Claudia Oyoque Ortiz

Expediente 629/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
629/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Claudia Oyoque Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se provee: con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense al presente juicio los cuadernos incidentales correspondientes. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales que sea de valor o interés para la parte quejosa y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional y se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que se adjuntan por la autoridad responsable. En este orden, cabe destacar que de dicho informe y de las constancias remitidas se advierte que se actualiza una causa de improcedencia. En ese sentido, los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, inciso d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto destacado por la parte quejosa lo constituye: ??La omisión de proveer lo relativo al escrito inicial de demanda presentado por la quejosa el tres de febrero de dos mil veintidós, al cual le fue asignado el expediente SAT565/2022. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se advierte que el día diecisiete de junio de dos mil veintidós, se proveyó sobre la admisión de la demanda presentada por la quejosa el tres de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente SAT565/2022, y que dicha determinación se le notificó a la quejosa por medio boletín el día veintiuno de junio siguiente. Razón por la cual se estima que sobreviene la causa de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo, en donde se requiriera a la autoridad responsable que proveyera sobre la demanda presentada por la quejosa el tres de febrero de dos mil veintidós, cuando en el caso ya se emitió el auto de admisión correspondiente, y se le notificó a la parte quejosa el acuerdo relativo. Por lo anterior, se estima que sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos correspondientes del caso. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del uno de agosto de dos mil veintidós. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se INSTRUYE a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: por personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio y se procede notifica a la parte quejosa, DEL ACUERDO DE SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " ...Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. - - - Visto lo de cuenta, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que se adjuntan por la autoridad responsable. En este orden, cabe destacar que de dicho informe y de las constancias remitidas se advierte que se actualiza una causa de improcedencia. En ese sentido, los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, inciso d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto destacado por la parte quejosa lo constituye: ??La omisión de proveer lo relativo al escrito inicial de demanda presentado por la quejosa el tres de febrero de dos mil veintidós, al cual le fue asignado el expediente SAT565/2022. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se advierte que el día diecisiete de junio de dos mil veintidós, se proveyó sobre la admisión de la demanda presentada por la quejosa el tres de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente SAT565/2022, y que dicha determinación se le notificó a la quejosa por medio boletín el día veintiuno de junio siguiente. Razón por la cual se estima que sobreviene la causa de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo, en donde se requiriera a la autoridad responsable que proveyera sobre la demanda presentada por la quejosa el tres de febrero de dos mil veintidós, cuando en el caso ya se emitió el auto de admisión correspondiente, y se le notificó a la parte quejosa el acuerdo relativo. Por lo anterior, se estima que sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos correspondientes del caso. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del uno de agosto de dos mil veintidós. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se INSTRUYE a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: por personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes... " Lo anterior para los efectos conducentes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, primero de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable señalada en el escrito de demanda, a fin de que rinda su informe justificado. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del uno de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista a las partes.

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