Claudia Lizeth Amparan Cordova
Expediente 1345/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1345/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/01/2022
Partes del expediente
- Claudia Lizeth Amparan Cordova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mexicali, Baja California, a once de enero de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda de amparo. Devolución. Al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en que se ordenó la devolución de los documentos en cuestión, previa constancia que se levante de la entrega de los mismos, para lo cual deberá gestionar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, su ingreso a fin de que se genere su código "QR" y pueda tener acceso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, conforme lo establecen los artículos 3 y 4 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus del COVID-19". Autorizado. Se tiene a la parte gestora del amparo, autorizando para recibir los documentos de que se trata, a la persona que señala en el escrito de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por 1) Claudia Lizeth Amparan Córdova; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Devolución de documentos. Atento al escrito de cuenta, conforme a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la devolución del documento que fue anexado a la demanda de amparo; previa copia certificada que de éste se deje en autos, así como toma de razón y recibo para su debida constancia. Generar cita. En el entendido de que la persona autorizada para recibir las copias en cuestión, deberá comparecer a este juzgado a recibirlas, para lo cual deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020, en su artículo tercero, y generar una cita y poder acudir personalmente al Juzgado Federal en los horarios establecidos, para lo cual se le asignará un código "QR", el cual le permita el ingreso a las instalaciones del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, donde se ubica este Juzgado de Distrito. Constancias o actuaciones. No obran dentro del expediente. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Incidente. En el presente juicio de amparo no se apertura incidente de suspensión. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Registro digital 164525, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/4600/2021 de veintinueve de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guarda los autos dentro del presente juicio y de una revisión de la constancia de notificación del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo, se aprecia que el mismo fue notificado a la parte promovente, por lista. Sin embargo, la propia Ley de Amparo, establece que el mismo debe ser notificado personalmente, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: [.] j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta; [.]". En virtud de lo anterior, se comisión al actuario a que lleve la notificación del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo, de manera personal a la parte quejosa, y una vez hecho lo anterior, integre de inmediato y debidamente el expediente electrónico y físico del presente juicio. Cúmplase.
- Principal
EN ATENCION AL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE CURSANTE, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ********** LA SIGUIENTE DETORMINACION QUE REZA: Mexicali, Baja California, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********** contra actos del Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del Departamento de Crédito dependiente de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado de Sonora; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1345/2021. Improcedencia. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la demanda de amparo, escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. De la interpretación de esta disposición legal se desprende que cuando exista causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda de amparo se desechará de plano. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esencia se hace consistir en la omisión por parte de las autoridades responsables, cada una en el ámbito de su competencia, de cubrir al hoy quejoso la indemnización global, prevista en el artículo 89, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a pesar que el nueve de septiembre del año en curso, inició el trámite correspondiente. En ese contexto, podemos afirmar que opera de forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b, que la misma ley, aplicado en sentido contrario, los cuáles establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado (.)." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Antes de continuar, es importante establecer lo dispuesto el artículo 91-E, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el cual reza lo siguiente: "Artículo 91-E.- El Instituto pagará a los asegurados el importe que proceda, a los 20 días de que se hayan acreditado los requisitos que señale el Reglamento, mediante los cuales se pruebe que se tiene derecho a la prestación." De la porción normativa en cuestión, se desprende que las autoridades del citado Instituto de Seguridad, pagarán a los asegurados la suma que resulte en un plazo de una vez acreditados los requisitos correspondientes. Igualmente, es de citar lo que establecen los numerales 17 y 18, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, los cuales disponen: "ARTÍCULO 17.- Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables. ARTÍCULO 18.- Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." Los preceptos legales transcritos regulan la actuación de las autoridades administrativas respectos de los trámites que estén a su cargo, y para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles, plazo máximo al cual las autoridades administrativas deben ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. En ese tenor de ideas, podemos concluir que la omisión que ahora se reclama, indudablemente que por los efectos y consecuencias que genera, no puede ser considerada como de ejecución irreparable, en tanto que se trata de una omisión de carácter meramente de trámite, según se explica a continuación. En efecto, en primer lugar se hace énfasis en que dicho acto no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, simplemente es una actuación que es parte del procedimiento de origen para obtener el pago por concepto de indemnización global, o sea, ese acto sólo se relaciona con cuestiones relativas al trámite del pago de la indemnización en cuestión; lo que, sin duda, genera que sus efectos no se igualen con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b, de la ley de la materia. Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el catorce de julio de dos mil catorce, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En esa disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, conforme al artículo 107 fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo vigente, los actos en juicio que se consideran de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan de manera directa e inmediata no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el procedimiento. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales. Lo que de suyo implica que el quejoso no se encontrará en condiciones de promover amparo contra tantos actos de trámite se vayan emitiendo durante la tramitación del procedimiento y que sólo produzcan afectación a derechos adjetivos. Cabe precisar que los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan las garantías de libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras, y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. Por otro lado, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones procesales sufridas a través del amparo directo, de acuerdo con el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso a), y los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de las autoridades responsables, cada una en el ámbito de su competencia, de cubrir al hoy quejoso la indemnización global, prevista en el artículo 89, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a pesar que el nueve de septiembre del año en curso, inició el trámite correspondiente; por tanto, resulta inconcuso que dicho acto únicamente pudiera perturbar, en su caso, derechos adjetivos o de trámite y, en su grado mayor de afectación, implica el retardo del trámite de origen; de lo que claramente emerge que en el presente asunto los efectos del acto que se reclama no son de imposible reparación, ya que por en contraposición a ello, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; ello al margen de su "trascendencia predominante o superior"; pues, como se anticipó, en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, únicamente contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí, descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. Por consiguiente, tenemos que en el caso particular, el nueve de septiembre del año en curso, el hoy quejoso solicitó el pago por concepto de la indemnización global, por lo que el término de los cuarenta y cinco días hábiles concluyen el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, sin contar los días once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre; dos, tres, nueve, diez, doce, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre; y, uno, dos, seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno de noviembre, todos del año dos mil veintiuno, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, numeral 74 de la Ley Federal del Trabajo y Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consecuentemente, al haber presentado el escrito de demanda el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, aún no ha transcurrido los cuarenta y cinco días hábiles multireferidos, ni al día que esto se resuelve Por ende, la omisión de análisis no es de imposible reparación, en la medida que no afecta derechos sustantivos, virtud que según lo evidenciado en párrafos supra, no trascurrieron más de cuarenta y cinco días hábiles de que ocurrió la inactividad denunciada por la parte quejosa; lapso estimado para que podamos considerar que nos encontramos ante una abierta dilación, por las consideraciones anteriormente vertidas. En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida; por consiguiente, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de ley de amparo al profesionista (I) Reynaldo Rafael Ruiz Sánchez, por así solicitarlo la parte quejosa y al encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Correo electrónico. En términos del artículo 23, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19", téngase a la parte quejosa proporcionando la cuenta de correo electrónico personal nayardo82@hotmail.com. En el claro entendido de que, acorde al citado precepto, el mismo es única y exclusivamente con el fin de facilitar el contacto con personal de este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones electrónicas por dicho medio de comunicación privada, toda vez que ello debe solicitarse expresamente y realizarse únicamente desde el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante usuario registrado en dicho portal. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.
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