Claudia Oropeza Miranda

Expediente 1271/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1271/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Claudia Oropeza Miranda
  • Dayra Guadalupe Hernández García
  • Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno único del incidente de suspensión derivado del presente asunto. Ahora bien, en virtud a que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos Claudia Oropeza Miranda y Carlos Escobedo Suárez, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó negar el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Luego, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; capítulo Tercero numeral 14, fracción II, y, Capítulo Quinto, numeral 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es CONSERVABLE al ubicarse en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en mención Por otra parte, como en los autos del cuaderno único del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva, el mismo es CONSERVABLE, en términos del capítulo quinto, artículo 17, fracción III, inciso b) del referido Acuerdo General. Finalmente, virtud a que resulta innecesaria su conservación, mediante atento oficio, remítase al Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, copias certificadas de la carpeta de investigación identificada con clave CPJEM/STIRA/INV/42/2022 y su acumulado CPJEM/STIRA/INV/61/2022, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1271/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós, vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado el dieciséis del mismo mes y año a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, .... y otros promovieron juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades por el acto que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. ACTO RECLAMADO: "La resolución de 21 de octubre de 2022 dictada dentro del expediente ******************** y acumulado ********************, por la que se decreta la conclusión y archivo al no advertirse actos u omisiones considerados como faltas administrativas." SEGUNDO. Trámite. Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, este tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, únicamente por lo que ve a los quejosos Claudia Oropeza Miranda y Carlos Escobedo Suárez y desechó la misma por lo que ve a ********************y Farah Ochoa Infante, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de amparo. Asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, tuvo como tercero interesada a María Rocío Boyzo Bedolla, actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia y se ordenó emplazar a la misma. Una vez agotadas las etapas procesales, mediante auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado se atribuye una autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como del criterio P. VI/2004, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama el acto siguiente: Del Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo reclama: La resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente ******************** y acumulado ********************, por la que se decreta la conclusión y archivo al no advertirse actos u omisiones considerados como faltas administrativas, a su vez se determina la existencia de conductas señaladas con dicho carácter, mismas que fueron calificadas de "no graves" y se ordena realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamado al Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez de que el mismo, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, precisado en el considerando segundo de este fallo, lo cual resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad del mismo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la Constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo antes expuesto, se corrobora con la prueba documental exhibida por la autoridad responsable, consistente en las copias certificadas de la carpeta de investigación ******************** y acumulado ********************; documental a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Cobra aplicación, la jurisprudencia número 2262, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Temporalidad de la demanda de amparo. Se interpuso oportunamente, en virtud de que, la demanda de amparo, fue interpuesta dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con lo preceptuado en el diverso 18 de esa misma legislación; toda vez que, la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Por lo que, el plazo para promover la demanda de amparo indirecto transcurrió del veintiocho de octubre al veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Debiéndose descontar a dicho plazo, el veintinueve y treinta de octubre y cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de noviembre de dos mil veintidós, en virtud de ser sábados y domingos y en consecuencia resultar inhábiles. Asimismo, se deberá descontar el treinta y uno de octubre y uno, dos y veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, al ser inhábiles; lo anterior conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo, artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo y la CIRCULAR 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido y toda vez que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, ante el Portal de Servicios en Línea del poder Judicial de la Federación, es inconcuso que su promoción fue oportuna. QUINTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de amparo, esta autoridad se encuentra obligada a analizar las causales de improcedencia, expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia 814, de rubro, texto y datos de localización siguientes. