Claudia Lizette Lozano Garate
Expediente 608/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 09/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Maria Antonia Garate Velarde
- Claudia Lizette Lozano Garate
- CLAUDIA LIZETTE LOZANO GARATE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Mexicali, Baja California, a nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa Claudia Lizette Lozano, no desahogó la vista que se le dio por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada por este Órgano Jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, primeramente, procede establecer que este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, al efecto de que: ".Deje insubsistente el recibo de pago número 10AC16600-0, respecto al volante 1-18-64088 de catorce de agosto de dos mil dieciocho, expedido a nombre de la quejosa María Antonia Garate Velarde y se emita otro en el que no se aplique a la quejosa lo correspondiente al artículo 13, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, y en su lugar se establezca que deberá pagar la cuota de $660.16 (seiscientos sesenta pesos dieciséis centavos moneda nacional), del referido precepto legal, por ende, deberá devolverse a la quejosa la diferencia que resulte a su favor. Lo anterior en virtud de que los efectos de la concesión no se traducen en liberar a la quejosa de la totalidad del pago del derecho, porque en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público, por lo que en salvaguarda de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, la protección de la justicia federal será para que cubra la cuota mínima fijada a individuos que reciben un servicio en términos de la disposición legal de que se trata. Por tanto, la autoridad responsable Recaudador de Rentas en Mexicali, Baja California, deberá devolver la cantidad excedente que cubrió la quejosa por los servicios prestados por concepto de inscripción de contrato de compraventa civil, número de inciso 4305005, consignado en el recibo de pago número 10AC16600-0, del volante 1-18-64088 de catorce de agosto de dos mil dieciocho, expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Mexicali; desincorporando de esta forma de su esfera jurídica la porción normativa del precepto reclamado que resultó inconstitucional, la que no le será aplicada mientras se encuentre vigente. Ahora bien, como lo refiere la impetrante el cobro del impuesto adicional para la educación media y superior, se realizó con base a los derechos que se pagaron conforme a un diverso numeral, que como se expuso en líneas supra, resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias previstos en el artículo 31, fracción IV Constitucional; por lo tanto, la autoridad responsable también deberá realizar nuevamente el cálculo para dicho pago en base a la tarifa que se indica anteriormente; por lo que se deberá devolver el excedente que resulte." En cumplimiento a ello, el Procurador Fiscal del Estado de la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante oficio sin número de fecha veintisiete de mayo del presente año, remitió copia certificada de la documental consistente en recibo de entrega del pago que emite la Dirección de Egresos del Estado de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de la cual se advierte que el cheque número 173059, fue recibido por la parte quejosa María Antonia Garate Velarde, en la que se encuentra plasmados su nombre y firma en el citado reporte (fojas 220 a 221). En consecuencia, tomando en consideración las razones que expuso la autoridad responsable, y los efectos para los cuales se concedió el amparo, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación respecto a la vista dada con el citado oficio de la responsable de referencia; por ende, SE TIENE POR CUMPLIDA SIN EXCESO, NI DEFECTO, LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. Por lo anterior, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, haciendo de su conocimiento que cuenta con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) y 29, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, a seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa Claudia Lizette Lozano, no desahogó la vista que se le dio por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada por este Órgano Jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, primeramente, procede establecer que este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, al efecto de que: ".Deje insubsistente el recibo de pago número 10AC16600-0, respecto al volante 1-18-64088 de catorce de agosto de dos mil dieciocho, expedido a nombre de la quejosa María Antonia Garate Velarde y se emita otro en el que no se aplique a la quejosa lo correspondiente al artículo 13, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, y en su lugar se establezca que deberá pagar la cuota de $660.16 (seiscientos sesenta pesos dieciséis centavos moneda nacional), del referido precepto legal, por ende, deberá devolverse a la quejosa la diferencia que resulte a su favor. Lo anterior en virtud de que los efectos de la concesión no se traducen en liberar a la quejosa de la totalidad del pago del derecho, porque en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público, por lo que en salvaguarda de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, la protección de la justicia federal será para que cubra la cuota mínima fijada a individuos que reciben un servicio en términos de la disposición legal de que se trata. Por tanto, la autoridad responsable Recaudador de Rentas en Mexicali, Baja California, deberá devolver la cantidad excedente que cubrió la quejosa por los servicios prestados por concepto de inscripción de contrato de compraventa civil, número de inciso 4305005, consignado en el recibo de pago número 10AC16600-0, del volante 1-18-64088 de catorce de agosto de dos mil dieciocho, expedido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Mexicali; desincorporando de esta forma de su esfera jurídica la porción normativa del precepto reclamado que resultó inconstitucional, la que no le será aplicada mientras se encuentre vigente. Ahora bien, como lo refiere la impetrante el cobro del impuesto adicional para la educación media y superior, se realizó con base a los derechos que se pagaron conforme a un diverso numeral, que como se expuso en líneas supra, resulta violatorio de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias previstos en el artículo 31, fracción IV Constitucional; por lo tanto, la autoridad responsable también deberá realizar nuevamente el cálculo para dicho pago en base a la tarifa que se indica anteriormente; por lo que se deberá devolver el excedente que resulte." En cumplimiento a ello, el Procurador Fiscal del Estado de la Secretaría de Planeación y Finanzas, mediante oficio sin número de fecha veintisiete de mayo del presente año, remitió copia certificada de la documental consistente en recibo de entrega del pago que emite la Dirección de Egresos del Estado de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de la cual se advierte que el cheque número 173059, fue recibido por la parte quejosa María Antonia Garate Velarde, en la que se encuentra plasmados su nombre y firma en el citado reporte (fojas 220 a 221). En consecuencia, tomando en consideración las razones que expuso la autoridad responsable, y los efectos para los cuales se concedió el amparo, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación respecto a la vista dada con el citado oficio de la responsable de referencia; por ende, SE TIENE POR CUMPLIDA SIN EXCESO, NI DEFECTO, LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. Por lo anterior, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, haciendo de su conocimiento que cuenta con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LE ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LOS QUEJOSO EL AUTO DE VEINTiNUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE EL CUAL DICE: Mexicali, Baja California, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por el Procurador Fiscal del Estado de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con sede en esta localidad; mediante el cual informa en relación con el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna sobre el particular este Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, dada la naturaleza de la concesión otorgada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario José Eduardo Rodríguez Castillo, que autoriza y da fe.
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