Claudia Padilla Enriquez

Expediente 648/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
648/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Claudia Padilla Enriquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 648/2022, promovido por Claudia Padilla Enríquez contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Claudia Padilla Enríquez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".La omisión de acordar respecto de las pruebas ofrecidas por las partes." SEGUNDO. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 648/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar auto de admisión y/o desehamiento de pruebas, dentro del expediente laboral 886/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Junta responsable se pronunció respecto a la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes; proveído que fue notificado personalmente a la parte quejosa el veinticuatro de junio siguiente, lo anterior, dentro del expediente laboral 886/2019. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aparte quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de dictar acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas dentro del juicio laboral de origen; sin embargo, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su ejecución, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ello dentro de los autos del juicio laboral 886/2019. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérasele a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede notificado del presente auto, remita copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes en las que conste que han quedado enteradas del contenido del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Con el apercibimiento para el caso de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado y/o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con imponerle una medida de apremió consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el auto por medio del cual se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, y atendiendo a las manifestaciones que vierte la parte quejosa en relación a dicha vista, se advierte que de las constancias que remite la responsable para su cumplimiento a la fecha no son suficientes para tener por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el expediente en que se actúa, además que esta potestad está obligada a vigilar que la misma sea cumplida en sus términos, a lo anterior, se provee lo siguiente: Es decir: ".la responsable deberá de observar que una vez que la quejosa prestó sus servicios como secretaria de acuerdos supernumeraria de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia, de manera que sí en el Decreto 436, citado en párrafo que antecede, se le concedió pensión por jubilación donde se ordenó debería ser cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, incrementándose la cuantía de acuerdo al aumento porcentual del salario mínimo general vigente, integrándose con el salario, las percepciones, las asignaciones y el aguinaldo, es incuestionable, que esta determinación es un componente de esas garantías jurisdiccionales, de ahí que resulte lesivo de los derechos fundamentales de la quejosa, la omisión de las responsables a dar cumplimiento al decreto, en cuanto al pago de las cantidades generadas por el aumento del salario mínimo de los periodos que reclama, pues, esto implica una reducción no justificada en su pensión. Por consiguiente, resulta evidente que en relación al salario del personal activo y de los que cuentan con un decreto jubilatorio como acontece a la quejosa, no es factible que la autoridad responsable varíe las condiciones en la que fue concedida la pensión, pues carece de competencia para contrariar el incremento anual automático determinado expresamente en una norma materialmente legislativa, como es el decreto mediante el cual se concedió a la justiciable el pago de tal beneficio, de ahí se insiste que la omisión de dar cumplimiento al decreto en cuestión, transgrede los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.". En atención a ello, y atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa, este juzgado federal no puede tener por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, ya que considera necesario informe a este Juzgado sobre el adeudo que refiere la quejosa sobre el pago de su prima vacacional con sus incrementos respectivos, como el pago de apoyo de lentes que no se venían realizando y lo han dejado de hacer; por tanto, para no dejar en estado de indefensión a la quejosa al no advertir constancias conducentes respecto a las prestaciones señaladas es necesario realice un desglose respecto de los pagos de la prima vacacional con los incrementos en relación al decreto en comento y demás a lo señalado del apoyo de lentes que alude se le ha dejado de dar, ello en congruencia a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial del Estado, para que en el plazo de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente en que quede legalmente notificado del presente auto den cabal cumplimiento a lo anteriormente expuesto, atendiendo a lo señalado en la ejecutoria de amparo. Para mayor precisión y atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria y a las manifestaciones de la parte quejosa, se les remite copia del escrito de la quejosa de doce de mayo de dos mil veintidós. Se apercibe a las autoridades responsables para el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa en lo individual por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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