Claudia Lizeth Palma Ordoñez

Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1007/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Claudia Lizeth Palma Ordoñez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que en el presente juicio de amparo, se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ??????????????? término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. RESERVA DE INFORMACIÓN. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito signado por la quejosa Claudia Lizeth Palma Ordoñez, por medio del cual da total cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, y precisa que también señala como acto reclamado el citatorio de veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEA El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El transcrito dispositivo legal autoriza a la suscrita a desechar de plano una demanda cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 2 Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la citada tesis señala que se debe entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En la especie, por cuanto al acto reclamado consistente en la expedición del citatorio de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, mismo que, en lo que interesa, dispone que el juicio de derechos humanos será improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el mismo dentro de los plazos previstos en la referida legislación. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 3 ??????????????? De conformidad con el precepto legal mencionado, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, es decir, en los plazos contenidos en los artículos 17 y 18 de la ley reglamentaria, que prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del último de los preceptos en cita, se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 4 a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es oportuno destacar, que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente interpuesta, todas ellas con características propias y excluyentes ente sí. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 5 ??????????????? Ahora, la tercera hipótesis, que es la aplicable al caso en concreto, consistente en que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. De esta manera, de la demanda de amparo, específicamente del apartado de "V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", se advierte que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto que reclama desde el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, toda vez que en esa fecha se presentó de manera personal ante la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, y verbalmente hizo su solicitud de refugio, derivado de lo cual, le fue expedida la cita de esa misma fecha, con número 199710. Circunstancia que le hizo comparecer ante este órgano jurisdiccional a reclamar la expedición del citatorio de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, es evidente la extemporaneidad de la interposición de la demanda que se provee respecto a los mencionados actos, al haberse hecho con posterioridad al plazo de quince días aludido con antelación. Lo anterior es así, pues el término de quince días de la parte quejosa comenzó a correr al día siguiente al en que dicha impetrante tuvo conocimiento del acto que 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 6 reclama (veintiocho de julio de dos mil veintitrés), esto es, del treinta y uno de julio culminando el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. En relatadas condiciones, resulta extemporánea la interposición del presente juicio constitucional, pues fue hasta el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en que la parte quejosa presentó la demanda de amparo en cuestión, como se advierte de la boleta de recepción que obra en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 232213, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 7 ??????????????? Por otro lado, tenemos que de los diversos actos reclamados a las autoridades responsables, consistes en la dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; la falta de expedición de la Constancia de Trámite respecto a la Solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR]; la omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a la quejosa, y como consecuencia la falta de expedición de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros [CURP]; la omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de entrega de la Constancia de Trámite respecto a la Solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR]; y la omisión de proveer respecto a la devolución de la quejosa de este país. Este órgano jurisdiccional estima que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, al derivarse los actos reclamados de otro consentido, como a continuación se verá. Para justificar lo anterior, se estima oportuno establecer el siguiente marco legal y jurisprudencial. Los artículos 61, fracción XXIII y 217, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 8 funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Conviene precisar que para que se concrete el motivo de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 217 en comento. Tal cometido encuentra respaldo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/991 , que se lee: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido 1 De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 363, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época; jurisprudencia que si bien es anterior a la Décima Época, así como las demás que se citen en esta sentencia anteriores a dicha época, son aplicables a la Ley de Amparo vigente, en tanto que no se opongan a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 9 ??????????????? de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Así, de la interpretación de los preceptos recién transcritos, se obtiene que el juicio de amparo se tornará improcedente cuando así lo establezca la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para emitirla. En esa razón, la jurisprudencia que contiene dicho motivo de improcedencia es la identificada con el número 17 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que se lee: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere como improcedente el juicio de amparo instado contra actos que son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad que, por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que, en su momento, el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que 2 Publicada en la página número 12, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 10 le ocasionaron, no los controvirtió por alguna vía. Asimismo, el Máximo Tribunal del País ha establecido cuáles son los supuestos que deben actualizarse para que se concrete ese motivo de improcedencia, a saber: a). La existencia de un acto anterior consentido y, b). La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Lo anterior se deriva de la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Por otra parte, cabe decir que los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido son: a) Que sea una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; y b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la del acto de que deriva. Asimismo, debe señalarse que la causal de 3 Visible en la página 9, del Tomo 217-228, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 11 ??????????????? improcedencia en estudio participa de la regla general que ha sido definida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia para todas las causas de inejercitabilidad del juicio de amparo consistente en que deben acreditarse plenamente. