Claudia Jaqueline Salgado Lozano

Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
594/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Claudia Jaqueline Salgado Lozano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintidós. I. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito de *, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el que señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; atento a ello, se provee: II. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. III. Calificación de cumplimiento. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con el cumplimiento del fallo protector, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, no obstante, resulta procedente que este juzgado se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al promovente. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por la autoridad y el fedatario público vinculados, y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. 1. Titular de la Notaría Pública Número 15 con residencia en esta ciudad. EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ "[.]49. SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. De conformidad con lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se concede el amparo a la quejosa Claudia Jaqueline Salgado Lozano, para los efectos siguientes: I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, deje insubsistente el acto de aplicación del artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro,1 y, en su lugar, cobre a la parte quejosa únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, restituyéndosele el numerario que exceda respecto de las cantidades erogadas con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la compraventa de un inmueble, protocolizada en la escritura *, pasada ante la fe del Notario Público * de Querétaro, Querétaro. 50. Lo anterior, ya que los efectos del amparo no pueden traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de derechos por el servicio proporcionado por el Estado, toda vez que en aras de salvaguardar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitucional, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. 51. De modo que, la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido sólo implica que la parte peticionaria deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. 52. Máxime que, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Hacienda del Estado de Querétaro, cuando los derechos generados por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se establezcan al millar y la cantidad que resulte a pagar sea inferior a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, se cobrará esta última cantidad..[.]" 1. En oficio agregado en autos el Titular de la Notaría Pública Número 15, con residencia en esta ciudad, puso a disposición de la parte quejosa el cheque que ampara la suma que se ordenó devolver en la ejecutoria de amparo, en relación a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por la inscripción de la compraventa de inmuebles. 1 "Artículo 90. Por la inscripción de compraventa de inmuebles; compraventa de bienes inmuebles con reserva de dominio; permuta de bienes inmuebles; adjudicaciones judiciales; dación en pago de inmuebles; escrituración en rebeldía; adjudicaciones por herencia; limitaciones de dominio; uso; consolidación de propiedad; constitución o ejecución de fideicomisos traslativos de dominio; cesión de derechos inmobiliarios, se causará el derecho a razón del 7.5 al millar sobre el valor del inmueble, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de esta Ley. Por la inscripción del acto mediante el cual se adquiera el usufructo o la nuda propiedad, se causarán y pagarán derechos a razón del 3.75 al millar." CONCLUSIÓN. En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. III. Archivo. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE A LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintidós. I. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito de *, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el que señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; atento a ello, se provee: II. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. III. Calificación de cumplimiento. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con el cumplimiento del fallo protector, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, no obstante, resulta procedente que este juzgado se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al promovente. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por la autoridad y el fedatario público vinculados, y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. 1. Titular de la Notaría Pública Número 15 con residencia en esta ciudad. EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ "[.]49. SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. De conformidad con lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se concede el amparo a la quejosa Claudia Jaqueline Salgado Lozano, para los efectos siguientes: I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, deje insubsistente el acto de aplicación del artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro,1 y, en su lugar, cobre a la parte quejosa únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, restituyéndosele el numerario que exceda respecto de las cantidades erogadas con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la compraventa de un inmueble, protocolizada en la escritura *, pasada ante la fe del Notario Público * de Querétaro, Querétaro. 50. Lo anterior, ya que los efectos del amparo no pueden traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de derechos por el servicio proporcionado por el Estado, toda vez que en aras de salvaguardar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitucional, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. 51. De modo que, la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido sólo implica que la parte peticionaria deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. 52. Máxime que, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Hacienda del Estado de Querétaro, cuando los derechos generados por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se establezcan al millar y la cantidad que resulte a pagar sea inferior a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, se cobrará esta última cantidad..