Claudia Maricela Ramirez Villegas

Expediente 1342/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1342/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Claudia Maricela Ramirez Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Por recibido el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Acuerdo. Atento a su contenido, se le tiene por informando que dicho tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por la Consejera Jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual quedó registrado como amparo en revisión administrativo 723/2022; por otro lado, informa que se desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por la Directora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Claudia Maricela Ramírez Villegas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que antecede con relación a la aclaración de su demanda de amparo. Improcedencia. Ahora bien, al examinar integralmente la demanda y su aclaración, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que conduce a su desechamiento como enseguida se explica. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así pues, del análisis integral que se efectúa a la demanda y su escrito de aclaración, se obtiene que los actos reclamados por la parte quejosa Claudia Maricela Ramírez Villegas, versan esencialmente sobre los oficios números SMBT/039/2021 y HGT/RH/736/2021, por los cuales se decreta su baja o expulsión de la bolsa de trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servició del Estado (ISSSTE). Al respecto, los actos en cuestión no son combatibles mediante la vía de amparo, pues en el caso, este juzgador considera que no actos de autoridad, razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I; y 5, fracción II, como se pasa a demostrar. En principio, conviene señalar lo que disponen los indicados artículos cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tales, aquellos que emiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Así, para efectos de dilucidar si en el caso nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Del criterio a que se ha hecho alusión, se advierten las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. II. Que la relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y; en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, conviene precisar el contenido de diversos artículos del Reglamento de Bolsa de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 1. El presente "Reglamento" tiene por objeto establecer las disposiciones para el registro e ingreso de candidatos al Instituto para ocupar plazas vacantes declaradas desiertas en puestos pie de rama, únicos y escalafonarios y se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y en las disposiciones aplicables contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 2. Las disposiciones de este "Reglamento" son de observancia obligatoria y de interés común entre el Instituto, Sindicato, Comisión, Subcomisión, Aspirante y Candidato, en los términos de las disposiciones aplicables en materia de planeación de recursos humanos, escalafón y bolsa de trabajo. Artículo 3. Para los efectos de este "Reglamento" se entenderá por: (.) Bolsa de Trabajo. Instrumento bipartita organizado en cada Unidad Administrativa Central o Desconcentrada y en los Hospitales Generales en el Distrito Federal por Registros de propuesta institucional y sindical y Listados de candidatos tipo cronológico y puntuación que aspiran ingresar al Instituto para ocupar plazas vacantes declaradas desiertas en puestos pie de rama, únicos o escalafonarios. Candidato. Aspirante que ha cubierto los requisitos necesarios para ingresar al Instituto y por lo mismo se encuentra registrado en la Bolsa de Trabajo, con la sola expectativa de ocupar plaza vacante declarada desierta en puesto pie de rama, único o escalafonario, y sin que ello implique relación laboral alguna entre ambos. Listado. Subdivisiones del Registro en las cuales se inscriben por separado los candidatos de tipo cronológico y puntuación, una vez que hayan cumplido con los requisitos que establece el "Reglamento" (.)". "Artículo 4. La Bolsa de Trabajo tendrá como objetivo primordial reclutar a personas idóneas para cada puesto que por su escolaridad, trayectoria laboral, buena actitud y honestidad puedan ser consideradas candidatos para ocupar plazas en el Instituto, quienes contarán con la sola expectativa de trabajar para el mismo y sin que ello implique relación laboral alguna con éste". "Artículo 13. Durante los meses de enero y julio la Subcomisión refrendará los registros de bolsa de trabajo, calificará los elementos de valoración previstos en el artículo anterior y actualizará el Registro de Bolsa de Trabajo de acuerdo con lo siguiente: I. Elaborará un calendario para que durante los meses de enero y julio realice el Refrendo de registros, el cual en forma previa deberá darlo a conocer a los candidatos; II. Refrendará por medio del secretario técnico el registro del Candidato con el sello oficial de la Subcomisión, una vez que haya reunido los requisitos señalados en el "Reglamento" y haber realizado el cotejo de los documentos originales y sus copias que para tal efecto se le presenten; III. Integrará por medio del secretario técnico los expedientes de los candidatos con la documentación relativa a la obtención de su registro, y IV. Realizará durante los meses de febrero y agosto la actualización de los registros de Bolsa de Trabajo de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 del presente Reglamento". "Artículo 18. Todo Candidato registrado en la Bolsa de Trabajo de la Subcomisión para continuar vigente en la misma deberá cumplir con los requisitos siguientes: I. Presentarse en la Subcomisión a obtener el Refrendo durante los meses de enero y julio de cada año, de acuerdo al calendario que fije la misma, con su Constancia de Registro con el sello de Refrendo inmediato anterior, independientemente de la fecha en que se haya formalizado el trámite de su inscripción; II. Cubrir