Claudia Janeth Kelly Alamillo

Expediente 304/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
304/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Claudia Janeth Kelly Alamillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ***, respecto de actos reclamados de la ***, con sede en esta ciudad. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda en el apartado de rubro "nombre y domicilio del quejoso" aparece: ***, con domicilio en *** Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, del análisis integral de la demanda se advierte que en el proemio de la misma aparece el nombre de *** quien además firma electrónicamente dicho documento y de su contenido se advierte que dicha persona refiere que los actos reclamados transgreden sus derechos fundamentales, por lo que debe entenderse que es la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Sin que sea factible realizar la prevención correspondiente, pues con independencia de la aclaración, no cambiaría el sentido del presente acuerdo, como se precisará en párrafos subsecuentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ***, en esta ciudad, y como autorizados a ****, con las limitantes que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener acreditado estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Asimismo, como lo pide la promovente, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica al usuario ***; lo anterior, una vez que el secretario actuante ****, lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, para agregar al usuario que registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y usuario de mérito. Como lo pide el promovente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense a la parte quejosa las notificaciones vía electrónica. Respecto al correo electrónico que proporciona, será considerado como herramienta de contacto, en caso de resultar necesario, no así para practicar notificaciones, toda vez que no es un medio legal para llevarlas a cabo de conformidad con la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza el empleo de lector óptico y/o fotográfico y/o scanner, a fin de que se fotocopien los acuerdos y resoluciones del presente juicio de amparo, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que respecto al acto reclamado en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedenci Ahora bien, para dar mayor claridad a lo expuesto, cabe señalar que entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación, que surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público; se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado; es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que al realizar tales actos, el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas; y, b) Las de coordinación, que son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso particular, con el fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia apuntada, se precisa que la quejosa reclama: De la Comisión Federal de Electricidad y/o CFE Suministrador de Servicios Básicos, con residencia en esta ciudad: La orden para el corte y/o suspensión del suministro de energía eléctrica respecto del domicilio particular sito en ***, Culiacán, Sinaloa. Desde esa perspectiva, este órgano jurisdiccional considera que en el caso no se cumple con la primer nota distintiva anotada en párrafos precedentes consistente en una relación de supra a subordinación, toda vez que el acto reclamado por el quejoso deriva de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, de ahí, que la relación entre éstos no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo mencionado y el particular usuario del servicio. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos al colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de la autoridad como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es claro concluir que el acto reclamado por la parte quejosa que se traduce en el corte del suministro de energía eléctrica en el bien inmueble que a su decir habita, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ello es así, puesto que, nuestro más alto Tribunal del País, ha determinado mediante criterios jurisprudenciales que los actos derivados de la Comisión Federal de Electricidad, entre el que se encuentra el reclamado por la parte quejosa no constituye acto susceptible de analizarse en el juicio de amparo, toda vez que el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. Sin que pueda considerarse que el mencionado corte del suministro del servicio de energía eléctrica en el bien inmueble que refiere la quejosa constituya un acto unilateral susceptible de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del particular, o que genere que la relación de coordinación se trasforme de supra a subordinación, dado que ello solo es consecuencia del incumplimiento de lo pactado en el contrato que se celebró con la ***. Consecuentemente, se reitera que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular y en ese sentido se ha establecido que el corte del suministro de energía eléctrica que emite la Comisión Federal de Electricidad no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, toda vez que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares son de naturaleza comercial y en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicho órgano constitucional también ha definido que es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, como acontece en el caso particular, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, dijo, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes.

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