Claudia Lorena Borrego Medina

Expediente 298/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
298/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Claudia Lorena Borrego Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ...Agréguense el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios...mediante los cuales realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo...reitérese a la citada autoridad su obligación...

  2. Principal

    ...Visto el estado de los autos...se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes...requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días...cumpla la ejecutoria de amparo...

  3. Principal

    Audiencia Constitucional y SentenciaEn Victoria, Tamaulipas, a las diez horas con diez minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Rocío López Castillo, Secretaria con quien actúa, que autoriza y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes. De igual forma, las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia mediante el método de videoconferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la audiencia de ley a través del sistema de videoconferencia se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional. A continuación se abre el periodo probatorio: La Secretaria da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales aportadas por la quejosa y la autoridad responsable y al no ofrecerse más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: la Secretaria da cuenta con la intervención ministerial del Fiscal Revisor Titular de la Agencia adscrito a este Juzgado. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo ténganse por formulados los alegatos de cuenta y al no haber más manifestaciones de alegatos se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Visto el juicio de amparo 298/2023 promovido por Marcela González Arjona apoderada de Claudia Lorena Borrego Medina; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés Marcela González Arjona apoderada de Claudia Lorena Borrego Medina solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO: La violación de la responsable al derecho de petición al dejar de dictar resolución que en derecho proceda en forma de laudo dentro del expediente 1069/E/2015, así como de notificar el mismo a las partes.". SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda y se registró como 298/2023; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar del acta que antecede. TERCERO. Aclaración. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable rindió su informe justificado, señaló que del libro de registro de demandas del año dos mil quince no se llegó al número mil sesenta y nueve, por lo que se dio vista personal a la quejosa para que manifestara lo conducente, quien desahogó la vista por escrito recibido en auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés y se tuvo por aclarado que el expediente del que deriva el acto reclamado es 1069/E/2017; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo conforme a los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo se concluye que el acto impugnado es: La omisión de dicta laudo en el expediente laboral 1069/E/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, negó el acto que se le atribuye, sin embargo realizó manifestaciones de las que se advierte su certeza. Lo que se corrobora con las constancias que remitió las que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. CUARTO. Estudio. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni este órgano de control constitucional de oficio advierte que se actualice alguna, por lo tanto se procede a examinar el fondo del asunto sin que haya necesidad de transcribir los conceptos de violación esgrimidos la quejosa en su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, máxime que el artículo 77 de la Ley de Amparo no señala que deban transcribirse en la sentencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso aduce que la omisión impugnada es violatoria de las garantías contempladas en los artículos 8 y 17 Constitucionales al dejar de observar lo dispuesto por los numerales 101 a 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado ya que no obstante el tiempo transcurrido no se ha dictado el laudo correspondiente, con lo cual se quebranta el artículo 17 Constitucional que establece la obligación de los tribunales de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En relación a ese derecho fundamental el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Cabe señalar que las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos se efectúen en el tiempo fijado por la ley suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En ese orden los conceptos de violación son fundados toda vez que la autoridad responsable infringe en perjuicio del quejoso el artículo 101 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución. En el presente asunto se allegó copia certificada del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés el cual adquiere pleno valor probatorio al tratarse de documento público atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte que el Tribunal responsable, acordó: ".ACUERDO.- Advirtiendo de autos que han sido desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes y previo al cierre de instrucción, con fundamento en lo que establecen los artículos 6, 111 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, en correlación con el 735, 884, fracción V y 885 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, se concede a las partes un término de TRES DÍAS HÁBILES para que formulen sus alegatos por escrito, término que empezará a contar a partir de la notificación del presente acuerdo.". En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de dictar laudo en los autos del expediente 1069/E/2017. El precepto que regula el procedimiento de donde emana el acto reclamado es el artículo 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que dispone: "Artículo 101.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios iniciará (sic) la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que en igual forma se dé a la demanda y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes. El Tribunal pronunciará resolución dentro del término de diez días hábiles siguientes a la audiencia, a menos que, a su juicio, se requiera la práctica de audiencia y diligencias posteriores, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo.". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 52/2005 sostuvo que para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales es necesario que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél por lo que de estimar lo contrario la ley burocrática local tendría aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer, además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. La tesis de que se habla es consultable en la página 526, del Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Mayo de 2005, Novena Época, que dice: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia.". Luego, si conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas el procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Arbitraje se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que en igual forma se dé a la demanda y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes y el Tribunal pronunciará resolución dentro del término de diez días siguientes a la audiencia a menos que a su juicio se requiera la práctica de audiencia y diligencias posteriores, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo y, de la constancia que remitió el tribunal responsable, no se evidencia que haya acordado audiencia y diligencias posteriores; en consecuencia, es obvio que el Tribunal responsable ha incurrido en la omisión que se le atribuye, al no haber emitido la resolución reclamada, dentro del término de diez días siguiente a la audiencia a que alude el numeral en comento, por tanto, infringe en perjuicio de la quejosa el artículo 101 de la citada ley y como consecuencia los derechos humanos contenidos en el artículos 17 de la Constitución General. Por tanto, a efecto de subsanar la violación de garantías se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Claudia Lorena Borrego Medina para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con asiento en esta ciudad, dicte de inmediato el laudo dentro del expediente laboral 1069/E/2017 lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Por lo expuesto y fundamentado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Claudia Lorena Borrego Medina contra el acto que reclamó de la autoridad responsable el cual fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y para el efecto que se menciona en el último considerando del presente fallo. Notifíquese

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado criptográficamente por la apoderada legal de la parte quejosa, mediante desahoga la vista que se le concedió con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en tal virtud, ténganse por hechas las manifestaciones externadas por la apoderada legal, dígasele que las mismas serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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