Claudia María Violante Villanueva

Expediente 520/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Claudia María Violante Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en que se desechó de plano la demanda de amparo, en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido

  2. Principal

    Por tanto, en términos de los criterios jurisprudenciales citados, que son de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, al no combatirse un acto u omisión concreta de las autoridades en ejecución de sentencia, sino una omisión genérica en dicha etapa, se estima la actualización de la causa de improcedencia invocada respecto del acto destacado citado con antelación. Por lo cual, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO origen de este juicio

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el cuaderno del juicio de amparo directo 616/2023 de su estadística, formado con motivo de la demanda amparo promovida por *******; y las copias certificadas relativas al juicio laboral ****** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz; se advierte que mediante resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el Presidente del órgano jurisdiccional de su adscripción, por las razones que expuso, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo aludida y, ordenó remitir los autos para su conocimiento al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, con fundamento en los artículos 45 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se avoca a su conocimiento; acúsese recibo. Asimismo, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 520/2022 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo y constancias anexas, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En este sentido, en el caso, se advierte la actualización de manera manifiesta de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 63, fracción IV y 217, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación conjunta de los primeros dos preceptos legales referidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos jurídicamente inexistentes a la fecha de presentación de demanda, entendidos esos como aquellos que no han surgido a la vida jurídica o aquellos futuros de realización incierta. Asimismo, del último artículo en mención, se deriva la obligación que existe para este Juzgado de Distrito de acatar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito. De igual modo, sobre el tema que ocupa, resulta necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 339/2011 señaló que en el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, se requiere la solicitud del ejecutante tanto para su inicio, como para su prosecución, al advertirse la necesaria participación de la parte vencedora en las diversas actuaciones para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio. Por lo que determinó que, de reclamarse un acto u omisión concreta verificada en la etapa de ejecución del laudo, tanto el análisis de la procedencia del juicio de amparo, como la eventual concesión de la protección Constitucional, debían ceñirse a los actos señalados por la parte quejosa y no abarcar aquellos futuros de incierta realización, pues al requerir impulso del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Y por el contrario, cuando se reclamara en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de proveer lo conducente para cumplir y hacer cumplir el laudo, es decir, lograr su ejecución, el juicio de amparo sería improcedente porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y, además, de realización incierta, en razón que esas actuaciones estarían sujetas al impulso del ejecutante. Como se observa de la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2771 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro lll, diciembre de 2011, con número de registro 2000011, de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA". Consideraciones anteriores que resultan trascendentales para el estudio del tema que ocupa, pues en el caso, el acto reclamado lo constituye: La omisión de las autoridades responsables de implementar las medidas y medios de apremio eficaces para hacer cumplir la sentencia de diez de noviembre de dos mil once, dictada en el juicio laboral ******, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz; y sus consecuencias. De igual modo, es importante resaltar que, del escrito de demanda, se observa que la parte quejosa en sí, se duele que las autoridades responsables han sido omisas en hacer efectivo el laudo y en cumplir con él en los plazos previstos para ello; por lo que acude a esta vía de control constitucional a controvertirlo. Sin embargo, de lo narrado por la propia peticionaria del amparo, es posible advertir que la falta de ejecución que reclama es genérica, porque de ésta no se deriva un acto concreto que las autoridades responsables omitieran realizar. Es así, pues para que una omisión se considere concreta y no genérica como en el caso acontece, es necesaria la existencia de: a) La causa generadora de un acto de autoridad, que se traduce en la existencia de un acto del gobernado o resolución de autoridad, que constriña a la responsable a emitir un acto en consecuencia. b) Un deber específico de autoridad, que significa la existencia de una norma general o una resolución de autoridad, que obliga a la responsable a emitir un acto particularizado en correspondencia con