Claudia María Peréz Nava
Expediente 400/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Claudia María Peréz Nava
- Mario del Ángel Marquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA...Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido...
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Vistos, para resolver en el juicio de amparo indirecto 400/2018 y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad de Poza Rica de Hidalgo el ocho de agosto de dos mil dieciocho, Claudia María Pérez Nava y Mario del Ángel Márquez, por su propio derecho, promovieron juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDADES ORDENADORAS. EL C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE POZA RICA, VERACRUZ: con domicilio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez número 1423, primer piso de la colonia Benito Juárez en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE POZA RICA, VERACRUZ: con domicilio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez número 1423, primer piso de la colonia Benito Juárez en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. AUTORIDADES EJECUTORAS: EL C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE POZA RICA, VERACRUZ: con domicilio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez número 1423, primer piso de la colonia Benito Juárez en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE POZA RICA, VERACRUZ: con domicilio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez número 1423, primer piso de la colonia Benito Juárez en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. LA OFICIAL DE ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA DISTRITO JUDICIAL DE POZA RICA, VERACRUZ: con domicilio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez número 1423, primer piso de la colonia Benito Juárez en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. EL PRIMER INSPECTOR DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE POLICÍA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ: con domicilio ampliamente conocido y ubicado en la ciudad de Papantla, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: "IV. ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: Los actos reclamados son: 1). El auto de inicio y/o radicación que se hubiere dictado contrario a estricto derecho, tal como lo establece el artículo 146 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz, dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/V del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz), en donde ilegal e indebidamente se la haya dado curso a algún escrito de la señora MARÍA CRISTINA RIVERA SILVA, en el que se haya ordenado (sin conocimiento ni notificación de los quejosos), la celebración de alguna audiencia que prevé el artículo 146 fracción I del código procesal civil en el estado de Veracruz, auto de inicio y/o radicación que nunca se nos ha notificado y en la que contrario a derecho, se esperaba recibir la declaración bajo protesta de decir verdad y exhibir una documentación indicada supuestamente en una promoción inicial (¡¡¿¿??), que desconocemos en lo absoluto; debido a la falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho; tal como lo establecen los artículos ya anteriormente invocados. 2). El auto y/o acuerdo de fecha 25 de mayo del año en curso (2018) dictado dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz); mismo que los suscritos tenemos completo desconocimiento legal de su contenido. Debido a la falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho; tal como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 76 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Civil en el Estado de Veracruz. 3). El auto y/o acuerdo de fecha 13 de junio del año en curso (2018) dictado dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz), en donde ilegal e indebidamente se aprecia que se le dio curso a un escrito de la señora MARÍA CRISTINA RIVERA SILVA, en el que se ordena y comisiona a los actuarios de ese juzgado a notificarnos la celebración de una audiencia para las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, que prevé el artículo 146 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en la que, contrario a derecho; se violenta en perjuicio de los quejosos el artículo 76 del código adjetivo civil veracruzano, en donde se esperaba recibir de nuestra parte la declaración bajo protesta de decir verdad y exhibir una documentación indicada supuestamente en una promoción inicial (¡¡¿¿??), expediente del cual los infrascritos tenemos completo desconocimiento legal. Debido a la falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho; tal como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 76 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. 4). Las subsecuentes diligencias y/o actuaciones levantadas posteriormente al auto y/o acuerdo de fecha trece de junio del año en curso (2018), dictadas dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/V del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz) y de las cuales los infrascritos mismo que los suscritos tenemos completo desconocimiento legal de su contenido. tenemos completo desconocimiento legal. Debido a la falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho de las mismas; tal como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 76 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. 5). La ilegal e indebida orden de que se haga efectivo un apercibimiento de fecha 25 de mayo del año 2018, encomendada al parecer al ciudadano Primer Inspector de la Delegación Estatal de Policía con domicilio conocido en la ciudad de Papantla, Veracruz, (mismo que desconocemos completamente), dictado dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz). 