CLAUDIA MARTHA MONTANÉ HERNÁNDEZ y Otros.
Expediente 362/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- CLAUDIA MARTHA MONTANÉ HERNÁNDEZ y Otros.
- JORGE GARCÍA CONTRERAS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales que procedan, a través del cual comunica que dicho órgano constitucional aceptó la competencia declinada y acusa recibo del diverso 1027/2015-III, con la que se remitió el juicio de amparo 362/2015-III, promovido por José A. Priego Miranda, apoderado legal de la parte quejosa; en tales condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses pues carece de relevancia documental, por lo que se establece como fecha probable para tal efecto el quince de octubre de dos mil quince.
- Principal
"...Así las cosas, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud de tratarse de un auto que puso fin al juicio; por ende, materia del juicio de amparo directo. Al respecto, cabe citar el contenido de los artículos 170 y 34 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." En el caso concreto, como se dijo, el acto reclamado estudiado (audiencia de conciliación, demanda y excepción, ofrecimiento y admisión de pruebas de once de febrero de dos mil quince) se considera, para los efectos que prevén los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, no puede ser materia de estudio en amparo indirecto, pues puso fin al expediente laboral 1192/2009; por lo tanto, sólo es susceptible de ser combatido por medio del juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al ser de aquellas resoluciones que ponen fin al juicio. En virtud de lo anterior, se estima que la competencia para conocer de la presente demanda se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, en términos de lo que establecen los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la que, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la ley de la materia, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio. En consecuencia, envíese el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales antes mencionados, para que se sirva remitirlo al órgano que por turno corresponda su conocimiento y pueda éste proveer lo conducente; solicitándole que una vez en su poder, de no existir inconveniente legal, acuse el recibo de estilo. Fórmese cuaderno de antecedentes de las constancias necesarias deducidas de este expediente y autógrafa de este acuerdo.
- Principal
"...Así las cosas, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud de tratarse de un auto que puso fin al juicio; por ende, materia del juicio de amparo directo. Al respecto, cabe citar el contenido de los artículos 170 y 34 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." En el caso concreto, como se dijo, el acto reclamado estudiado (audiencia de conciliación, demanda y excepción, ofrecimiento y admisión de pruebas de once de febrero de dos mil quince) se considera, para los efectos que prevén los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, no puede ser materia de estudio en amparo indirecto, pues puso fin al expediente laboral 1192/2009; por lo tanto, sólo es susceptible de ser combatido por medio del juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al ser de aquellas resoluciones que ponen fin al juicio. En virtud de lo anterior, se estima que la competencia para conocer de la presente demanda se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, en términos de lo que establecen los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la que, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la ley de la materia, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio. En consecuencia, envíese el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales antes mencionados, para que se sirva remitirlo al órgano que por turno corresponda su conocimiento y pueda éste proveer lo conducente; solicitándole que una vez en su poder, de no existir inconveniente legal, acuse el recibo de estilo. 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- Principal
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