrito judicial de Puebla, Puebla, en cumplimiento al requerimiento de nueve de mayo reciente (fojas 520 a 521) remitió la constancia de emplazamiento hecha a la aquí quejosa PÍA GUTIÉRREZ DÍAZ, dentro del expediente 722/2011 (fojas 523 a 533). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se ha dado cumplimiento al fallo protector. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Sin que haya lugar por el momento, a ordenar el archivo del presente asunto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN REQUIÉRASE a la quejosa PÍA GUTIÉRREZ DÍAZ, para que dentro del término de 5 cinco días contados a partir de su legal notificación, comparezca ante este juzgado federal debidamente identificada con original y copia de dicha identificación oficial vigente, para que se haga devolución de la Póliza de Fianza número 3703-04771-2, expedida por AFIANZADORA ASERTA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Grupo Financiero ASERTA, por la cantidad de $20,000.00 VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, que exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Se apercibe a la quejosa de no hacerlo dentro del término indicado, se ordenará su cancelación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA IMPETRANTE.
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