Claudia Martínez Montes

Expediente 414/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
414/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Claudia Martínez Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal que guarda Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto por el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Firmeza del auto En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- FIRME SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su presidenta, al que adjunta diversas constancias que guardan relación con el acto; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal. Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Personalidad del promovente. En un diverso orden de ideas, con fundamento en el numeral 11 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de ***, como apoderado legal de la quejosa ***, acorde con la copia certificada del auto de diez de marzo de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral ***, constancia que fue solicitada dentro del auto de admisión, de ahí que se tenga por satisfecho el requerimiento efectuado en el auto de mérito. Causales de improcedencia y sobreseimiento. En ese mismo orden de ideas, ténganse por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento que refiere, las cuales serán analizadas en párrafos que preceden. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar cierre de instrucción dentro del juicio laboral ***. Omisión de dictar laudo. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjunta a su informe justificado, que obra en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que en dos de febrero de dos mil veintitrés, la junta responsable dictó acuerdo en el que decreto el cierre de instrucción y se ordenó turnar los autos para el proyecto de resolución en forma de laudo, auto que fue notificado por medio de boletín a la parte quejosa en tres de febrero del actual; así mismo se advierte que en tres de abril de dos mil veintitrés, se dictó el laudo correspondiente, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa consistente en la omisión de decretar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral ***, nunca existió, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, no existía la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa por parte de la responsable, determinación que, incluso, le fue notificada mediante boletín judicial en tres de febrero de dos mil veintitrés; con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por no existir materia de estudio que originó el juicio de garantías y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Apoya a lo anterior, la diversa tesis IV.3o.72K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Tomo XIII, página 254, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, la cual establece literalmente lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Aunado a lo anterior, si la parte accionante de amparo, de igual manera, reclamó la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral ***, es dable concluir que la molestia en su esfera jurídica ha cesado, pues en tres de abril del año en curso, la responsable dictó la resolución en forma de laudo, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Justificación. Lo anterior es así, pues mediante demanda de amparo presentada el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés y turnada a esta sede al día inmediato siguiente (veintidós de marzo del actual), ***, por conducto de su apoderado legal, señaló como actos reclamados la omisión de dictar cierre de instrucción dentro del juicio laboral ***, así como de dictar laudo. Sin embargo, del informe de ley, se advierte que en fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, la responsable emitió el acuerdo correspondiente para decretar el cierre de instrucción y turnar los autos para el proyecto de sentencia en forma de laudo, determinación que fue notificada a la parte quejosa, a su vez, parte actora y a la parte demandada por medio de boletín judicial en tres de febrero del actual; así mismo, en tres de abril de dos mil veintitrés, la responsable dicto el laudo correspondiente. En tal sentido, es dable concluir que a la fecha de presentación de la demanda no existía la omisión que reclama la parte quejosa por lo que hace a decretar el cierre de instrucción y dejó de existir, posteriormente, en torno a la omisión de dictar laudo; aunado a que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Conclusión. En las condiciones anotadas con fundamento en los artículos 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, por una parte, no existían y, por otra, han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En el mismo orden de ideas, no constituye un obstáculo para arribar a la conclusión alcanzada, el hecho de que no obre agregada en autos la constancia fehaciente con que se acredite que la responsable haya notificado el laudo a las partes dentro del expediente laboral ***. Lo anterior, en virtud de que dicha circunstancia no trasciende al resultado de la presente determinación; además de que al momento de la notificación del acuerdo por el que se recibió el respectivo informe justificado se dio vista a la parte tercera interesada con el contenido de dicho laudo, permitiéndole hacer valer los medios de defensa correspondientes. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro se transcribe a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- AUTORIDAD RINDE INFORME Y SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por conducto de su presidenta, al que adjunta diversas constancias que guardan relación con el acto; lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal. Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Personalidad del promovente. En un diverso orden de ideas, con fundamento en el numeral 11 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de ***, como apoderado legal de la quejosa ***, acorde con la copia certificada del auto de diez de marzo de dos mil veinte, dictado dentro del juicio laboral ***, constancia que fue solicitada dentro del auto de admisión, de ahí que se tenga por satisfecho el requerimiento efectuado en el auto de mérito. Causales de improcedencia y sobreseimiento. En ese mismo orden de ideas, ténganse por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento que refiere, las cuales serán analizadas en párrafos que preceden. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar cierre de instrucción dentro del juicio laboral ***. Omisión de dictar laudo. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjunta a su informe justificado, que obra en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que en dos de febrero de dos mil veintitrés, la junta responsable dictó acuerdo en el que decreto el cierre de instrucción y se ordenó turnar los autos para el proyecto de resolución en forma de laudo, auto que fue notificado por medio de boletín a la parte quejosa en tres de febrero del actual; así mismo se advierte que en tres de abril de dos mil veintitrés, se dictó el laudo correspondiente, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa consistente en la omisión de decretar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral ***, nunca existió, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, no existía la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa por parte de la responsable, determinación que, incluso, le fue notificada mediante boletín judicial en tres de febrero de dos mil veintitrés; con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por no existir materia de estudio que originó el juicio de garantías y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Apoya a lo anterior, la diversa tesis IV.3o.72K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Tomo XIII, página 254, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, la cual establece literalmente lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Aunado a lo anterior, si la parte accionante de amparo, de igual manera, reclamó la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral ***, es dable concluir que la molestia en su esfera jurídica ha cesado, pues en tres de abril del año en curso, la responsable dictó la resolución en forma de laudo, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Justificación. Lo