Claudia Nayely Calderon Piña

Expediente 959/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
959/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Claudia Nayely Calderon Piña

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Según se advierte del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Se acepta competencia. Se tiene por recibido el oficio 12966, suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, adjunto al cual remite constancia electrónica del juicio de amparo indirecto ........., del índice de ese órgano jurisdiccional, en que consta la demanda de amparo promovida por quien dice ser ..........., en representación de su menor hija ..........., con motivo de la declaración de incompetencia realizada por dicho juzgado de Distrito, en auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo que corresponda y hágase del conocimiento del juzgado antes aludido que con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada; en ese sentido, se provee: II. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por quien dice ser ........, en representación de su menor hija .........., contra actos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; Dirección de Investigación del Delito; perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Querétaro; Fiscal de Acusación e Investigación de la Unidad 2 Fiscalía General del Estado de Querétaro; Agentes de la Dirección de Investigación del Delito; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Gobernador del Estado de Querétaro; Secretario de Salud Federal; Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud; Federal; Secretario de Salud del Estado de Querétaro; Dirección General de Promoción de la Salud; Secretaría de Bienestar Delegación Querétaro; Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Querétaro; dependiente de la Secretaría de Bienestar Delegación Querétaro; y, Dirección General de Promoción de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud Federal. III. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 959/2021. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. IV. Protección a identidad de menores. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentra involucrado un menor de edad, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquel, hágase a través de sus iniciales de nombre y apellidos .........; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación)1 1CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. [.]." "Artículo 19 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. [.]." LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES "Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. [.]." "Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos." "Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: [.] XVII. Derecho a la intimidad; [.]." "Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en V. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo,2 su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. [.]." "Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia." "Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos: [.] IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables; [.]." PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) "Capítulo III. Reglas de actuación generales [.] 9. Privacidad El Juez o Jueza debe en la mayor medida posible resguardar la privacidad de toda participación infantil. Esta regla tiene dos implicaciones prácticas: el resguardo de la identidad del niño, niña o adolescente y la privacidad de las diligencias en las que se encuentre presente. En cuanto al resguardo de la identidad de la persona menor de 18 años, el Juez o Jueza debe hacer el mayor esfuerzo por resguardar la identidad del niño, niña o adolescente ante cualquiera que no sea parte del asunto. En particular debe velar que su identidad no sea hecha pública ante los medios de comunicación. [.]." "10. Medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes A petición del niño, niña o adolescente, sus padres o tutor, su abogado, la persona de apoyo, cualquier otra persona pertinente designada para prestar asistencia, o de oficio, el tribunal podrá dictar, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente, una o más de las medidas siguientes para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental de la persona menor de 18 años, y evitar todo sufrimiento injustificado y victimización secundaria: a) Suprimir de las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar de trabajo, profesión o cualquier otra información que pudiera servir para identificar al niño, niña o adolescente; [.]." 2 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, el artículo 3º de la ley de la materia, establece: "Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Por su parte, el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en que se estableció la posibilidad de tramitar de manera electrónica todos los procedimientos seguidos antes los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, lo que incluye al juicio de amparo; acuerdo general que prevé una serie de reglas a las que deben ceñirse los justiciables con el objeto de activar la maquinaria jurisdiccional mediante el denominado "Juicio en Línea". Al respecto, los artículos 3, fracciones I y V, 6, 7, fracción I, 9, 10, 14, primer y segundo párrafo, y 17 del citado acuerdo general, a la letra, establecen: "Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios. [.] V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. [.]." "Artículo 6. Las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de Firma Electrónica, en los términos precisados en este Acuerdo General." "Artículo 7. Es responsabilidad de quien hace uso del Sistema Electrónico del PJF cumplir con lo siguiente: I. Verificar el correcto y completo registro de la información solicitada en los diversos campos de los módulos del Sistema. [.]." "Artículo 9. En los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del PJF, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General y atendiendo a la normatividad aplicable en cada materia." "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." "Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. [.]