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , que se lee: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones." Así, la parte quejosa reclama dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; la falta de expedición de la Constancia de Trámite respecto a la Solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR]; la omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a los quejosos, y como consecuencia la falta de expedición de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros [CURP]; la omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de entrega de la Constancia de Trámite respecto a la Solicitud del Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR]; y la omisión de proveer respecto a la devolución de la quejosa de este país, derivado de que le fue fijada como cita de formalización de solicitud el nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, pues es hasta esa data que se 4 Visible en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 12 materializará la continuación de su procedimiento administrativo. Así, la dilación procesal y omisiones de la que se duele, consiste en la atención de su solicitud de la condición de refugiado fuera de los plazos establecidos por la normatividad, así como la expedición de la constancia de solicitud de refugiado y la correspondiente CURP, hasta que se continúe con su trámite, que son actos surgidos en consecuencia del citatorio de con numero de ID de cita 199710, en el que se estableció la fechas de nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, para la continuación de su trámite de solicitud de la condición de refugiado. Citatorio que, como se relató con anterioridad, la parte quejosa no combatió a través del medio ordinario de defensa existente y adecuado, o en su defecto, de manera extraordinaria, por medio del juicio de amparo indirecto; por ende, dicho acto deben estimarse consentido. En esas condiciones, si la ejecución enunciada sólo es una consecuencia directa de la data fijada en el citatorio con numero de ID de cita 199710, que se hizo de su conocimiento desde el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, sin que hubiera instando la vía constitucional, es inconcuso que deben tenerse como derivados de otro consentido, lo que configura el motivo de improcedencia que se analiza. Por todo lo anterior, procede desechar la demanda de trato en términos del artículo 61, fracción XIV y XXIII, 113, en relación con el diverso 17,18, 61 y 217, todos de la Ley de Amparo. De ahí, que lo aquí determinado de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni 10/07/24 14:20:59 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.24.42 PEDRO CASTILLO CASTAÑON 13 ??????????????? pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."5 Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las catorce horas del doce de septiembre de dos mil veintitrés, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Claudia Lizeth Palma Ordóñez, la resolución de ocho de septiembre del dos mil veintitrés, emitida en el juicio de amparo número 1007/2023, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado en tercera avenida Norte, número 83, entre 11 y 13, en esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de ocho de septiembre del año en curso, dictada en el juicio de amparo número 1007/2023, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el doce de septiembre del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por Claudia Lizeth Palma Ordoñez, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], con el número de expediente 1007/2023 I-B. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, a fin de proveer respecto a la suspensión de plano, se aduce que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: La dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado al señalar un plazo fuera de término establecido por la ley en materia de refugio. Claudia Lizeth Palma Ordoñez, de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, recaído a nuestra solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada de forma oral ante la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Tapachula, Claudia Lizeth Palma, con número de cita 199710, con fecha de formalización de nuestra solicitud el 09 de septiembre de 2024. La falta de expedición de la constancia de trámite respecto a la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado a favor de la quejosa. La omisión de inscribir al Registro Nacional de Población a la quejosa, y como consecuencia, la falta de expedición de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros [CURP]. ? La omisión permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de la entrega de la constancia de trámite a que alude el artículo 22 de la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. ? La omisión de proveer al respecto a la devolución de la quejosa de este país. Ahora, si bien es cierto la parte quejosa refiere temer que, como consecuencia de que no cuenta con visa y mucho menos con las constancias de trámite de la condición de refugiado, podrían alojarla en alguna estación migratoria para ser deportada, retornada o devuelta a su país de origen, también es cierto que la misma en el apartado de actos reclamados, manifiesta expresamente y hace hincapié que no es su deseo señalar como acto reclamado la deportación, por lo que no se decreta la suspensión de plano, respecto a tal acto. PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: ÚNICO.- Precise con claridad el acto reclamado que señaló en los siguientes términos: "Claudia Lizeth Palma Ordoñez, de fecha 28 de Julio de 2023, recaído a nuestra solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada de forma oral ante la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Tapachula, Claudia Lizeth Palma, con número de cita 199710, con fecha de formalización de nuestra solicitud el 09 de septiembre de 2024." Esto es, la quejosa deberá indicar si reclama el citatorio de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, recaído a su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, o dicho acto se encuentra relacionado a diversa circunstancia. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Moisés Aguilar Godínez y Heriberto Ramirez Carrasco, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DATOS DE CONTACTO Y /LOCALIZACIÓN Se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico heriramirez811@gmail.com, el cual en caso de ser necesario, se establece como medio de contacto -no procesal-, cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas.

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