anterior es así, pues mediante demanda de amparo presentada el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés y turnada a esta sede al día inmediato siguiente (veintidós de marzo del actual), ***, por conducto de su apoderado legal, señaló como actos reclamados la omisión de dictar cierre de instrucción dentro del juicio laboral ***, así como de dictar laudo. Sin embargo, del informe de ley, se advierte que en fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, la responsable emitió el acuerdo correspondiente para decretar el cierre de instrucción y turnar los autos para el proyecto de sentencia en forma de laudo, determinación que fue notificada a la parte quejosa, a su vez, parte actora y a la parte demandada por medio de boletín judicial en tres de febrero del actual; así mismo, en tres de abril de dos mil veintitrés, la responsable dicto el laudo correspondiente. En tal sentido, es dable concluir que a la fecha de presentación de la demanda no existía la omisión que reclama la parte quejosa por lo que hace a decretar el cierre de instrucción y dejó de existir, posteriormente, en torno a la omisión de dictar laudo; aunado a que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Conclusión. En las condiciones anotadas con fundamento en los artículos 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, por una parte, no existían y, por otra, han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En el mismo orden de ideas, no constituye un obstáculo para arribar a la conclusión alcanzada, el hecho de que no obre agregada en autos la constancia fehaciente con que se acredite que la responsable haya notificado el laudo a las partes dentro del expediente laboral ***. Lo anterior, en virtud de que dicha circunstancia no trasciende al resultado de la presente determinación; además de que al momento de la notificación del acuerdo por el que se recibió el respectivo informe justificado se dio vista a la parte tercera interesada con el contenido de dicho laudo, permitiéndole hacer valer los medios de defensa correspondientes. En lo conducente se invoca como apoyo a lo anterior y por analogía, la jurisprudencia 2a./J.36/99 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro se transcribe a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA". Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- AUTORIDAD RINDE INFORME Y SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Recepción del escrito inicial. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, por conducto de su apoderado ********************, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 414/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Admisión de demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Autoridad responsable. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral ****************. Omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral *********************. Cabe hacer notar que la anterior precisión de los actos reclamados, se realiza de manera preliminar y sin perjuicio de que en la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, éstos sean fijados, con base en la totalidad de la información y las constancias que obren en este expediente con motivo de su tramitación, puesto que ello se debe armonizar con los datos que emanan del escrito de demanda, a efecto de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Del incidente de suspensión. Atento lo estatuido por el numeral 128 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la legislación en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación al acto reclamado, en el entendido de que podrá optar por remitir dichas documentales de manera digitalizada, con la precisión de que deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que éstas, son copia íntegra e inalterada del documento impreso (copia certificada u original). Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le atribuye y con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Presentación del informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federal o vía correo electrónico En aras de una pronta impartición de justicia, se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 10jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que, de presentarse promociones o recurso a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, página 2537, registro digital 2023740, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)." Sanción ante manifestaciones falaces En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale el código penal aplicado en materia federal. Clasificación de la información que se remita como apoyo al informe justificado Asimismo, en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberá remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. De la audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con diez minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Instrucciones para comparecer a la audiencia constitucional Se hace del conocimiento de las partes que, para el caso de ser su deseo comparecer a la audiencia constitucional, deberá presentar solicitud por escrito a más tardar tres días hábiles antes de la fecha programada para su desahogo (puesto que se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas pertinentes con anticipación), en el que deberán proporcionar una dirección de correo electrónico, a la que se les enviará una invitación para unirse a la sesión que se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX". Así, en caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo comparecer o hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y forme por el personal de este órgano. Intervención del Agente del Ministerio Público de la adscripción Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercera interesada Este juzgado federal considera que en el caso no es necesario llamar al presente juicio de amparo como tercero interesada a la contraparte del quejoso quien es parte demandada en el juicio de origen, ya que la sentencia, que en su caso se dicte en el fondo del asunto, no le irroga perjuicio alguno, en atención a la tesis de jurisprudencia VI.T.J/1 (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, registro 2000923, Página 1751, de rubro se lee: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J.90/2010)." Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, acorde con lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De las pruebas Conforme a lo establecido en el numeral 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la prueba documental que anexa a su demanda, la cual se desahoga en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. De la personalidad del promovente. A fin de acreditar la personalidad con la que se ostenta, con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo y como lo solicita la promovente, se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a **************************, quien se ostenta como apoderada legal de la directa quejosa *************************, parte actora dentro del juicio laboral ***************. Apercibimiento a la autoridad responsable. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en relación con lo estipulado en el numeral 254 de la ley de la materia. Apercibimiento al promovente de amparo. En la inteligencia que, en caso de que el promovente no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y con soporte en lo previsto en los dispositivos 238 y 240 de la legislación en consulta. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a los profesionistas que señala en el escrito de cuenta, en razón de que se trata de un asunto en materia laboral, en el que la accionante de amparo es la parte trabajadora, por lo que no es necesario que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados en términos restringidos Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para los efectos de oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos, a las diversas personas que menciona en el escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- ADMISION (OMISION DE DICTAR CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y LAUDO)", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano y por oficio a las autoridades responsables.

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