Claudia Nayelly Perez Santana

Expediente 1368/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1368/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Claudia Nayelly Perez Santana
  • Juez Primero de Oralidad Familiaer del Primer Departamento Judicial del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el once de enero de dos mil diecinueve; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    III. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Primero de Oralidad Familiar en Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña, del que se advierte que en autos del expediente 684/2017, dictó dos proveídos, el primero, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en el que acordó el auto admisorio y el segundo, el nueve de enero del año en curso, con el cual se pronunció respecto del escrito presentado el dos de agosto de dos mil dieciocho, ante la responsable, ambos de la aquí quejosa Claudia Nayelli Pérez Santana. Ahora, si bien la parte quejosa se duele de la denegación de justicia de que dijo ser objeto ante la omisión de la responsable de pronunciarse respecto del acuerdo admisorio de demanda del juicio ordinario familiar para que se fije un régimen de convivencia; lo cierto es, que de la revisión de la demanda puede apreciarse que lo que reclama es la omisión de la responsable de pronunciarse por cuanto al escrito presentado ante ésta el dos de agosto de dos mil dieciocho; ahora bien, de las constancias que remitió la responsable, en autos del expediente 684/2017, se advierte el pronunciamientos respecto de la aludida petición que se duele la parte quejosa; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte de la Juez Primero de Oralidad Familiar en Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, consistente en la omisión de pronunciarse respecto del escrito presentado ante la responsable el dos de agosto de dos mil dieciocho, siendo el caso que de las constancias que remitió la citada Juez responsable, en autos del expediente 684/2017, de su índice, se advierte que el nueve de enero del año en curso, se pronunció respecto del escrito presentado ante la responsable, el dos de agosto de dos mil dieciocho, de la aquí quejosa Claudia Nayelli Pérez Santana. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable por acuerdo de nueve de enero del presente año, se pronunció respecto del escrito presentado ante la responsable, el dos de agosto del año próximo pasada, de la aquí quejosa en autos del expediente 684/2017, en el que comisionó al Actuario en turno adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, para que proceda a realizar la notificación, vista, traslado y emplazamiento de Víctor Manuel González Cáceres, ordenados en el acuerdo admisorio, levantando acta circunstanciada al respecto; volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por lo anterior queda sin efecto la fecha y hora que tendrá verificativo la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sin que obste el hecho de que no se haya emplazado al tercero interesado Víctor Manuel González Cáceres, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no le causa afectación alguna. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Visto lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido de que el Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, no ha rendido su correspondiente informe justificado que se le solicitó por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que está transcurriendo el término de quince días que se le otorgó en dicho proveído, ya que fue notificado el treinta de noviembre del año próximo pasado, tal como se advierte de la constancia de notificación correspondiente; ello, en virtud de que se encontraba gozando de su segundo período vacacional, el cual empezó a transcurrir del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, debiendo retornar a sus labores el siete de enero de dos mil diecinueve, circunstancia que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, y a fin de dar margen a que la referida responsable rinda su informe de ley que le fue solicitado en autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Al caso resulta aplicable, la tesis jurisprudencial cuyo rubro es: "PERÍODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO".. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    III. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Nayelly Pérez Santana, contra los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida dicha autoridad, de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora, por lo que respecta a Víctor Manuel González Cáceres, resérvese acordar lo relativo al carácter que le recae en este juicio, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental que anexa la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, para que sea relacionada y tomada en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta, y como sus autorizados para tal fin, a Juan Eduardo Maza Poot y Mario Alberto Rodríguez Martínez, en términos del artículo12 de la Ley de Amparo, y a Verónica Eugenia Ramayo Chi, con las limitaciones que establece la parte final del citado numeral, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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