Claudia Madrid Ramirez

Expediente 1645/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1645/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Madrid Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la minuta de trabajo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, de la que se advierte lo siguiente: Realizó el desglose del concepto "05 ISSSTEP" como deducción de acuerdo al clasificador por objeto del gasto y sus respectivas partidas presupuestales. Hizo los cálculos que corresponden por cuota trabajador y aportación gobierno. Acordó una siguiente reunión de trabajo para las trece horas del quince de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de realizar un ejercicio práctico en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Puebla. En atención a lo anterior y toda vez que el cumplimiento a la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, este órgano jurisdiccional está facultado para realizar las gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento al fallo protector, es por lo que, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla y a la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que realicen lo siguiente: - En el término de 3 DÍAS posteriores a la notificación del presente acuerdo, remitan a este juzgado el documento que acredite el pago a la quejosa de la cantidad señalada en resolución de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, esto es, que se efectuó el pago de indemnización a la quejosa ******************** por la cantidad de $******************** (********************), con la correspondiente retención -en su caso- del Impuesto Sobre la Renta, que efectúe la autoridad responsable en su carácter de retenedor. En ese sentido, se reitera NUEVAMENTE a las autoridades requeridas, lo precisado en auto de once de octubre del presente año, esto es, que a dicho pago no se le efectúe deducción adicional alguna, por ejemplo la de cuotas y aportaciones que deben ser enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Puebla (cuota trabajador y aportación gobierno), pues dicha resolución de veintidós de febrero de dos mil veintitrés ya fue materia de impugnación, vía recurso de queja ********************, en la que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió que quedaba intocada en lo que no fue materia del cálculo del impuesto sobre la renta. Por lo que se les conmina a cumplir con la ejecutoria de amparo, en los términos especificados en las líneas que anteceden. Por tanto, se apercibe a las autoridades mencionadas que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, se requiere al superior jerárquico de la citada autoridad, es decir, al Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla y al Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se harán acreedores a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y de la Actuaria adscrita a esa Junta, mediante el cual rinden su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a las citadas autoridades responsables rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a las autoridades responsables ofreciendo las constancias que acompañan a su informe justificado. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se tiene como delegada a la persona que mencionan las responsables en el oficio de cuenta. Ahora, del informe justificado y de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita, -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dictó un auto en el juicio laboral D-2/406/2017 de su índice, promovido por Claudia Madrid Ramirez en contra de Edder Arodi San Pedro Pliego demandado físico y propietario de la negociación Cyder Radiográficos, mediante el cual se dio cuenta con el escrito de la parte actora de dieciocho de abril del año en curso, y dado que la parte demandada no había dado cumplimiento de forma voluntaria al laudo dictado el siete de abril de dos mil veintidós, se aprobó y se ordenó despachar la cantidad líquida determinada en el resolutivo quinto del citado laudo más el pago de intereses de quince meses de salario a razón del dos por ciento mensual. Asimismo, ordenó turnar los autos al actuario y se requirió a la parte actora para que comparezca con el actuario para agendar fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Claudia Madrid Ramirez hizo consistir el acto reclamado, en la omisión del Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y del Actuario adscrito a esa Junta, de proveer respecto a su escrito presentado el dieciocho de abril del año en curso, dentro del expediente laboral D-2/406/2017, de su índice, por el que solicitó se ordene la ejecución del laudo de siete de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, de las constancias remitidas por las responsables, con su informe justificado, se advierte que el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dictó un auto en el juicio laboral D-2/406/2017 de su índice, mediante el cual, en atención al escrito presentado por la parte actora el dieciocho de abril del año en curso, aprobó y ordenó despachar la cantidad líquida determinada en el resolutivo quinto del laudo dictado el siete de abril de dos mil veintidós y accesorias, por lo que ordenó turnar los autos al actuario y requirió a la parte actora para que comparezca con el actuario para agendar fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues al haberse dictado un acuerdo el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés mediante el cual se proveyó respecto al escrito presentado por el actor el dieciocho de abril de dos mil veintitrés y se ordenó despachar la cantidad liquida determinada en el laudo respectivo emitido en el juicio de origen y accesorias, requiriendo a la parte actora para que comparezca con el actuario con el fin de agendar fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si las omisiones reclamadas no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    ....San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por el que en cumplimiento al requerimiento de seis de octubre de dos mil veintitrés remite copia certificadas de diversas constancias que obran en el expediente 1128/2018/2C relativo al Juicio Ordinario Civil de Pago de lo Adeudado, de las que se advierten en lo que interesa que: -Auto de cuatro de octubre del dos mil veintitrés. 1. Dejó sin efecto el emplazamiento llevado a cabo el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, previo citatorio de dieciocho de ese marzo del citado año, así como los demás actos posteriores, incluida la sentencia de once de diciembre de dos mil diecinueve y actos de ejecución únicamente por cuanto hace al demandado ********************. 2. Ordenó nuevamente el emplazamiento a ********************. 3. En atención a que el domicilio del demandado ********************, se encuentra fuera de su jurisdicción ordenó girar exhorto a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla y adjunta el mismo. 4. Giró oficio al Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, para que en el término de tres días ordene a quien corresponda cancele el embargo trabado mediante diligencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, sobre derechos de copropiedad que le corresponden a ********************, respecto del inmueble identificado como: casa ubicada en la calle Laguna de términos, número seis mil trescientos cuarenta y tres, interior dos, de la colonia la Lagulena, de la ciudad de Puebla, bajo el folio real inmobiliario ********************. -Auto de once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Ordeno reponer el procedimiento únicamente respecto de ********************. 2. Informa que derivado del oficio remitido al Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, le hizo del conocimiento con las constancias que adjunta, que no obra anotación de embargo por cancelar, bajo el folio real inmobiliario ********************; y 3. Que el exhorto que giró a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, fue debidamente diligenciado, adjuntando copia certificada de las constancias de emplazamiento de ********************. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con las constancias de cuenta, por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe...

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