guardias y/o suplencias en el Instituto, sin haberse negado por más de dos veces durante el año inmediato anterior en que lo haya convocado el titular del Centro de Trabajo que corresponda, mismas que deberán ser comprobadas por éste y por la representación sindical respectiva, dando vista a la Subcomisión, y III. Desempeñarse bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público en las funciones que se le encomienden durante la prestación de sus servicios bajo el régimen de interinato, guardias o suplencias". "Artículo 46. A la Subcomisión corresponden las funciones siguientes: I. Vigilar que se cumplan los objetivos, normas y procedimientos en el ámbito de su competencia que el "Reglamento" señala y los que determine la Comisión estableciendo para ello los mecanismos de control, supervisión, evaluación y aplicación necesarios; II. Establecerse formalmente como Subcomisión y enviar a la Comisión el acta constitutiva que lo acredite, en un lapso no mayor a 10 días hábiles a partir de que se realicen los cambios de representantes; III. Revisar que se lleve a cabo la integración y registro de candidatos en la Bolsa de Trabajo de la Subcomisión en apego a lo dispuesto por el "Reglamento"; IV. Verificar que el número de registros en la Bolsa de Trabajo sea en apego al artículo 6 del "Reglamento"; V. Recibir los recursos de inconformidad que se le presenten por los candidatos en los tiempos y formas que el "Reglamento" dispone; VI. Enviar a la Comisión los expedientes derivados de los recursos de inconformidad que se le presenten en los tiempos y formas que dispone el "Reglamento"; VII. Realizar la Nominación de candidatos de acuerdo con lo establecido en el "Reglamento"; VIII. Depurar y actualizar su Registro en Bolsa de Trabajo durante los meses de febrero y agosto de cada año, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 del "Reglamento"; IX. Integrar los expedientes de los candidatos en el orden que describa el instructivo que emita la Comisión; X. Enviar su registro de Bolsa de Trabajo a la Comisión durante los meses de marzo y septiembre de cada año; XI. Remitir a la Comisión un informe bimestral de las actividades realizadas en la Subcomisión durante los primeros 5 días hábiles posteriores al término del periodo; XII. Cumplir con las disposiciones aplicables, así como lo dispuesto en el "Reglamento"; XIII. Brindar orientación al Candidato para la presentación del Recurso de Inconformidad en los términos previstos en el "Reglamento"; XIV. Suspender el procedimiento de Nominación o el trámite de ingreso del Candidato, cuando se le presente Recurso de Inconformidad sobre la plaza objeto de ello; XV. Realizar todas las acciones necesarias para la mejor organización y funcionamiento de la Subcomisión; XVI. Enviar a la Comisión el directorio de los integrantes de la Subcomisión de forma trimestral, en caso de que hayan existido cambios de representantes; XVII. Remitir a la Comisión los datos estadísticos que la misma le requiera; XVIII. Firmar toda la documentación que se genere en el seno de la misma; XIX. Informar por escrito a la Comisión, las causas de desviaciones que se presenten a lo que estipula el "Reglamento" o sobre las resoluciones que emita la Comisión, y XX. Enviar a la Comisión durante los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año el calendario de sesiones de la Subcomisión debidamente firmado por todos sus integrantes". De dichos dispositivos se obtiene que el Reglamento de Bolsa de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene por objeto establecer las disposiciones para el registro e ingreso de candidatos al Instituto para ocupar plazas vacantes declaradas desiertas en puestos pie de rama, únicos y escalafonarios. Asimismo, que dicho instrumento normativo fue expedido en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y en las disposiciones aplicables contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese contexto, las disposiciones de dicho reglamento son de observancia obligatoria y de interés común entre el Instituto, Sindicato, Comisión, Subcomisión, Aspirante y Candidato, en los términos de las disposiciones aplicables en materia de planeación de recursos humanos, escalafón y bolsa de trabajo. En ese sentido, se entenderá como candidato, la persona que en su carácter previo de aspirante, cubrió los requisitos necesarios para ingresar al aludido Instituto y por lo mismo se encuentra registrado en la Bolsa de Trabajo, con la sola expectativa de ocupar plaza vacante declarada desierta en puesto pie de rama, único o escalafonario, y sin que ello implique relación laboral alguna entre ambos. En esa tesitura, la bolsa de trabajo constituye el instrumento bipartita organizado en cada Unidad Administrativa Central o Desconcentrada y en los Hospitales Generales por registros de propuesta institucional y sindical, y por los listados de candidatos tipo cronológico y puntuación, que aspiran ingresar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para ocupar dichas plazas vacantes. Asimismo, los listados son las subdivisiones del registro en las cuales se inscriben por separado los candidatos de tipo cronológico y puntuación, una vez que hayan cumplido con los requisitos que establece el aludido reglamento. En ese sentido, la Bolsa de Trabajo tiene como objetivo primordial reclutar a personas idóneas para cada puesto que por su escolaridad, trayectoria laboral, buena actitud y honestidad puedan ser consideradas candidatos para ocupar plazas en el referido Instituto, quienes contarán con la sola expectativa de trabajar para el mismo y sin que ello implique relación laboral alguna con este. En consecuencia, corresponde a la Subcomisión Mixta de Trabajo, la correcta integración y vigilancia de la Bolsa de Trabajo respectiva, a efecto de que se cumpla lo establecido en el reglamento de mérito. Finalmente, que dichos registros de bolsa de trabajo deberán ser refrendados durante los meses de enero y julio por dicha Subcomisión, quien calificará y actualizará el Registro de