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, la autoridad responsable al momento de emitir su informe justificado, señaló que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XVI, con relación al 63 fracción V. Al respecto, dichos numerales señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los aludidos preceptos legales se advierte que el amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de manera irreparable, entendiéndose por éstos, aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, se fortalece con el criterio 2a./J. 171/2007 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. En el caso en concreto se advierte que, el ahora quejoso, se duele de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la cual se decretó la conclusión y archivo de la investigación iniciada, al no advertirse actos u omisiones considerados como faltas administrativas Acto el cual, no constituye un acto consumado de imposible reparación, ya que, en caso de otorgarse la protección constitucional solicitada, sus efectos restablecerían las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Toda vez que, las violaciones de las que se duele el quejoso, pueden ser subsanadas con la procedencia del presente juicio de amparo. En este sentido, se estima que, es infundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. Ahora bien, la autoridad responsable al momento de emitir el informe justificado, señaló que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el numeral 61 fracción XX, con relación al diverso 61, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que señalo que el juicio de amparo es improcedente, toda vez que, en contra de la determinación reclamada procedía el recurso de inconformidad previsto por los artículos 102, 103 y 104 de la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Estado. El precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del contenido del precepto trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades diversas a los órganos jurisdiccionales, cuando en contra de esos actos exista algún recurso o medio de defensa ordinario en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; admitiendo sólo como excepción: Que conforme a las leyes respectivas no se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso; Que los alcances que contemple la ley de la materia no sean los mismos que los previstos en la Ley de Amparo; Que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; Que en las leyes respectivas se contemple plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de si el acto en sí mismo es susceptible o no de ser suspendido conforme a la ley en mención; Que el acto reclamado carezca de fundamentación; Que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta manera, del presente asunto, se desprende que la parte quejosa se duele de la falta de fundamentación y motivación en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente ******************** y acumulado ********************, por la que se decreta la conclusión y archivo al no advertirse actos u omisiones considerados como faltas administrativas, a su vez se determina la existencia de conductas señaladas con dicho carácter, mismas que fueron calificadas de "no graves" y se ordena realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa. Por lo que, en ese sentido se estima que, la parte quejosa se encuentra dentro de las excepciones para agotar los recursos ordinarios existentes en contra de la determinación reclamada, pues de considerar lo contrario, se dejaría al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente las carencias de fundamentación y motivación en caso de ser existentes, le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, toda vez que, el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. En este sentido, se estima que, es infundada la causal de improcedencia hecha valer por la parte quejosa, puesto que la parte quejosa se encuentra exenta de agotar el principio de definitividad. Lo anterior con base en el criterio 154 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Así como con el criterio XXX.1o.3 K (10a.) emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. COMO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, ES INNECESARIO AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. Conforme al artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", se advierte que no existe obligación de agotar los medios de defensa ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado, previo a la interposición del juicio de garantías, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En ese sentido, y toda vez que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1o., y del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, se ha conformado un nuevo control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, en el que se reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, es válido admitir, como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, dado que en el sistema jurídico actual no existe una jerarquización en materia de derechos humanos, sino su integración y reconocimiento, independientemente de la fuente que los contenga. Hecho lo anterior, esta autoridad advierte que, en el caso concreto las partes no hicieron valer más causas de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo cual se procederá al estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se precisan en su demanda de garantías, los cuales se dan por reproducidos como si a la letra se transcribieran, en acatamiento del principio de economía procesal y a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Análisis de fondo. Previo a comenzar con el análisis de los motivos de disenso