." "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal." De los preceptos reproducidos se desprende que, para el trámite electrónico de los juicios seguidos antes los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, los justiciables deben acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación,3 en el que podrán presentar toda clase de solicitudes, demandas, recursos, incidentes y promociones en general, las que deberán ingresarse al sistema mediante el uso de "Firma Electrónica" que cuente con los permisos necesarios, a fin de que surtan los mismos efectos que los presentados físicamente con firma autógrafa, con excepción de los casos en que se promuevan demandas de amparo indirecto en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo,4 esto es, contra actos de autoridad que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 3 https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. 4 "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.]."Mexicanos,5 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así pues, dada la naturaleza del trámite del "Juicio en Línea", la expresión de la voluntad de los promoventes debe manifestarse mediante el uso de "Firma Electrónica", la cual, de conformidad con la fracción XVI del artículo 2 del Acuerdo General 12/20206 , debe entenderse como el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. En el caso concreto, la demanda que se atiende incumple con el requisito de procedibilidad antes indicado, pues como se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), programa a través del cual se reciben las demanda y promociones electrónicas presentadas por los justiciables, la demanda carece de certificado de firma electrónica, lo que incide directamente en su admisibilidad, ya que, al no obrar el certificado digital que avale la firma electrónica de quien dice promover tal ocurso, es claro que se carece de elementos 5 "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.]." 6 "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". [.]."objetivos para establecer que ésta fuera suscrita por la persona a quien se atribuye, lo que se traduce en transgresión al principio de instancia de parte que rige en el juicio de amparo. Ello es así, pues la demanda amparo en cuestión no se subsume en el caso de excepción previsto en los artículos 10 y 17 del Acuerdo General 12/2020, pues no se reclama alguno de los actos de autoridad previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, sino que se reclaman actos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; Dirección de Investigación del Delito; perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Querétaro; Fiscal de Acusación e Investigación de la Unidad 2 Fiscalía General del Estado de Querétaro; Agentes de la Dirección de Investigación del Delito; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Gobernador del Estado de Querétaro; Secretario de Salud Federal; Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud; Federal; Secretario de Salud del Estado de Querétaro; Dirección General de Promoción de la Salud; Secretaría de Bienestar Delegación Querétaro; Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Querétaro; dependiente de la Secretaría de Bienestar Delegación Querétaro; y, Dirección General de Promoción de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud Federal, consistentes en la orden de detención, comparecencia o presentación emitida con la menor ........, así como la aprobación, expedición y promulgación de la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, Versión 6. Publicado once de mayo dos mil veintiuno. Sin que sea óbice que, respecto de dicha política nacional de vacunación, se reclame la omisión de contemplar a los menores de dieciocho años; sin embargo, tal cuestión no se encuentra contemplada dentro de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ni en alguno de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el presente juicio no tendría como finalidad directa que se vacunara a la menor quejosa, sino que este fuera incluido en la política de vacunación, una vez que haya sido aprobada, atendiendo a los lineamientos correspondientes para el caso, aunado a que de la lectura integral de la demanda no se advierte que la salud del menor representado actualmente esté comprometida o tenga algún padecimiento de salud que pusiera en peligro su vida. De igual modo, si bien el acceso a la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención del COVID-19, está relacionado con el derecho a la salud, previsto en el artículo 4º constitucional, en el caso el acceso a la salud conforme a la "Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-COV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México", no constituye un acto que importe peligro a la privación de la vida. La Organización Mundial de la Salud, ha establecido que por vacuna se entiende: "[.] cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral". La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de proteger al ser humano contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y, fortalecen el sistema inmunitario. Tras la aplicación de la vacuna, el sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando se expone a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. La Organización Mundial de la Salud, estableció las medidas necesarias para mantenerse y conservar a los demás a salvo del COVID-19, las que son: usar de manera correcta mascarilla; guardar distancia al menos un metro de distancia entre personas; evitar espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos; reunirse al aire libre; evitar lugares abarrotaros; abrir ventanas; lavar periódica y cuidadosamente las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón; evitar tocarse los ojos, la boca y nariz; al toser o estornudar cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo y, limpiar frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad. En el caso, el riesgo de contagio que pueda tener la menor quejosa, no justifica que se actualicen los requisitos para actualizar a la excepción para la presentación de la demanda sin Firma Electrónica. Lo anterior, en virtud de que el riesgo de contagio, por sí mismo no implica que la parte quejosa se encuentre en una situación de riesgo inminente de perdida de la vida o de afectación a su integridad física, en tanto el riesgo que enfrenta, atiende a particularidades distintas en razón de la mayor o menor exposición que tenga, considerando además, las medidas preventivas que adopte y las necesidades o circunstancias en que deba o no realizar sus actividades. Además de lo anterior, debe tomarse en consideración que la sola exclusión del grupo menores y adolescentes en el esquema calendarizado de vacunación que rige en el Estado Mexicano, no pone en riesgo su vida, pues, específicamente tratándose del catálogo de vacunas y dosis que se encuentran disponibles para su aplicación, precisamente va encaminado a colmar la obligación del Estado, para preservar la Salud de los ciudadanos mexicanos; sin embargo, es un hecho notorio para todo