6). La ilegal e indebida orden de presentar a los quejosos MARIO DEL ÁNGEL MÁRQUEZ y CLAUDIA MARÍA PÉREZ NAVA en calidad de libres ante las autoridades responsables ordenadoras en base a un auto y/o acuerdo dictado en fecha 13 de junio del 2018 (al parecer mediante un oficio girado), al ciudadano Primer Inspector de la Delegación Estatal de Policía con domicilio conocido en la ciudad de Papantla, Veracruz; dictada dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz). B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: Los actos reclamados son: 1). La falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho; tal como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; 76, 81 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, respecto del auto y/o acuerdo de inicio y todas las demás actuaciones subsecuentes dictadas y/o ordenadas y/o levantadas (que resulten viciadas), dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz), en donde ilegal e indebidamente se la haya dado curso a algún escrito de la señora MARÍA CRISTINA RIVERA SILVA, en el que se haya ordenado (sin conocimiento ni notificación de los quejosos), la celebración de alguna audiencia que prevé el artículo 146 fracción I del código procesal civil en el estado de Veracruz, la cual nunca se nos ha notificado y en la que, contrario a derecho, se esperaba recibir la declaración bajo protesta de decir verdad y exhibir una documentación indicada supuestamente en una promoción inicial (¡¡¿¿??), que desconocemos en lo absoluto; debido a la falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho; tal como lo establecen los artículos ya anteriormente invocados. 2). La falta de notificación del auto y/o acuerdo de fecha 25 de mayo del año en curso (2018) dictado dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz); mismo que los suscritos tenemos completo desconocimiento legal de su contenido. Debido a la falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho; tal como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 76 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. 3). La falta de notificación y/o emplazamiento conforme a derecho; tal como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 76, 76 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, respecto del auto y/o acuerdo de fecha 13 de junio del año 2018 y todas las demás subsecuentes actuaciones dictadas y/o ordenadas y/o levantadas dentro de lo autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz), en donde ilegal e indebidamente se puede apreciar que se le dio curso a un escrito de la señora MARÍA CRISTINA RIVERA SILVA, en el que se ordena y comisiona a los actuarios de ese juzgado a notificarnos la celebración de una audiencia para las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, que prevé el artículo 146 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, la cual nunca se nos notificó y en la que, contrario a derecho; supuestamente se esperaba recibir la declaración bajo protesta de decir verdad de los quejosos y exhibir una documentación indicada supuestamente en una promoción inicial (¡¡¿¿??), misma que desconocemos en lo absoluto; debido a la falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho por parte de los oficiales actuarios adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz; tal como lo establecen los artículos ya anteriormente invocados. 4). La falta de notificación y/o emplazamiento de las subsecuentes diligencias y/o actuaciones levantadas posteriormente al auto de fecha 13 de junio del año 2018; dictadas dentro de lo autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz), y de las cuales, los infrascritos tenemos completo desconocimiento legal. Debido a la falta de notificación y/o emplazamiento conforme a estricto derecho de las mismas; tal como lo establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 76 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. 5). EL tratar de ejecutar la ilegal e indebida orden de hacer efectivo un apercibimiento de fecha 25 de mayo del año 2018, el cual desconocemos por completo, dictada por las responsables ordenadoras dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/IV del índice de la autoridad responsable ordenadora (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz). 6). El tratar de ejecutar la ilegal e indebida orden de presentar en calidad de libres a los quejosos MARIO DEL ÁNGEL MÁRQUEZ y CLAUDIA MARÍA PÉREZ NAVA ante las autoridades responsables ordenadoras; dictada por auto y/o acuerdo dictado en fecha 13 de junio del 2018, dictada dentro de los autos del expediente civil número 186/2018/IV por parte de las autoridades responsables ordenadoras (Juzgado Segundo de Primer Instancia de este Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz). SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, radicándose bajo el número 400/2018; se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado quien se abstuvo de formular pedimento, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada María Cristina Rivera Silva, lo que así ocurrió el once de septiembre de dos mil dieciocho y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I; 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que se encuentran dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados y autoridades responsables son los siguientes: 1. El ilegal emplazamiento de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho a los medios preparatorios a juicio número 186/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad. 2. En vía de consecuencia, todo lo actuado, incluidos los autos del veinticinco de mayo y trece de junio de dos mil dieciocho, dictados en ese expediente, por los cuales se requiere a los quejosos para que comparezcan al juzgado a rendir declaración bajo protesta de decir verdad respecto de los puntos a desahogar en los medios preparatorios a juicio. 