Claudia Mosqueda Lazcares y Otros.

Expediente 1123/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1123/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Claudia Mosqueda Lazcares y Otros.
  • Claudia Mosqueda Lazcares

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que no obre en auto la pieza postal (26428/2022) de notificación del tercero interesado, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, respecto del oficio que contiene la resolución constitucional dictada en el presente juicio de amparo; en virtud que, como lo refiere el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado; de ahí que, las responsables y las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el caso se decretó el sobreseimiento en el juicio, es evidente que el mismo no afecta a la citada autoridad responsable, por ende, no está legitimada para interponer recurso en contra del referido fallo, por lo que se estima, como se dijo, que el mismo ha causado ejecutoria. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso a), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Claudia Mosqueda Lazcares, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por los motivos que precisados quedaron en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y en atención al proveído de esta misma fecha, emitido en el expediente principal de donde deriva esta incidencia; de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un incidente de suspensión en el que se negó la medida cautelar solicitada; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, como lo indica el diverso numeral 35, del acuerdo General citado, hágase constar en la carátula del presente expediente la leyenda destruible. Toda vez que, el presente se formó por duplicado y separado; procédase a la destrucción de aquél, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Asimismo, realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en tal virtud, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, Director General de la Policía Especializada, con residencia en esta ciudad y Comandante Operativo de la Policía Especializada Regional de la Zona Fraylesca con sede en Villaflores, Chiapas, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informen el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías, debiendo remitir las constancias que emita para tales efectos. En la sentencia constitucional, se concedió la protección de la Justicia Federal, a efecto que: El Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, deje jurídicamente insubsistente la orden de aprehensión dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 146/2019 de su índice, únicamente, por lo que respecta al aquí quejoso Didier Arce Grajales. Reitere lo que no fue motivo de concesión. Con libertad de jurisdicción, determine lo que estime legalmente procedente respecto a la solicitud ministerial de orden de aprehensión únicamente, por lo que respecta al aquí quejoso Didier Arce Grajales; esto es, en caso de que insista en librar el mandato de captura, habrá de justificar la necesidad de cautela. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con lo anterior, en el término fijado, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos, 22/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito para la aplicación de la pena que prevé el artículo 267 de la Ley de Amparo, conforme al numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo dispone el numeral 192 de la Ley de Amparo. "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." NOTIFÍQUESE.

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