planteados por la parte quejosa, debe señalarse que su análisis se realizará de conformidad con el principio de estricto derecho, en tanto el caso en concreto no encuadra en alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Por lo que ve, al concepto de violación "PRIMERO", la parte quejosa señala en primer momento, que la ahora autoridad responsable, determinó que no se actualizaba la existencia de la acusación consistente en: "[3] en esa misma diligencia ordenó, consintió y declaró embargados los teléfonos celulares que poseían en ese momento los apoderados legales de la demandada, sin fundamento legal para ello y con uso injustificado de la fuerza pública." Esto, en virtud de no acreditarse que ******************** se encontraran en posesión de los teléfonos celulares, para poder inferir que eran de su propiedad. Lo cual, según la parte quejosa es injustificado y carente de fundamentación y motivación, en virtud de que, no se tomó a consideración que la parte denunciante manifestó que los teléfonos embargados los portaban en modalidad de posesión ********************, en el momento de los hechos analizados en la resolución impugnada, lo cual fue soportado con los videos e imágenes que se ofrecieron como pruebas, lo cual fue corroborado por la servidora pública denunciada en su declaración, por lo que, contrario a lo establecido por la autoridad responsable, los ********************, si estaban en posesión de los teléfonos embargados. Dicho concepto de violación se estima inoperante, en virtud de que, el ahora quejoso parte de una premisa falsa para realizar dicha aseveración, ya que, del contenido del acto reclamado se advierte que la autoridad responsable señaló lo siguiente: "Finalmente, referente a la acusación enunciada en el tercer punto, del acta levantada por la servidora pública denunciada con motivo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de que se trata, no se obtiene que los 2 dos teléfonos celulares que el asociado señaló como bienes para su embargo, fueran propiedad de los quejosos ********************, o que en el momento de la diligencia, estos se encontraran en posesión de los mismos, para poder inferir que eran de su propiedad; a mas de que los citados quejosos en ningún momento, ni en el juicio de origen, ni ante esta autoridad investigadora [pese a así haberse requerido, haciendo caso omiso al respecto], acreditaron la propiedad de tales aparatos telefónicos con prueba idónea para ello; por lo que, no se encuentra acreditado que los teléfonos celulares embargados fueran los mismos que en ese momento pudieran haber portado los citados quejosos. Lo que bien se obtiene de ese documento es que, los citados quejosos desde el momento en que la actuaria ingresó al domicilio de la demandada se tomaron hostiles y comenzaron a grabar la diligencia con un teléfono celular, pese a lo cual, la actuaria continuó con el desarrollo de la diligencia y en el momento posterior a que el asociado señalara diversos objetos para su embargo, entre ellos 2 dos teléfonos celulares, la quejosa ********************se puso muy agresiva y comenzó a gritar, ante lo cual la actuaria solicitó a los elementos de seguridad pública pidieran a los abogados de la demandada se condujeran con derecho y no estuvieran dilatando la diligencia, pero estos continuaron con una actitud muy agresiva, motivo por el cual le fueron requeridos sus teléfonos celulares y ante la resistencia a lo anterior, intervinieron los elementos de seguridad pública, tomándose muy complicada la diligencia por ese suceso, posterior al cual se continuó con la misma. Es decir de la literalidad de lo asentado en el acta de mérito, por una parte, no es posible obtener que los teléfonos celulares señalados por el asociado para su embargo, correspondiera a los mismos aparatos telefónicos que en ese momento portaban los citados quejosos, los cuales si bien les fueron requeridos, ello se debió a motivo diversos [estar alterando el orden en la diligencia], como se obtiene de lo asentado en el acta en cuestión. Así las cosas, el acta de mérito de la que deviene lo antes referido, implica una actuación llevada a cabo por funcionaria dotada de fe pública conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley organiza del Poder Judicial del Estado, por lo que, lo ahí asentado tiene eficacia demostrativa considerándose como ciertos y fidedignos los hechos que se hacen constar en la misma, máxima cuando no hay prueba de que la actuación de que se trata haya sido declarada nula o invalida en el procedimiento subyacente; de ahí que tampoco se actualice el supuesto de queja en análisis, puesto que, de la referida acta de embargo no es posible obtener que los teléfonos celulares señalados para su embargo por el asociado y enlistados en dicha acta con el numero 20 veinte, fueran propiedad de los denunciados ********************, como así lo refieren estos, y que pese a ello la actuaria haya procedido a su embargo, pudiéndose en todo caso tratar de aparatos telefónicos diversos; máxime que, como se ha referido con antelación, lo citados denunciantes en ningún momento acreditaron la propiedad ni identidad de los teléfonos celulares que se embargaron, para tener por cierto que efectivamente eran suyos, y que además se trataba de los mismos que la actuaria embargó; no encontrándose por tanto justificada, esa identidad de los teléfonos celulares que refieren los quejosos como de su propiedad con los que embargo la actuaria." Del contenido de lo transcrito se advierte que, la autoridad responsable señaló, contrario a lo establecido por la parte quejosa, que en la diligencia de embargo denunciada, se demostró que la servidora pública embargó dos teléfonos