Claudia Ocampo Narciso

Expediente 412/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
412/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Claudia Ocampo Narciso

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en atención a su contenido, dígase que en audiencia constitucional de siete de octubre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los incidentes de suspensión que refiere. Acúsese recibo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia, donde se sobreseyó el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del asunto, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni guarda trascendencia jurídica, política, social o económica, se considera que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ...; se hace la observación de que el presente EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se sobreseyó el juicio de amparo. En ese sentido, por lo que hace al CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ..., se estima que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran más de SEIS MESES a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el punto Segundo, fracción XVIII del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de referencia. Finalmente, tomando en consideración que la responsable remitió constancias en justificación de sus actos, devuélvansele; en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio electrónico proveniente del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en razón de que el siete del presente mes y año, se recibió físicamente y se acordó la recepción de los cuadernos incidentales que indica. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 412/2020; .... procediendo a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 412/2020, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades precisadas; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión. El veinticinco de febrero siguiente, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió la acción de amparo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. La representante social de la Federación adscrita no formuló pedimento; se tuvieron por rendido los informes de ley y se emplazó a la parte tercera interesada. El veinticuatro de agosto pasado, el citado juzgador remitió los autos a este órgano jurisdiccional por una cuestión de conocimiento previo, por lo que el ocho de septiembre posterior, el suscrito se avocó al trámite de presente asunto. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver este juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisan de la siguiente manera: La quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil 123/2019 (posesión plenaria) del índice del Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, todo lo actuado y la sentencia definitiva; particularmente, la orden de lanzamiento sobre el inmueble ubicado como ..., de la Ciudad de México. La fijación de los actos reclamados en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Lo anterior se apoya en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394182, Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia: Común, Quinta Época, Página: 153, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia, y la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el particular, se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, por falta de interés jurídico de la promovente, acorde al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De conformidad con lo dispuesto en el precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el promovente de amparo acredite el interés, perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo contra de un acto dictado por una autoridad debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la anterior consideración, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estarplenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En el caso, la parte quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil 123/2019 (posesión plenaria) del índice del Juez Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, todo lo actuado y la sentencia definitiva; particularmente, la orden de lanzamiento sobre el inmueble ubicado como ..., de la Ciudad de México. Por tanto, tal planteamiento le impone demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de propiedad que aduce tener respecto del inmueble indicado, amparado en un título o figura jurídica concreta de fecha cierta (como lo es un contrato de compraventa, cesión de derechos, dación en pago, arrendamiento, comodato, etcétera); de modo que tiene la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes, para establecer que es verdaderamente titular de un derecho sustentado en una causa legal y que éste se vio afectado con motivo de la orden de lanzamiento reclamada. En efecto, la quejosa narró indistintamente en su demanda que detenta la propiedad del bien inmueble, materia de la litis del juicio ordinario civil 123/2019 del índice del Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México, sin embargo, por sí sola tal afirmación no puede ser materia de protección constitucional, si el derecho no deriva de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere jurídicamente y éste tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que se tiene el derecho que se considera transgredido. En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa ofreció como prueba, el contrato privado de compraventa de siete de julio de mil novecientos noventa y ocho, celebrado por ... en su carácter de vendedora y la accionante de amparo en su calidad de compradora, respecto del inmueble litigioso; lo que resulta insuficiente para dicho presupuesto pues es un documento privado que carece de fecha cierta. En efecto, los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, como en el caso, para que tengan eficacia plena, deben precisar tener fecha cierta y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Igualmente, se proporciona total seguridad sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito, cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Luego, con la documental ofrecida como prueba por la parte quejosa, no es dable tener por acreditada la causa generadora de la propiedad sobre el inmueble que defiende, pues es indispensable que el derecho que pretende proteger derive de un título de fecha cierta; de tal modo, que el contrato de compraventa exhibido sólo produce efectos jurídicos entre las partes que intervinieron en su celebración, mas no frente a terceros. Así, el contrato privado de compraventa carece de fecha cierta, por ello es insuficiente para acreditar el interés de la parte quejosa cuando ésta ostenta la calidad de tercera extraña al juicio, al imposibilitarse determinar con certeza si el contrato es anterior o posterior al acto reclamado, además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, que es el requisito para garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitar que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales; máxime que tampoco se advierte la intervención de algún fedatario o servidor público en ejercicio de sus funciones que proporcione fe de su existencia o que lo tuvo a la vista. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, que dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, perse, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Además, en el supuesto no concedido de que efectivamente la quejosa tuviera la posesión material del inmueble, éste sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 1/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Además, la jurisprudencia I.3o.C. J/20, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio." Tampoco es impedimento a lo anterior, que la parte quejosa exhibiera las documentales consistentes en: a) Diecisiete recibos de pago de luz eléctrica a su nombre respecto del inmueble litigioso; b) Impresión electrónica de la Inscripción del Registro Federal de Contribuyentes de la accionante de amparo, de fecha veintiuno de abril del dos mil seis. c) Credencial para votar de la promovente de amparo. Lo anterior es así, pues las documentales descritas con los incisos a y b son insuficientes para demostrar algún derecho sobre el inmueble vinculado al litigio de origen, como un requisito indispensable para la configuración del interés jurídico; ya que, el primero sólo refleja el pago de los servicios que el inmueble tiene instalados, así como la información proporcionada al llevar a cabo su contratación y el segundo, el registro que realizó en el Servicio de Administración Tributaria para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, las cuales se obtienen a partir de manifestaciones unilaterales, que no pueden ser consideradas válidamente para tener acreditada la propiedad de quien la proporciona. Por lo que hace a su credencial de elector, tampoco causa convicción al suscrito, ello en razón de que ésta no constituye un medio para acreditar el domicilio de quien la porta, menos la propiedad, pues sólo es útil para en su caso, participar en los ejercicios electorales, de conformidad con la tesis XIV.3o.3 K, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, cuyo rubro y texto son: "DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO. La credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona; debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; sin embargo, la verificación que practica la autoridad electoral de los datos que se le proporcionan sólo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa como serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que ningún precepto legal apoya tal eficacia, que no debe entenderse comprendida en la naturaleza pública de dicho documento, pues ello a lo sumo acreditaría que ante dicho registro determinada persona manifestó tener el domicilio que se indica en su credencial de elector y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, mas ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales; razón por la cual la credencial mencionada no hace prueba plena del domicilio de la persona, según lo pretende la oferente y es correcto que el juzgador únicamente le otorgara el valor de indicio." Además, se cita la tesis VI.1o.100 C, en materia civil, de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SOLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Tampoco es obstáculo para resolver en el sentido que se hace, que de autos se advierta que se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado con la propia manifestación del juez civil responsable y las constancias remitidas con su informe justificado, pues ello no releva al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que en el caso, se ostenta como tercero extraño a juicio. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra onstitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista,sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues al no atacarse por vicios propios y resultar inconstitucional el acto reclamado a la autoridad ordenadora, igual calificativo tienen los realizados para su cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 8815, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 412/2020, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE.

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