Claudia Lizbeth Campos Castro

Expediente 89/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
89/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Claudia Lizbeth Campos Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 66/2023; ejecutoria que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por *** por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada, contra el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto 89/2023-VII." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Ahora bien, sin soslayar lo resuelto por el Tribunal Colegiado oficiante en la ejecutoria que en esta data se recibe, al efectuar un análisis que parte de nuevas actuaciones que no se tenían a la emisión del acuerdo recurrido, toda vez que es obligación de este juzgador pronunciarse de oficio de la actualización notoria e indudable de las causales de improcedencia, atento a lo previsto en los numerales 63 y 64, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, al efecto se provee: DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito de desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, el acuerdo de diecinueve de diciembre del dos mil veintidós, dictado en el expediente 970/2022, del índice del Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que confirmó la admisión a trámite de la demanda interpuesta, así como las diversas medidas otorgadas al actor -inicialmente en auto de siete de julio de ese año-. Ahora bien, del juicio de amparo 968/2022 de este índice, lo que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, se desprende la relación que guarda con este sumario constitucional y, al efecto, es dable precisar diversos antecedentes que de aquél derivan: - El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; sin embargo ésta fue revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revisión 33/2022 interpuesto por Claudia Elizabeth Campos Castro, Tribunal que al resumir jurisdicción, otorgó la medida cautelar en los siguientes términos: "Al cumplirse los requisitos que establece el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, pues la suspensión fue solicitada por la quejosa y como no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y es de interés social atender, a su vez el interés superior del menor atento al ejercicio de la guarda y custodia compartida ejercida a su favor, por ambos progenitores, la cual fue convenida ante autoridad judicial y elevada a sentencia ejecutoriada en juicio previo; luego, en términos del párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que el Juez Décimo Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, previamente a proveer sobre la admisión de la demanda de violencia familiar y de decretar las medidas de protección correspondientes, analice pormenorizadamente dicha demanda promovida por Carlos García Monroy, y observe si en la misma éste le proporcionó al juzgador información del estatus legal que priva en orden con el convenio de veinticinco de marzo de la presente anualidad celebrado por las partes y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada en el juicio de divorcio incausado 449/2021, radicado ante el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; esto es, primero debe verificar dicha información para constatar si el accionante se ha conducido con verdad y probidad procesal en la información de los hechos narrados en su demanda, en orden con el estado de cosas derivado de aquel convenio elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada y que es preciso sea conocido por dicho juzgador, a efecto de no emitir una determinación basada en hechos sólo parcialmente informados que trascenderían negativamente y se conflictuarían con una previa determinación judicial de guarda y custodia compartida vigente; antes de tomar cualquier decisión en el procedimiento de violencia familiar e igualmente constate dicho juzgador conocedor de este procedimiento si existen hechos narrados en esa demanda de tal magnitud y gravedad que valorados conjuntamente con la información que debiera haber proporcionado el accionante del convenio de guarda y custodia o con la conducta procesal asumida en caso de haber sido omiso, le condujeran a decretar o no inevitablemente medidas preventivas urgentes en el juicio de violencia, por encima de la otra determinación judicial imperante en el procedimiento de divorcio incausado derivada del convenio sancionado judicialmente, y hecho lo cual, emita el auto relativo, ordenando al accionante la devolución del niño a la quejosa para que se continúe con el ejercicio de la guarda y custodia compartida o bien, en su caso, determine que el menor quede bajo su cuidado y subsistan las medidas de protección que ha tomado en el procedimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, mientras no sea resuelto en definitiva el juicio de amparo, se preserva el interés superior del menor sin seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público. .." -En cumplimiento a lo anterior, el Juzgado Décimo Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, emitió la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que, inicialmente analizó el recurso interpuesto contra el auto admisorio de siete de julio de dos mil veintidós, y, procedió a admitir la demanda, proveyendo también, respecto a la concesión de las medidas de protección correspondientes. (ACTO RECLAMADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO 89/2023-VII) -El tres de marzo de dos mil veintitrés, se declaró fundado el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva interpuesto por la parte quejosa -admitido el once de enero de este año, respecto a dicha determinación -diecinueve de diciembre de dos mil veintidós-. -El diez de marzo de esta anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Supernumerario Décimo Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el que, en cumplimiento al requerimiento formulado en dicha resolución de tres de marzo de este año, adjuntó copia certificada de la determinación de ocho posterior. Lo anterior, en cumplimiento a su vez, a dicha resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revisión 33/2022, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Al respecto, este juzgador advierte de oficio que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 63, de ese mismo ordenamiento legal, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Al respecto, cabe mencionar que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que por un pronunciamiento posterior de la autoridad responsable, queden sin efectos los actos reclamados, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si los actos reclamados no hubieran trastocado la esfera jurídica de la gobernada, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos de del acto reclamado significa que la autoridad que los emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de esos actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de dichos actos, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de unos actos que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, y cuando sean de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Luego entonces, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el supuesto de que se concediera a la parte quejosa la protección constitucional solicitada respecto del referido acto, sus efectos serían para que se deje sin efectos el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; sin embargo, respecto a éste, en el caso concreto, se tiene que al emitir la responsable la determinación de ocho de marzo de dos mil veintitrés, tuvo como consecuencia lógica-jurídica que aquél dejara de existir, pues, justamente el acto aquí reclamado se había emitido en cumplimiento a la ejecutoria del mencionado Tribunal Colegiado, por lo que se ve superado tal pronunciamiento, con el cumplimiento que, a su vez, emitió con posterioridad el juzgado responsable en atención al requerimiento formulado en la resolución de tres de este mes y anualidad -que declaró fundado en el incidente de exceso en el cumplimiento a la referida suspensión otorgada por la Superioridad-. De ahí que, si en el presente caso ya hay un pronunciamiento que impera, se debe estimar que tal acto cesó y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues la violación que con su emisión en determinado momento se pudo cometer contra sus derechos fundamentales, ya fue reparada y superada, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado, dado que su ejecutividad dejó de prevalecer por sobrevenir el dictado de la citada determinación de ocho de marzo de este año. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2A./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, (febrero de 1998), con número de registro 196820, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la ley de amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de amparo". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI (noviembre de 1997), visible en la página 71, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyó a la gobernada en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por ser manifiesta y notoriamente improcedente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; y por oficio a la Superioridad.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que acusa recibo del diverso con el que se remitió el medio de impugnación, así como de la respectiva boleta de turno, e informa que admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por ********************, quien se ostenta como mandatario de ********************, ésta, por propio derecho y a su vez, en representación de su menor hijo de iniciales reservadas ******************** contra el auto dictado el treinta de enero de la presente anualidad, el cual quedó registrado con el número ********************; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de Edgar Daniel Briseño Sierra, quien se ostenta como mandatario de Claudia Lizbeth Campos Castro, ésta, por propio derecho y a su vez, en representación de su menor hijo de iniciales reservadas C.E.G.C., mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, rindo informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda. En ese tenor, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad tal oficio y boleta de turno de manera digitalizada. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión; por tanto, una vez que se cuente con dicha papeleta de turno relativa al medio de impugnación, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 3 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese la vinculación de las constancias a fin de adoptarse como eje rector la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a dicho Tribunal este Juzgado Federal, así como a la sección de actuaría para que así se pueda visualizar la totalidad de las constancias que lo integran, garantizando tanto la vinculación del expediente electrónico, como la actualización de los datos de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en observancia al referido "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones Digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1238. Notifíquese. Así lo proveyó Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Julio César Tolentino Trejo, que da fe. Iván.

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