celulares los cuales se encontraban en posesión de los quejosos; sin embargo, señaló que no se comprobaba la existencia del acto denunciado, en virtud de que, los quejosos no comprobaron la propiedad de los aparatos telefónicos con prueba idónea para tal efecto y a su vez, no se acreditó que los teléfonos celulares señalados por el asociado en el embargo, correspondieran a los mismos aparatos que en el momento portaban los quejosos. En este sentido, se advierte que, la parte quejosa parte de una premisa falsa al asentar su concepto de violación, puesto que, el acto denunciado realmente no se actualizó la existencia del acto denunciado, en virtud de que, no se comprobó que los teléfonos embargados fueran de la propiedad de los quejosos, y a su vez, que los teléfonos señalados para embargo correspondieran a los teléfonos que en la diligencia respectiva portaban los quejosos. Por lo tanto, resulta evidente que dicho reclamo deviene inoperante, en virtud de basarse en una premisa falsa. Sirve de aplicación por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 108/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Ahora bien, en cuanto a la segunda manifestación emitida en el concepto de violación "PRIMERO", se asienta que el mismo se analizará en conjunto con las manifestaciones vertidas en los conceptos de violación "SEGUNDO" y "TERCERO", conforme a lo determinado por el numeral 74 de la Ley de Amparo. En este sentido, se advierte que en esencia la parte quejosa en sus conceptos de violación "PRIMERO", "SEGUNDO" y "TERCERO, señala lo siguiente: El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, en virtud de que la autoridad responsable no señaló las razones por las cuales calificó como no graves las conductas denunciadas. A su vez, el acto reclamado carece de debida fundamentación y motivación, en virtud de que al emitir el acto reclamado, la autoridad responsable les asignó valor indiciario y no valor probatorio pleno, a los archivos digitales enunciados con el número 1, relativo al considerando tercero del acto reclamado, sin que justificara las razones por las cuales consideró fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí y con el resto de las pruebas que obraban en el expediente, ni tampoco justificó las razones por las cuales no le generaba plena convicción sobre la veracidad de los hechos. El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, en virtud de que, la autoridad responsable no es la competente para señalar que la parte quejosa no acreditó la propiedad de los teléfonos, así como para analizar las pruebas ofertadas y resolver el fondo el juicio de responsabilidad administrativa, en virtud de que, la autoridad competente es la sustanciadora y resolutora. Se actualiza la violación al artículo primero constitucional, en tanto que el acto reclamado violó la obligación de la responsable, en el ámbito de sus competencias de respetar y garantizar el derecho humano del quejoso a una justicia pronta y expedita y al recurso judicial efectivo. En este sentido, es menester precisar que, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la existencia de tres derechos fundamentales de seguridad jurídica: 1) el de irretroactividad de la ley; 2) el de audiencia; y, 3) el de legalidad. Por otra parte, en lo que interesa, el párrafo primero del artículo 16 del propio ordenamiento establece el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, e impone a las autoridades que los emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, lo cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. En efecto, con relación a lo anterior, es dable concluir que todo acto de autoridad debe constar por escrito, fundado y motivado; en la intelección de que por fundamentación se entiende la cita del o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; en la intelección de que, para que se constate la referida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas correspondientes. Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 260, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, por lo que ve al concepto de violación "1", del acto reclamado se advierte que la autoridad responsable al momento de acordar lo respectivo al analizar la gravedad de la posible falta administrativa, señaló lo siguiente: "Para tal efecto, se tiene, por un lado, que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo hace una distinción entre faltas administrativas no graves y graves, de la siguiente manera: En su artículo 3, fracción XIII, define el concepto jurídico de falta administrativa no grave como "las Faltas Administrativas de los Servidores públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a la Secretaría y a los órganos Internos de Control", en tanto que en la fracción XIV de ese mismo concepto establece que por falta administrativa grave se entenderán "Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogados como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal", es decir, al Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la fracción XXIV de dicho dispositivo legal; El diverso artículo 49 de la misma norma, contempla un catálogo de obligaciones cuyo incumplimiento por actos u omisiones de los servidores públicos expresamente conlleva incurrir en "falta administrativa no grave", amén de que también en su numeral 50 adiciona otra causa de responsabilidad considerada con dicho calificativo; y En el Capítulo II, Titulo Tercero, del Libro Primero de la Ley de Responsabilidades en cuestión, se contemplan las denominadas "faltas administrativas graves" de los servidores públicos, describiéndose, del artículo 51 al 64, aquellos comportamientos que implican incurrir en ese tipo de infracciones