la causa generadora. c) La omisión de cumplir con ese deber específico dentro de los términos señalados por la propia normatividad. Lo que en el particular no se actualiza. Pues, aunque respecto de la causa generadora del acto de autoridad, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte el señalamiento del laudo como tal, los demás argumentos, son generales. En virtud que, se itera, se combate la omisión de hacer cumplir el laudo dictado en el juicio natural e implementar medidas eficaces para ello; actos que, por sí mismos, no contienen la indicación e identificación concreta para que las autoridades responsables se pronuncien sobre la ejecución de la misma. Es por ello que al reclamarse en este amparo indirecto, en forma genérica, la omisión del Tribunal responsable de ejecutar el laudo de mérito y de las demás autoridades de cumplir con la misma, se deduce que éste es un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta. Ya que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto de la autoridad, para que este juzgado esté en posibilidad de analizarlo en específico; cuestión que en el particular no acontece. Ya que no se atribuye acto u omisión determinado en la etapa de ejecución a las responsables, sino, únicamente, la omisión genérica de no cumplir con el laudo. Lo cual no es motivo para hacer procedente la vía de amparo, en razón que la sola existencia de una sentencia definitiva y su falta de cumplimiento, no puede considerarse como causa generadora del acto de autoridad esperado y exigirse que, por su sola existencia, se proceda a su ejecución. Sin que obste a lo anterior que la peticionaria del amparo, también de manera general, señale como acto reclamado el desacato o inobservancia de las autoridades, allá demandadas, a los requerimientos emitidos por el Tribunal responsable, pues no establece algún acuerdo en particular o alguna conducta en específica que les reproche, sino que, de manera generalizada, trata de combatir su conducta omisiva, la cual también atribuye al propio tribunal. Esto, con independencia que se señale una dilación abierta en la ejecución del laudo pues, se insiste, de manera genérica, simplemente trata de combatir la conducta omisa de las responsables en cumplir con él. Circunstancia que se robustece con lo vertido en sus conceptos de violación, e incluso, con las constancias que conforman el juicio laboral de origen, de los que se aprecia que, de manera general, impugna la omisión de las autoridades de ejecutar el fallo laboral, no obstante de los múltiples requerimientos y acciones que se han emitido en ese procedimiento, sin que a la fecha se logre su cumplimiento; pero, sin especificar o combatir acto alguno que se emitiera, se omitiera emitir o las autoridades se negaran a efectuar. Entonces, debido a que la quejosa no combate de manera específica acto de autoridad del cual se derive la omisión de hacer cumplir la sentencia de la que se duele, es que se estima que la omisión genérica que se atribuye a las autoridades responsables, es inexistente, lo cual, torna improcedente este biistancial. Tal como lo determinó el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), visible en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, identificable con el número de registro 2019185, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO." Y se estableció en la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 844, libro 22, septiembre de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010025, titulada: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO". Por tanto, en términos de los criterios jurisprudenciales citados, que son de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, al no combatirse un acto u omisión concreta de las autoridades en ejecución de sentencia, sino una omisión genérica en dicha etapa, se estima la actualización de la causa de improcedencia invocada respecto del acto destacado citado con antelación. Por lo cual, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO origen de este juicio. Resulta aplicable, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Oficial, con número de registro 2019185, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO." Sin que la determinación adoptada vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto por el artículo 17, Constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse en la substanciación de este biistancial al contar con el informe justificado rendido por el tribunal responsable y constancias que integran el juico laboral de origen y, con ellos, no poderse modificar la naturaleza del propio acto reclamado; y, por el contrario, permite a la parte quejosa tener pleno conocimiento que la vía que propone, en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." FORMACIÓN DE UN TOMO DE PRUEBAS Al tener en cuenta la voluminosidad de las constancias que el Tribunal Colegiado oficiante remitió, relativas a las copias certificadas del juicio laboral ******* del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y con el fin de procurar un buen manejo del expediente, consérvense por cuerda separada, fórmese un tomo de pruebas con ellas y colóquesele la carátula correspondiente para su identificación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, ******* y *******, debido a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA..."

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