Bolsa de Trabajo, con base en los elementos de valoración previstos en dicho reglamento. En atención de lo anterior, es inconcuso que en el caso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que el acto que se le reclama, no puede atribuírsele como en uso de su potestad de imperio, sino como organismo reclutador de personas, a efecto de que autorice, vigile y supervise su registro en una bolsa de trabajo, con la sola expectativa de llegar a ocupar una plaza vacante la cual se haya declarado desierta en puesto pie de rama, único o escalafonario. De esta forma, aunque el reglamento que prevé todo lo relativo a la referida bolsa de trabajo, deriva directamente de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, lo cierto es que en términos de lo dispuesto en tal ordenamiento jurídico, al tratarse de una simple expectativa de trabajo, no puede afirmarse que hasta este momento la quejosa guarda una relación laboral con dicho Instituto. No obstante, la quejosa y las autoridades responsables sí guardan una relación de coordinación, la cual si bien fue entablada con el Estado, se realizó en su carácter de particular, y por tanto, ambos actúan en un mismo plano. Esto, pues como quedó expuesto, los candidatos registrados que forman parte de la Bolsa de Trabajo, se encuentran obligados al cumplimiento de diversos requisitos, tanto para su ingreso como para su permanencia (en el entendido de que llegado el momento, podrán ocupar una plaza dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, momento en el cual sí se encontrarán ante una relación de subordinación con dicho instituto), los cuales serán materia de análisis y vigilancia por parte de la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo de dicho instituto, a efecto de que se lleve a cabo la correcta integración y registro de candidatos en la Bolsa de Trabajo, y de ser necesario, se impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas en el reglamento respectivo, encontrándose las partes en un mismo nivel, y por tanto, es inconcuso que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.15o.A.36 K emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro electrónico 168507, visible en la página 1316 del Tomo XXVIII, noviembre de 2008, materia común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere lo siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". También, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito visible en la página 1956 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, Décima Época, con registro 2011343, que dice lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En ese contexto, si la solicitante de amparo pretende combatir su baja de la bolsa de trabajo de la que fue objeto, empero, no es procedente la presente instancia constitucional, toda vez dicho acto y las omisiones relacionadas con el mismo no derivan propiamente de las facultades de imperio del Instituto responsable, sino en todo caso, en un plano de coordinación, y por tanto, resulta improcedente en el presente juicio al no tratarse de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Apoya a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 10/90, emitida por el Tribunal Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 205,876, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Así como por su contenido, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, con número de registro 2011298, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Se cita por las razones que la integran, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro electrónico 250887, visible en la página 145, Volumen 145-150, Sexta Parte, materia administrativa, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que prevé lo siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. CUANDO NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (ARRENDAMIENTO). Cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado celebra contratos de arrendamiento con sus derechohabientes, respecto de los departamentos ubicados en las unidades habitacionales que administra, dicho instituto no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo, ya que no tiene facultades de imperio para hacer cumplir las cláusulas a las cuales se sujetaron los diversos contratos de arrendamiento celebrados entre el propio instituto y sus derechohabientes, puesto que la relación jurídica que existe entre ambas partes es meramente contractual, es decir, del instituto como arrendador y de los derechohabientes como arrendatarios, obligándose cada parte en los términos expresados en las cláusulas de cada contrato de arrendamiento y, además, conforme a los contratos de referencia, las partes contratantes se someten expresamente a los tribunales respectivos, surtiéndose en el caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. fracción I, y 11, del propio ordenamiento legal." Finalmente, no sobra señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de la contradicción de tesis 193/2007, analizó un tema similar al que nos ocupa, señalando en lo conducente lo siguiente: "Ahora bien, en el caso en particular como se ha señalado, el punto de contradicción consiste en determinar si el recurso de inconformidad previsto en los artículos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe o no agotarse antes de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a impugnar la resolución que emita la Subcomisión Mixta de Escalafón, en relación con los procedimientos escalafonarios que ante ella se sigan. En el presente asunto, al igual que en el analizado por el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 35/2000, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 114/2001, transcrita con anterioridad, el conflicto surge de situaciones derivadas del vínculo jurídico existente entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su trabajadores; es decir, en su calidad de patrón y trabajador, en donde ambos actúan desprovistos de imperio, por lo que al igual que en aquella ocasión, no existe