Claudia Marlen Isasi Enriquez

Expediente 484/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
484/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Claudia Marlen Isasi Enriquez

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Claudia Marlen Isasi Enríquez, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el doce de mayo del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Claudia Marlen Isasi Enríquez, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; regístrese bajo el número 484/2022-III. Ahora bien, del análisis de la demanda aquí presentada, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113 de la misma legislación, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, precisa citar los dispositivos en que se funda la causal de improcedencia anunciada, los cuales en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte ." De los preceptos transcritos se aprecia, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V, de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana o bien mediante el juicio de amparo directo. Ahora bien, del análisis integral de la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama una omisión en la tramitación de procedimiento laboral en el que figura como parte actora, ello significa que las violaciones aducidas derivan de un procedimiento en forma de juicio instaurado por la aquí doliente. En ese contexto, como la omisión que reclama la parte quejosa, si bien se traduce en transgresión al artículo 17 constitucional, empero no puede reclamarse de forma autónoma, pues emerge de un juicio laboral, promovido por la aquí agraviada y se han realizado diversos trámites; luego, con independencia del estado procesal del juicio de instancia, la dilación en la integración del procedimiento obrero aludido no se advierte que revista el carácter de imposible reparación, sino que constituye una afectación de índole procesal, que puede ser reparada con el fallo que en su momento se dicte o bien impugnable cuando se emita el laudo correspondiente. En efecto, con el propósito de que sea procedente el amparo indirecto, es necesario que la violación formal se traduzca de manera directa e inmediata a un derecho sustantivo que impida en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Cabe mencionar que cuando un particular se duele de afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. No pasa inadvertido para este juzgador las molestias que generen al gobernado las dilaciones de la responsable en integrar el juicio de origen hasta su conclusión; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo, pues el quejoso es parte actora en un juicio laboral que se encuentra en trámite; dicha afectación no puede verse de forma autónoma sino dentro del procedimiento acorde a las etapas que se desarrollan en el mismo, salvo que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional y Común, que en su rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Bajo esa óptica, si la impetrante se duele de la omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de dictar el proveído respectivo en el que se señale fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente administrativo laboral 709/6/2021, este juzgado no advierte una dilación en el procedimiento o su paralización total. Para ello se trae a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis número 294, en la cual consideró lo siguiente: ".a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia número 2a./J 33/2019 (10a), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En razón de lo antes expuesto, a la fecha existe criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuanto transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Luego, la dilación procesal de que se duele la parte quejosa consistente en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de dictar el auto que señale hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter de adjetivo sin que se advierta una excesiva dilación de procedimiento. Esto es así, ya que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el día dos de mayo de dos mil veintidós, no se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas toda vez que la Junta responsable no laboró ese día; sin embargo, no se puede estimar como una dilación excesiva, pues el lapso transcurrido entre la indicada fecha y la de la presentación de la demanda de amparo, a saber, once de mayo de dos mil veintidós, solo transcurrieron nueve días naturales; por tanto, atendiendo el término definido por el alto tribunal, no se considera que se haya paralizado totalmente el juicio o exista una abierta dilación del mismo y, por ende, violación al artículo 17 constitucional. De lo expuesto con anterioridad, se advierte que no se surte el supuesto de que el acto reclamado resulte de imposible reparación si se tiene en cuenta que dicho acto reclamado sólo tiene efectos adjetivos, pues no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa a la quejosa, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que dicha afectación no se produce en forma independiente, sino dentro de un procedimiento en el que la parte accionante es parte, sin que este órgano de control constitucional advierta de la demanda de derechos fundamentales que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización. En tal virtud, por actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Claudia Marlen Isasi Enríquez, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio del agraviado para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere en su ocurso, por tratarse de la parte trabajadora en materia laboral. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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