[.]" 1. En oficio agregado en autos el Titular de la Notaría Pública Número 15, con residencia en esta ciudad, puso a disposición de la parte quejosa el cheque que ampara la suma que se ordenó devolver en la ejecutoria de amparo, en relación a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por la inscripción de la compraventa de inmuebles. 1 "Artículo 90. Por la inscripción de compraventa de inmuebles; compraventa de bienes inmuebles con reserva de dominio; permuta de bienes inmuebles; adjudicaciones judiciales; dación en pago de inmuebles; escrituración en rebeldía; adjudicaciones por herencia; limitaciones de dominio; uso; consolidación de propiedad; constitución o ejecución de fideicomisos traslativos de dominio; cesión de derechos inmobiliarios, se causará el derecho a razón del 7.5 al millar sobre el valor del inmueble, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de esta Ley. Por la inscripción del acto mediante el cual se adquiera el usufructo o la nuda propiedad, se causarán y pagarán derechos a razón del 3.75 al millar." CONCLUSIÓN. En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. III. Archivo. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede se advierte que, por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto de lo informado por el Titular de la Notaría Pública Número Quince, con residencia en esta ciudad, en relación al cumplimiento dado a la sentencia concesoria de amparo, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio, lo cual ya aconteció, por tanto se levanta la reserva decretada y se provee: II. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio SF/SPFI/PF/SFCO/03317/2022, suscrito por el Subprocurador Fiscal Contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro, en representación de la Secretaría de Finanzas Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual refiere que la Notaría Pública número Quince (15), con residencia en esta ciudad, únicamente enteró al fisco estatal la cantidad de $*********** m.n.), por el acto jurídico de adjudicación judicial, esto es 3.75 unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, materializados en los recibos que anexa; en consecuencia, se ordena agregar únicamente a los autos para que obre como corresponda, en atención a lo acordado en líneas precedentes. III. Se da vista. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio 12631 y sus anexos, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado Federal efectuará el análisis respectivo del cumplimiento a la ejecutoria, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. IV Cambio de denominación. Finalmente, con fundamento en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Según se advierte del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles , se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Se aclara sentencia. Por otra parte, del estado de autos también se advierte que, en proveído de once de agosto del año en curso, se tuvo al autorizado de la parte quejosa solicitando la aclaración de sentencia respecto al nombre de su representado, pues refirió que en el segundo resolutivo de la sentencia dictada en autos, se precisó el nombre de una persona diversa a la parte quejosa; reservándose proveer lo conducente. Precisado lo anterior, debe tomarse en consideración lo establecido en jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que la aclaración de sentencia constituye una institución procesal creada en beneficio de los gobernados, ya que, sin ser un recurso, tiene por objeto subsanar omisiones y corregir errores o defectos. Además, debe tenerse presente que la sentencia puede ser considerada como un acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1423, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1602, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Séptima Época, con registro 1003302, de rubro y contenido siguientes: "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente." Consecuentemente, al ser responsabilidad del órgano jurisdiccional sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia como documento y la sentencia como acto jurídico, en cumplimiento a tal obligación debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente, por lo que con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, se aclara la sentencia dictada en este juicio constitucional, para el único efecto de estatuir como resolutivo segundo, el siguiente: "63. SEGUNDO. Para los efectos antes precisados la Justicia de la Unión ampara y protege a *, contra actos de la Legislatura y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Querétaro, consistentes en la aplicación del artículo 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro." Sin que la aludida aclaración implique variar oficiosamente el sentido de las consideraciones en que se sustentó la emisión de la sentencia, ya que se insiste, la presente determinación tiene por objeto otorgar certeza jurídica a las partes en cuanto a la data en que tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 2/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 22, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2008583, de rubro y contenido siguientes: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya." III. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable precisada, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciba la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. IV. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. V. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. VI. Otras consideraciones. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombre se precisaron en la demanda de amparo; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo; asimismo se hace la precisión que el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "no negociable" o "para abono a cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. VII. Estese a lo acordado. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de *, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en que solicita cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto; visto su contenido, dígase a la promovente que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

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