habitante, que los insumos, medicamentos de continuidad y preventivos (vacuna) son escasos a nivel mundial, por ende, las organizaciones y secretarias de la salud, han implementado un plan estratégico a fin de aminorar o terminar con el virus denominado COVID-19, comenzando con los que han sido y fueron mayormente afectados, atendiendo a la tasa de mortalidad que es más habitual en los adultos mayores, por ser más frecuente presentar complicaciones pulmonares y cardiovasculares, o infecciones por patógenos, esto es, los síntomas que se han presentado en adultos mayores, niños y adolescentes, han sido de graves a leve, mayormente relacionado a la edad que presenta el paciente, además de los patógenos en particular de cada enfermo. Es por ello, que la sola exclusión del régimen de vacunación, está organizado conforme a las necesidades más apremiantes, sin que ello discrimine el derecho a la Salud que tiene todo ser humano con independencia de la edad, y otros factores, sino que por el contrario, en aras de preservar a la sociedad se adoptó un plan de combate que llevaría a terminar con el virus, atendiendo primeramente a los grupos más vulnerables y dejando al final a los grupos menos vulnerables. Se insiste, la afectación a la salud puede variar según la edad de la persona a vacunar; por ende, toda aplicación, análisis, y autorización debe atender a la cautela de las autoridades sanitarias en protección del derecho a preservar a la salud. Ciertamente, por las particularidades del caso, no es posible asumir que la menor quejosa se encuentra en inminente riesgo de contagiarse del virus COVID-19 y que, por ello, se actualice el caso de excepción para la presentación de la demanda sin Firma Electrónica, pues el hecho de que se aplique o no la vacuna, no necesariamente impide que pueda contagiarse o que se reduzca esa posibilidad. Conforme a lo expuesto, puede concluirse que la quejosa no se encuentra dentro de la hipótesis prevista por el artículo 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que reclama -la omisión de suministrarle la vacuna en contra del virus denominado COVID-19-, no importa, por sí mismo, peligro de privación de la vida, pues el hecho de que a la parte quejosa (grupo de edad al que pertenece) a la fecha no se encuentre en el calendario de vacunación propuesto en el programa respectivo, no necesariamente implica que éste se contagiará, ni mucho menos que, de hacerlo, exista riesgo inminente de perder la vida. Por ende, no puede afirmarse que la vida de la menor quejosa en el caso se encuentra en peligro o riesgo inminente, máxime que no se advierte que a la fecha esté diagnosticado con el virus SAR-COV-2 (COVID-19) y que, en su caso, se le esté negando atención médica, o bien, que padezca alguna enfermedad crónica o que afecte su sistema inmunológico o respiratorio que provoque una vulnerabilidad más allá del que tiene el resto de la población mayor de dieciocho años e infantil (menores de edad) derivado de la actual pandemia. En relación con el peligro a la salud que aduce la parte quejosa, es necesario tener en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2018, determinó en lo que en el estudio atañe, lo siguiente: La atención médica forma parte del derecho a la salud, pues el Pleno de ese Alto Tribunal ha determinado que dicho derecho tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud, entendidos como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, los cuales, dentro de su clasificación, contemplan a la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.  No toda omisión por parte de las autoridades de proporcionar atención médica, necesariamente coloca al quejoso, en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, como aquellos casos en que dicha omisión se relacione con actividades preventivas.  No desconoció que la atención médica requerida, puede relacionarse con alguna lesión o padecimiento que requiera actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, todo lo cual, desde luego, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Por tanto, es claro que, en el caso concreto, no se actualiza alguna causa de excepción para la presentación de la demanda sin Firma Electrónica. Tampoco, en relación con los actos que reclama en primer término, como lo son la orden de detención, comparecencia, presentación o cualquier otra que tenga por objeto privar de la libertad al menor quejoso, pues, del contenido de la demanda se desprende que el mencionado menor de edad, se encuentra gozando de su libertad, de ahí que en términos de lo establecido por el ya referido artículo 126 y 127 de la ley de la materia, no se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en dichas disposiciones en relación con ese acto reclamado. Consecuentemente, dada la falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad señalado, SE DESECHA la demanda de amparo en análisis. VI. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VII. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VIII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, 7 las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. IX. No ha lugar a señalar domicilio y autorizado. No ha lugar a tener por como domicilio procesal y los autorizados los señalados en la demanda de amparo, ya que, al carecerse de elementos para establecer que ésta fuera suscrita 7 "Artículo 12. Oficialías de partes comunes (en adelante "OPC"). En cada edificio sede de órganos jurisdiccionales se habilitarán OPC para la recepción de promociones presentadas físicamente, las cuales se colocarán en los espacios que las respectivas administraciones de los edificios señalen, previa opinión de la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, atendiendo a su accesibilidad para el público en general y a la necesidad de evitar que quienes acuden a presentar promociones y carecen de una cita, transiten hacia áreas cerradas en las que podrían generar mayor concentración de personas. Operarán con las siguientes reglas: [.] VII. Al concluir el turno de la OPC, deberá acudir una persona por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma, a recoger las promociones correspondientes. [.]."por la persona a la que se atribuye, lo mismo sucede respecto de la exteriorización de voluntad de aquélla respecto a la designación de domicilio y autorizados; consecuentemente, practíquese la notificación del presente proveído, así como las de los subsecuentes mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. X. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. XI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. otifíquese.

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