Claudia Lorena Yacuta Galván
Expediente 421/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudia Lorena Yacuta Galván
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo anterior se provee. Se tiene por no presentada la demanda. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento formulado mediante proveído del dieciséis de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías que dio origen al cuaderno en que se actúa; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. AVOCAMIENTO. Glósese a los autos el oficio 2140/2019, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 304/2019, así como la determinación de doce de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Cinthia Esmeralda Gómez García, quien se ostenta apoderada jurídica de Claudia Lorena Yacuta Galván, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, por lo que este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, se avoca a su conocimiento; acúsese recibo de estilo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 421/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Cinthia Esmeralda Gómez García, quien se ostenta apoderada jurídica de Claudia Lorena Yacuta Galván, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, bajo protesta de decir verdad, dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído: PRIMERO: Acredite con documento idóneo la personalidad de apoderada jurídica de Claudia Lorena Yacuta Galván, en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya exhibido copia simple del poder general para pleitos y cobranzas, toda vez que de conformidad al artículo 11 de la Ley de Amparo, deberá acreditarla con las constancias respectivas. Lo anterior, porque la aludida peticionaria se ostenta como apoderada jurídica de la quejosa, pero es omisa en acreditar tal carácter con documento idóneo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 7, tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." SEGUNDO: Manifieste si la presente demanda la presenta únicamente en cuanto apoderada de Claudia Lorena Yacuta Galván o también en cuanto apoderada de Marta Yolanda Galván Gómez, pues del capítulo del acto reclamado, se advierte que refiere "el acto que se reclama se hace consistir en las supuestas notificaciones que se nos han realizado tanto a Marta Yolanda Galván Gómez y Claudia Lorena Yacuta Galván." Para el caso de comparecer, en representación de Marta Yolanda Galván Gómez, deberá también acreditar con documento idóneo la personalidad que ostente. TERCERO. Indique de manera cronológica y detallada los antecedentes del juicio de origen, en qué etapa procesal se encuentra el mismo y si las notificaciones que pretende combatir son posteriores o anteriores a la sentencia que, en su caso, se hubiese dictado. Circunstancias que resultan ineludibles para estar en condiciones de promover sobre la admisión de la demanda de amparo. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con lo acordado, se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. Se hace saber a la parte promovente de los delitos en que incurren LA PARTE QUEJOSA cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si la parte quejosa incurre en falsedad, lo hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito del quejoso es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la peticionaria o en su caso por su apoderado jurídico con facultades amplias, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. En la inteligencia, que dicha aclaración debe de ser realizada bajo protesta de conducirse con la verdad, puesto que la falsedad de declaraciones realizadas ante una autoridad jurisdiccional es severamente castigada por la ley con sanciones privativas de la libertad y pecuniarias, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 261 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a Alejandro Hernández García, pues acredito estar facultado para ejercer la profesión de abogado, al tener registrada su cédula en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y como sus autorizados para recibir notificaciones a las diversas personas que señala. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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