justificación alguna para condicionar el acceso efectivo a la justicia que corresponde administrar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en la vía jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, al agotamiento previo del recurso de inconformidad a que se refieren los artículos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalafón mencionado, puesto que tal recurso realmente tiene por objeto dirimir un conflicto entre particulares (patrón-trabajador), ya que en situaciones como la que se alude, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encuentra desprovisto de la calidad de autoridad que en algunas otras situaciones pudiera tener, máxime cuando del propio texto del último de los numerales se desprende que tal recurso de inconformidad resulta optativo para el trabajador. En efecto, el Reglamento de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su capítulo V, denominado "Del procedimiento escalafonario", establece lo siguiente: (.) Los numerales anteriores establecen el procedimiento que debe seguir la Subcomisión Mixta de Escalafón correspondiente, para el ascenso a un nivel o rango superior, respecto de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (.) Como se puede advertir, no obstante que en el ordenamiento a que se hace mención se establece como medio de defensa, dentro del procedimiento escalafonario, el recurso de inconformidad, tal medio de defensa de modo alguno puede tener el carácter de obligatorio, ya que, independientemente de que en principio tiene por objeto dirimir una controversia suscitada entre partes que acuden en un mismo plano de igualdad, sin imperio (patrón-trabajador), puesto que el referido reglamento de escalafón se encuentra suscrito por el titular de la dependencia (ISSSTE) y el representante del sindicato respectivo, en términos del artículo 49 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, lo que significa que el reglamento mencionado no es sino un mero acuerdo de voluntades, en donde los firmantes (patrón y trabajadores) acuden en un mismo plano de igualdad, por lo que el recurso de inconformidad no puede tener la fuerza legal equiparable a una resolución jurisdiccional, para que resulte obligatorio agotar tal recurso ante la Subcomisión Mixta de Escalafón, máxime que del texto mismo del propio reglamento se desprende que se le deja la opción al trabajador de agotarlo o no, tal como lo señaló con acierto el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, dado que el artículo 90 antes mencionado, señala que los trabajadores "podrán" inconformarse contra las resoluciones de la subcomisión, lo que significa que tal medio de defensa no es obligatorio. (.) Atento a ello, es inconcuso que no se hace necesario agotar el recurso de inconformidad a que se refieren los artículos 56, 57 y 90 del Reglamento de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, antes de acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a realizar la impugnación correspondiente, puesto que como se ha destacado, no se encuentra justificada la existencia constitucional de tal recurso, ya que tiene como única finalidad dirimir una controversia entre particulares; es decir, entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus trabajadores, en una situación en la que se encuentra aquél desprovisto de imperio, además de que, como se ha reiterado, queda a la libre voluntad del trabajador acudir o no al recurso de inconformidad mencionado, dejando expedito su derecho para acudir directamente ante los tribunales del trabajo a dirimir la controversia que se derive del procedimiento escalafonario correspondiente". Por lo anterior, es inconcuso que en el caso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que en términos de lo determinado en el criterio anteriormente transcrito, el Reglamento de la Bolsa de Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encuentra suscrito por el titular de dicha dependencia y por el representante del sindicato respectivo, en términos del artículo 49 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, lo que significa que el reglamento mencionado no es sino un mero acuerdo de voluntades, en donde los firmantes acuden en un mismo plano de igualdad. En tales condiciones, es inconcuso que el juicio constitucional es improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5°, fracción II, todos de la ley de la materia; por tanto, con base en el numeral 113 de la legislación en cita, se desecha la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la promovente que no sólo deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágasele ver que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos, en la versión pública de esta resolución se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 417/2020-VII-B, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 179/2022, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a las consideraciones expuestas en el considerando tercero, de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se declara firme la sentencia recurrida". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por otro lado, no se requiere el cumplimiento a las autoridades legislativas Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de septiembre de dos mil veintidós. Cheque a disposición. Agréguese a sus antecedentes, el comunicado de cuenta signado por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que emitió en favor de la parte quejosa David Alejandro Tinoco Díaz, el cheque número 27514, por la cantidad de $26,837.00 (veintiséis mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional), el cual se encuentra a su disposición en las oficinas de dicha dependencia. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que acuda a la oficina que se indica, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda; asimismo, se le da vista con constancias que obran en el presente juicio de amparo, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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