precalificadas por el legislador como tales. En esas condiciones si, como se vio, en la especie las conductas desplegadas por ********************, sería posible ubicarlas en las hipótesis de responsabilidad contempladas en el artículo 49, fracciones I y V, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, entonces [no] cabria encuadrarse en alguno de los contenidos normativos señalados en los numerales del 51 al 64 de la citada Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, que corresponden justamente a las faltas administrativas graves; por lo que es de concluirse, por exclusión, que las faltas atribuidas a dicha denuncia son de una categoría "NO GRAVE". Al respecto se desprende que, la autoridad responsable señaló que la acción denunciada a la servidora pública, encuadraba en las hipótesis de responsabilidad contempladas en el artículo 49, fracciones I y V, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, las cuales consisten en lo siguiente: "Artículo 49. Incurrirá en Falta Administrativa no grave el Servidor Público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere la presente Ley; (.) V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;" Por lo tanto, al no encuadrar la acción ejercitada por la servidora pública respecto a las hipótesis contenidas en los numerales 51 a 64 de la citada ley, las cuales corresponden a las acciones que son consideradas como "graves", se estimó que el acto denunciado corresponde a la categoría de "no grave". En este sentido, se advierte que, la autoridad responsable al calificar de no grave la acción denunciada, si explicó con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas, que tomó consideración para arribar a dicha conclusión; además de que se advierte que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por lo tanto, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la autoridad responsable si fundamentó y motivo su determinación conforme a lo establecido por el numeral 16 de la Constitución Federal. Por tales motivos, se estima que el concepto de violación señalado como "1" es infundado. Ahora bien, por lo que ve al concepto de violación señalado como "2", se establece que, la autoridad responsable al momento de emitir el acto reclamado, señaló lo siguiente: "Los archivos digitales enunciados como numero 1 uno, de acuerdo a lo establecido en el numeral 158 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Michoacán de Ocampo, formalmente constituyen documentales que cuentan únicamente con valor indiciario, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, así como tomando en cuenta su [fiabilidad] y la precitada legislación, pues se trata de simples reproducciones de videograbaciones e imágenes que, la parte interesada en su obtención coloca en la maquina respectiva, con la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no correspondan exactamente a un documento existente, requiriendo necesariamente de su perfeccionamiento o adminiculación con otros medios de convicción; a más de que se desconoce la fuente con la que fueron producidos y posteriormente adquiridos; y por otra parte, de su contenido no se logra conseguir la identidad de cada una de las personas que ahí aparecen, menos aún existen datos periféricos que pudieran corroborar que efectivamente el escenario en el que se desarrollaron esas videograbaciones, corresponde al que refieren los quejosos en su escrito de queja." De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, señaló que los archivos digitales ofrecidos como prueba, contaban con valor probatorio indiciario, en virtud de que, para su perfeccionamiento necesariamente necesitaban de un medio de perfeccionamiento, lo cual no sujeto a la objeción de la contraria; asimismo, basó su decisión en que del contenido de dichos archivos, no se logró conseguir la identidad de cada una de las personas que ahí aparecen, menos aún existen datos periféricos que pudieran corroborar que efectivamente el escenario en el que se desarrollaron esas videograbaciones, corresponde al que refieren los quejosos en su escrito de queja. Motivo por el cual, se estima que, dicha determinación expone de manera suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. Lo anterior se fortalece con la jurisprudencia 43 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a continuación se transcribe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción" En este sentido se concluye, que la autoridad responsable determinó el valor probatorio respecto de los archivos digitales de manera fundada y motivada. En consecuencia, se estima que el concepto de violación señalado como "2", es infundado. Ahora bien, en cuanto al concepto de violación señalado con el inciso "3", se estima la autoridad investigadora al momento de analizar las conductas denunciadas para efectos de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como Falta Administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, tiene la atribución de valorar los elementos de pruebas recabados hasta ese momento. Ello conforme a lo señalado por el numeral 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Estado, que a la letra dice: "Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las Autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como Falta Administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave." En este sentido, la valoración de las pruebas recabadas, únicamente tienen relevancia respecto a la determinación de la existencia de las presuntas faltas administrativas denunciadas. Sin que dicha valoración tenga injerencia sobre el estudio que la autoridad competente realice al momento de emitir la sentencia que resuelva el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativo, toda vez que, la valoración de las pruebas con el propósito de determinar la sanción para el Servidor Público que haya sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta Administrativa grave, únicamente le compete a la autoridad resolutora; ello de conformidad con los numerales 202, y 207 de la Ley citada, que a la letra dicen: "Artículo 202. Las resoluciones serán: (.) V. Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa. (.) Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente: I. Lugar, fecha y Autoridad Resolutora correspondiente; II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad Resolutora; III. Los antecedentes del caso; IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes; V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la resolución. En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal, municipal o al patrimonio de los Órganos del Estado, se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada como Falta Administrativa grave o falta de particulares y la lesión producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta Administrativa grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del Servidor Público o particular vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad Resolutora advierta la probable comisión de Faltas Administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente; VIII. La determinación de la sanción para el Servidor Público que haya sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta Administrativa grave; IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta ley constituyen Faltas Administrativas; y, X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá cumplirse la resolución." En este sentido se advierte que, no obstante al análisis que realice la autoridad investigadora respecto de los elementos que tenga a la prueba para determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como Falta Administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, la autoridad resolutora se encuentra obligada a realizar diverso análisis respecto de las pruebas que se oferten dentro del procedimiento de responsabilidad administrativo. Por lo tanto, se deduce que contrario a lo establecido por la parte quejosa, la autoridad responsable no analizó el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa al momento de emitir el acto reclamado, sino que, únicamente conforme a sus atribuciones realizó la valoración de la información recabada hasta ese momento, con el propósito de verificar la posible existencia de faltas administrativas. Por lo tanto se estima que, el concepto de violación analizado es infundado. Ahora bien, por lo que ve al concepto de violación señalado como "4", se estima que es inoperante. En virtud de que su planteamiento no contiene los argumentos necesarios destinados a justificar las transgresiones que se alegan, toda vez que no sustenta el motivo por el cual, la autoridad responsable al momento de emitir el acto reclamado, haya violado la obligación de respetar y garantizar el derecho humano a una justicia pronta y expedita y al recurso judicial efectivo. Por tanto, dicha manifestación resulta inadecuada para evidenciar alguna ilegalidad del acto impugnado, pues es de explorado derecho que toda inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los requisitos mínimos de impugnación. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En este sentido, ante lo INFUNDADOS e INOPERANTES de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, fracción IV, 77 y 78, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a ********************contra el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Secretario Técnico de Investigación de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, señalada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Viridiana Villegas Espinosa, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de mayo de dos mil veintitrés en que los permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por el quejoso ********, mediante la utilización de firma electrónica con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3c.79, a nombre del citado promovente, atento a su contenido, dígasele que una vez que las cargas de trabajo de este juzgado federal lo permitan, se dictara la sentencia que corresponda la cual le será notificada de manera personal. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente juicio de amparo se verificó la audiencia Constitucional a las diez horas con diez minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, y posteriormente se recibió el escrito signado por el quejoso********************; por tanto, a efecto de proveer lo concerniente, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. En ese sentido, agréguese el escrito remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por el quejoso********************, mediante la utilización de firma electrónica con número de serie ********************, a nombre del citado promovente, atento a su contenido, dígasele que el veinte de febrero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo en que se actúa, quedando los autos a la vista para dictar la resolución que corresponda, la cual una vez que las cargas de trabajo de este juzgado federal lo permitan, se dictara la sentencia que corresponda la cual le será notificada de manera personal. Ahora bien, una vez que se dicte la resolución en el juicio principal del que emana este cuaderno de antecedentes, sin necesidad de diverso acuerdo, glósese éste a los autos originales del sumario Constitucional en mención. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

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