3. El oficio 1880, de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dirigido al Primer Inspector Delegado estatal de Policía de esta ciudad, a fin de que los quejosos sean presentados ante el juzgado responsable en calidad de libres para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 146 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, Secretaria de Acuerdos y Actuaria adscritas al citado juzgado y al Delegado de Seguridad Pública Región Cuarta, con sede en Papantla, Veracruz, por así haberlo manifestado las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con las actuaciones que integran los medios preparatorios a juicio 186/2018 que acompañó el juez responsable a su informe justificado. Constancias que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 217, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Ley de Amparo. Tiene aplicación sobre el particular la tesis: "Época: Quinta Época Registro: 917812 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, esta juzgadora federal, de oficio, advierte que por cuanto hace a los actos atribuidos a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues aun cuando aceptó la existencia del acto reclamado, no debe soslayarse que en términos de los preceptos en comento, la procedencia del juicio de amparo está supeditada al hecho de que el acto que se tilde inconstitucional, provenga de autoridad, debiendo entenderse por ésta, aquélla de la que emana directamente ese acto, lo ejecuta o trata de ejecutarlo y, por cuanto hace a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, sólo es una fedataria que autorizó y dio fe de diversas actuaciones emitidas por el juez responsable por ende, resulta evidente que carece de imperio y facultad de decisión. Asimismo, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, define a los actos de autoridad como aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, los secretarios de acuerdo de un juzgado sólo autorizan y dan fe de lo actuado por el juez, es decir, son fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar sentencias o resoluciones, ya que esta función está reservada al titular del órgano jurisdiccional. Además, los secretarios tienen el carácter de subalternos del juez, por consiguiente, no realizan funciones que encuadren en las previstas por el artículo 5 de la Ley de Amparo, es decir, no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pues los citados funcionarios, por su calidad de subalternos, reciben órdenes y, por ende, sus actuaciones están desprovistas de imperio y decisión, excluyéndolos así del carácter de autoridades responsables. Actualizándose, en consecuencia, la causal del improcedencia invocada, lo que conlleva a esta juzgadora a sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/95, que se comparte, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 198939 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Abril de 1997 Materia(s): Laboral Tesis: VI.2o. J/95 Página: 185 "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." No se pierde de vista que el anterior criterio fue emitido con base en la Ley de Amparo derogada, sin embargo, tiene aplicación en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, que prevé que la jurisprudencia integrada conforme al ordenamiento anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al vigente. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por otro lado, el juicio de amparo también resulta improcedente porque los quejosos no tienen el carácter de terceros extraños por equiparación. La referida causal de improcedencia se encuentra contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VI, de la ley de la materia, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracciones III inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 107, fracción VI de la ley de la materia, indican que el juicio de amparo es procedente en contra de actos dictados dentro o fuera de juicio en el supuesto de que se afecte la esfera jurídica de una persona extraña al juicio. Así, al interpretar dichas porciones normativas a contrario sentido, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando al promovente no le asiste el carácter de tercero extraño tratándose de actos dictados dentro o fuera de un juicio. Puntualizado lo anterior, de los medios preparatorios a juicio 186/2018 promovidos por María Cristina Rivera Silva, que en copia certificada anexó el juez responsable a su informe justificado, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la Secretaría de acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, María Cristina Rivera Silva, solicitó al juez responsable que requiriera a los aquí quejosos Mario del Ángel Márquez y Claudia María Pérez Nava, para que bajo protesta de decir verdad manifestaran con qué calidad ocupaban la casa habitación ubicada en calle Río San Juan Lote 8 Manzana 7 de la colonia Arroyo del Maíz de esta ciudad y manifestaran qué documentos les permitían la ocupación legal de dicho inmueble, así como que exhibieran dicha documentación en el término de tres días. 2. El doce de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, tuvo por recibidos los medios preparatorios a juicio registrándolos con el número 186/2018, por lo que señaló las diez horas del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, para que comparecieran Mario del Ángel Márquez y Claudia María Pérez Nava, a realizar las manifestaciones solicitadas en el escrito inicial. Dicha determinación judicial se notificó a los demandados mediante diligencias del nueve de abril del presente año, las cuales fueron atendidas directamente por los quejosos. 