Claudia Martínez Valencia
Expediente 510/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2018
Partes del expediente
- Claudia Martínez Valencia
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual informa que ese órgano jurisdiccional insiste en carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa; por tanto, ordenó la remisión del mismo al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, a fin de que dirima el conflicto competencial. Atento a ello, se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en funciones de Juez de Distrito, declina competencia respecto del juicio de amparo indirecto 447/2018, promovido por ***; lo anterior, en virtud que por auto de cinco de abril anterior, ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo. Acúsese el recibo de estilo del expediente referido. ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se advierte la quejosa reclama: -La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la autoridad responsable en el expediente ***, que confirma sancionar económicamente a la quejosa y ordena su ejecución. INCOMPETENCIA En ese tenor, este Juzgado de Distrito, contrario a lo establecido por el homólogo Federal estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal no acepta la competencia declinada por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Lo anterior es así, ya que como anexo a su libelo de amparo, la quejosa adjuntó el oficio *** de trece de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual el Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, le notificó como Síndico Municipal de Ozumba, México, la resolución reclamada, de la cual se colige se encuentra ubicada en ***; en esa virtud la ejecución del acto de que se duele se llevará a cabo en ese lugar; por tanto, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se trate de ejecutar el acto reclamado. Sentado lo anterior, es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, dado que el acto que combate la quejosa, se ejecutará en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Ello, sin que pase inadvertido que en su escrito de demanda la quejosa haya señalado como autoridades responsables a las siguientes: "Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura del Estado De México Contralor del Poder Legislativo del Estado De México." Pues, de las constancias que integran el presente juicio se colige que la resolución que confirma la sanción económica impuesta a la quejosa en su carácter de Síndico Municipal de Ozumba, Estado de México, se ejecutará en ese municipio, por ser el lugar donde ésta laboró. De ahí que, con independencia del domicilio en que residen las autoridades responsables (Toluca); lo cierto es que su ejecución tendrá lugar en Ozumba, Estado de México, lo que se corrobora con el oficio *** de trece de febrero de dos mil dieciocho, relativo a la notificación practicada a la quejosa en el domicilio ubicado en Calle ***. En esas condiciones, dado que este juzgado de distrito no podría válidamente, pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, por considerar que el Juez declinante es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada y se ordena la devolución de los presentes autos; se solicita al homólogo oficiante gire sus apreciables órdenes a quien corresponda a efecto de que acuse recibo y se comunique a este juzgado si insiste o no en declinar competencia legal, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se le tienen las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, por así solicitarlo. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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