Claudia López Quijada

Expediente 756/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
756/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Claudia López Quijada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, siete de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, siete de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con dieciséis minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por las autoridades responsables. Asimismo, revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión, se consideró que debido a la naturaleza de los actos reclamados no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, se hace constar únicamente las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa junto con su demanda de amparo; la secretaria encargada del despacho acuerda: se tienen por ofrecidas y admitidas las citadas probanzas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. La secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 756/2022; y Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el seis de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ******************** promovió demanda de amparo en contra del subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. El ocho de junio siguiente, se radicó la citada demanda, registrándola bajo el número 756/2022, del propio índice, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el trámite respectivo, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerando Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que se reclaman actos a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: La negativa a llevar a cabo el trámite y entrega de la indemnización global prevista en la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables subdirector de Finanzas, encargada del despacho del Departamento de Control de Fondos dependiente de aquella subdirección de Finanzas, subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y jefe del Departamento de Prestaciones Económicas y Sociales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Lo anterior, dado que el planteamiento de la demanda de amparo propuesta por la quejosa está orientada básicamente a reclamar a las autoridades responsables, la omisión de efectuar el trámite concerniente a la obtención de la indemnización global que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), a pesar de haberlo solicitado de manera verbal en ventanilla de dicha institución. Sin embargo, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe con justificación, sostienen que no es cierto el acto reclamado, dado que la quejosa no ha presentado escrito de solicitud conforme a la normatividad interna que los rige. Ahora, en principio, es necesario precisar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo reviste el carácter de negativo, puesto que consiste en una abstención; es decir, algo que la autoridad se rehusó a hacer, pese a estar vinculada a lo contrario. Asimismo, conviene tener presentes los elementos del denominado "derecho de petición" cuya violación alega la parte quejosa, elementos que se advierten de la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.. En ese sentido, tenemos que la petición tiene tres elementos, a saber: 1. Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3. El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Así las cosas, es evidente que debe recabarse la constancia de que fue entregada la petición. Lo anterior, dado que tal y como lo sostiene el instituto responsable, la quejosa debió llenar el formato de petición de indemnización global, tal y como lo ordena el Reglamento de Indemnización Global de dicho instituto en su artículo 16. En ese sentido, si el acto reclamado lo constituye la negativa de la autoridad responsable de dar respuestas a la solicitud de pago de la indemnización global que refiere la parte quejosa, correspondía a ésta acreditar que realizó la petición relativa y que la responsable recibió el escrito correspondiente. Bajo ese criterio, se destaca que la impetrante no ofreció prueba alguna para demostrar que realizó por escrito la petición que refiere en su demanda de amparo, pues únicamente basa su pretensión en la protesta de decir verdad contenida en su demanda de amparo que lo hizo pero de manera verbal, para lo cual únicamente exhibió copia de su credencial de elector y recibos de percepciones. No obstante ello, dicha manifestación no es suficiente para tener por cierta la conducta consistente en que realizó las peticiones cuya falta de respuesta reclama. Tiene aplicación al caso concreto la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Así como la tesis XXI.2o.P.A.11 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página: 1386, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "DERECHO DE PETICIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A RECIBIR EL ESCRITO RELATIVO, CORRESPONDE AL QUEJOSO ACREDITAR QUE SE CONSTITUYÓ ANTE ÉSTA. Los elementos del denominado derecho de petición son: 1) Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; 2) Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3) El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En ese sentido, si el acto reclamado en el amparo lo constituye la negativa de la autoridad responsable a recibir el escrito que contiene la petición relativa, corresponde al quejoso acreditar que se constituyó ante ésta, en virtud de que para la existencia de la conducta negativa se requiere, necesaria y previamente, la solicitud del particular." Bajo esas consideraciones, este órgano jurisdiccional concluye, que si el acto reclamado lo constituye la falta del trámite y pago de la indemnización global a que dice tener derecho de las autoridades responsables que refiere en su demanda la parte quejosa, correspondía a ésta acreditar que formuló la petición y que las responsables la recibieron; cuestión que no aconteció; razón por lo que se evidencia la inexistencia del acto reclamado. Por lo tanto, si en la especie, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaron la negativa formulada por las autoridades; es inconcuso que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos precisados en el considerando II del presente fallo, por las razones expuestas en el III. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. .

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de julio de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con dieciséis minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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