Claudia Neli Núñez Espinoza

Expediente 948/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
948/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Claudia Neli Núñez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que desechó la demanda, ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, conforme al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del contra actos del Juez Mercantil de Manzanillo, Colima, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 948/2021-VI. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, del capítulo correspondiente al acto reclamado, antecedentes del mismo y constancias de autos, se advierte que la quejosa reclama todos los autos decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el tercero interesado representado por José Antonio Cárdenas Santana endosatario en procuración en contra de Rodolfo Torres Flores, contenido en el expediente número 19-0740-122M del índice de dicho juzgado y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre el mueble del que era acreedora preferente (ahora dueña) y que es un automóvil marca Ford modelo 2014 4 cuatro puertas con número de serie 1FTFW1EMF4EKD65241, color roja con franjas doradas, placas de circulación número FH82642 del estado de Colima. Ahora bien, como se advierte de la certificación de cuenta, lo anteriormente referido constituye el mismo acto reclamado en el diverso juicio de amparo 176/2020-VII, promovido por la misma quejosa Claudia Neli Núñez Espinoza contra las mismas autoridades señaladas como responsables -Juez y Secretario de acuerdos del Juzgado Mercantil de Manzanillo, Colima, y el Director General de Seguridad Pública y Policía Vial de dicho municipio-, de dicho juicio se advierte que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados por lo menos desde el siete de enero de dos mil veinte, ya que promovió tercería excluyente de preferencia en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 19-0740-122M, del índice del Juzgado Mercantil de Manzanillo, Colima, a fin de acreditar que tenía embargado el bien desde el ocho de agosto de dos mil diecinueve y que tenía derecho preferente sobre el mismo, juicio que se admitió a trámite el veintiocho de febrero de dos mil veinte y fue resuelto mediante sentencia definitiva dictada el veintisiete de noviembre de dicho año, misma que causó ejecutoria por resolución de cinco de agosto de dos mil veintiuno, por el Tribunal Colegiado de este Circuito al resolver el recurso de revisión 20/2021 interpuesto por la quejosa. Lo anterior, con apoyo en la tesis VI.1°.P.J/25 publicada en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noventa Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. En ese entendido, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se advierte que el plazo al que toda persona debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que establece el artículo 18, de la Ley de Amparo que, por regla general, es de la forma siguiente: 1) Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; 2) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto; y, 3) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a las personas, admite ciertas excepciones que se contemplan en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a las personas para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Precisado lo anterior vemos que la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección de la persona; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como del derecho de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo 176/2020-VII del índice de este juzgado se advierte que la quejosa tuvo concomimiento de los actos que ahí reclamó por lo menos desde el siete de enero de dos mil veinte, ya que promovió tercería excluyente de preferencia en los autos del juicio ejecutivo mercantil número *****, del índice del Juzgado Mercantil de Manzanillo, Colima, a fin de acreditar que tenía embargado el bien desde el ocho de agosto de dos mil diecinueve y que tenía derecho preferente sobre el mismo, los cuales son los mismos que reclama en el presente juicio, el diecinueve de octubre de dos mil diecinueve. Lo anterior pone en evidencia que nos encontramos en la regla identificada en el inciso 3), a saber, desde el día siguiente al en que al quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Ciertamente, de lo probado en el juicio de amparo *** se acredita no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días; lo anterior es así, pues si tuvo conocimiento de los actos que aquí reclama desde el siete de enero de dos mil veinte, ya que promovió tercería excluyente de preferencia en los autos del juicio ejecutivo mercantil número **** del índice del Juzgado Mercantil de Manzanillo, Colima, a fin de acreditar que tenía embargado el bien desde el ocho de agosto de dos mil diecinueve y que tenía derecho preferente sobre el mismo, entonces el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo transcurrió del ocho al veintiocho de enero de dos mil veinte, sin contar sábados y domingos por tratarse de días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días había fenecido al seis de octubre de dos mil veintiuno, en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio, según se advierte del sello de recepción que consta impreso en el escrito de demanda; de ahí, que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada en la página 71, Tomo 193-198 Primera Parte, Séptima Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En el mismo sentido, cabe hacer la precisión que, en el caso que nos ocupa, no se actualiza la excepción a la temporalidad para la interposición de la demanda de amparo, contenida en la fracción IV del artículo 17 de la ley de la materia. En virtud de todo lo anterior, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación al artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se impone desechar la demanda de amparo. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que la aquí quejosa tuvo el carácter de tercera extraña al procedimiento, debido a que en su momento no fue parte en el juicio; sin embargo, dicho carácter lo perdió al haber promovido una tercería excluyente de dominio en el juicio natural, así como el diverso juicio de amparo indirecto 176/2020, con lo que se demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada desde el momento de que promovió dicha tercería, pues como ha quedado anotado, conoce de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado ante el cual se ventila, e incluso el nombre de las partes, lo que le permitió instaurar la acción descrita -tercería excluyente de dominio-. Por el contenido que informa se cita la jurisprudencia 20/2018 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 332, del Libro 58, Septiembre de 2018, tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2017849, que dice: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión". Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el calle ***** de esta ciudad. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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