3. El dieciséis de abril del año que corre, fecha fijada para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 146 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, el juez responsable certificó la inasistencia de los aquí peticionarios de amparo, por lo que nuevamente señaló las nueve horas del ocho de mayo de dos mil dieciocho, para que se desahogaron los medios preparatorios a juicio, lo que se notificó a los quejosos en forma personal el tres de mayo de dos mil dieciocho. 4. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable certificó la inasistencia de los promoventes de amparo, por lo que previa petición señaló las diez horas del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia, bajo el apercibimiento que de no comparecer se les impondría a cada uno una multa equivalente a treinta unidades de medida de actualización (UMA) en términos de los artículos 24, 41 y 123 de la Constitución Federal y el numeral 53 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; dicho acuerdo se notificó a los demandados el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, a la quejosa en forma personal y a Mario del Ángel Márquez, por conducto de la primera. 5. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable certificó la inasistencia de los promoventes de amparo, por lo que previa petición señaló las diez horas del trece de junio de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho por lo que giró oficio al Jefe de la oficina de Hacienda del Estado para que se hiciera efectiva la multa impuesta apercibida con el auxilio de la fuerza pública; dicho acuerdo se notificó el once de junio de dos mil dieciocho, a la quejosa en forma personal y a Mario del Ángel Márquez, por conducto de la primera. 6. En audiencia del trece de junio del presente año, de nueva cuenta el juez responsable certificó la inasistencia de los aquí quejosos y apercibió con un arresto previsto en el artículo 53 del código procesal civil por desacato a un mandato judicial; finalmente, señaló como nueva fecha para la realización de la audiencia las diez horas del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, determinación que fue notificada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, a la quejosa en forma personal y a Mario del Ángel Márquez, por conducto de aquella. 7. En audiencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento certificó la inasistencia de los demandados y previa petición de la parte actora, ordenó girar oficio a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a fin de que fueran presentados los aquí quejosos y ante ello, fijó como fecha para la celebración de la audiencia que establece el numeral 146 del Código de Procedimientos Civiles, las diez horas del catorce de agosto de dos mil dieciocho. 8. Finalmente, el catorce de agosto de dos mil dieciocho, el juez responsable acordó que, dado que los peticionarios de amparo habían promovido el presente juicio en el que habían solicitado la suspensión del acto reclamado, se abstuvo de señalar nueva fecha, hasta en tanto se resolviera el presente juicio de amparo indirecto. De lo anteriormente expuesto se colige que los quejosos tuvieron conocimiento de los medios preparatorios a juicio antes de que se dictara la resolución que los dio por concluidos y por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Ello es así, porque dejaron de ser personas extrañas al juicio por equiparación, ya que no se puede considerar que se ubiquen en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad les hayan ocasionado un total desconocimiento que les impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el precepto 14 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de tesis 401/2011, elucidó que carece del carácter de tercero extraño por equiparación, quien tuvo conocimiento del procedimiento seguido en su contra, antes de la emisión de la sentencia. En el caso, el Máximo Tribunal de la Nación, sostuvo toralmente que: El emplazamiento era el acto procesal mediante el cual el juzgador da a conocer a una persona la admisión de una demanda enderezada en su contra y le concede un plazo para que pueda contestarla, de tal manera que sólo puede ser referido a la contraparte del actor, es decir, al demandado. Destaca lo que debe entenderse por persona extraña a juicio, interpretando para ello la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, derogada (ahora regulado en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor). Que acorde a lo dilucidado por el Máximo Tribunal, el concepto de persona extraña era más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluía también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Por ende, persona extraña era, en principio, aquella que no había figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que aún sufría un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ello se expuso, porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la persona que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio; y en segundo lugar, en razón de que si los preceptos 14 y 16 de la Ley Fundamental del País, conceden a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no pueden válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular un individuo a quien no se le llamó para que se defendiera. De esa manera, se sostuvo que cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se substancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Se ponderó que, la circunstancia de que los promoventes del amparo hayan tenido conocimiento del juicio natural, es decir, que hayan sido sabedores de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, era razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación, en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo examinada, pues con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedaban comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resistieron un desconocimiento total del juicio. Por ende, si la parte quejosa se ostentaba como tercero extraño a juicio por equiparación, al ser parte demandada en el juicio de origen instruido en su contra en el cual aún no se haya dictado sentencia respectiva, si de autos se acredita que el promovente del juicio de amparo tuvo conocimiento del procedimiento seguido en su contra, ello hacía perder el carácter con el que se ostentaba, en tanto que tenía la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses, por lo cual en ese supuesto, se patentizaba una causal de improcedencia. Concluyó que, si de autos se advierte que el promovente tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes del dictado de la sentencia respectiva, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. Argumentos éstos que dieron origen a la jurisprudencia 2ª./J.47/2011 (10ª.), del siguiente tenor: "Época: Décima Época Registro: 2000293 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.) Página: 1627 TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, en la demanda de amparo, los quejosos Claudia María Pérez Nava y Mario del Ángel Márquez se ostentaron como terceros extraños por equiparación, porque -a su decir- no fueron emplazados y se enteraron del procedimiento judicial porque encontraron unas copias tiradas afuera de su domicilio, las cuales anexaron a la demanda, consistentes en un instructivo de notificación dirigido a Mario del Ángel Márquez. De los antecedentes narrados se desprende que los quejosos son parte formal en los medios preparatorios a juicio 186/2018, el cual a la fecha en que se promovió el juicio de amparo se encuentra en trámite y de las constancias de autos se advierte que los impetrantes de amparo recibieron en forma personal las notificaciones del nueve de abril y tres de mayo, ambos de dos mil dieciocho, en donde si bien, no se identificaron, fueron descritos por el oficial administrativo adscrito al juzgado responsable en funciones de actuario, quien se encuentra dotado de fe pública, además de que las posteriores notificaciones de fechas once y veintisiete de junio fueron atendidas directamente por la quejosa Claudia María Pérez Nava, por lo que al ser sabedores de los medios preparatorios no les asiste el carácter de personas extrañas al procedimiento de origen. Por lo anterior, los quejosos no pueden desconocer la existencia del procedimiento, pues tuvieron conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra, antes de que concluyeran los medios preparatorios y por ende, tuvieron la oportunidad de alegar la supuesta ilegalidad de su emplazamiento y posteriores actuaciones, por medio de los recursos ordinarios; ello en términos de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de carácter obligatoria para este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2004274 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Página: 729 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En esas condiciones, al haberse actualizado las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VI, de la referida ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Así, al haberse desvirtuado el carácter de terceros extraños por equiparación, con el que se ostentaron los quejosos, el sobreseimiento en el presente asunto debe hacerse extensivo a los restantes actos consistentes en vía de consecuencia, todo lo actuado en el expediente 186/2018 incluidos los autos del veinticinco de mayo y trece de junio de dos mil dieciocho y el oficio 1880, de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dirigido al Primer Inspector Delegado estatal de Policía de esta ciudad, a fin de que los quejosos sean presentados ante el juzgado responsable en calidad de libres para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 146 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, ya que éstos estuvieron en aptitud de impugnar en la secuela del mismo -a través de los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación respectiva- las actuaciones que pudiera considerar lesivas de sus intereses; empero, no a través del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, que se cita continuación: "Época: Séptima Época Registro: 394472 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 516 Página: 339 "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Atento a esta conclusión, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XVIII, 63 fracción V, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 400/2018, promovido por Claudia María Pérez Nava y Mario del Ángel Márquez, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a los quejosos, a la parte tercera interesada, así como a la Agente del Ministerio público adscrita y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de Valeria Nery Chávez Quintero, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
se admiten las pruebas ofrecidas por la parte quejosa...
- Principal
se difiere la audiencia y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, en que lo permiten las labores del juzgado.
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