Claudia Janeth Gutiérrez Gutiérrez
Expediente 364/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Claudia Janeth Gutiérrez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, en su carácter de apoderado legal de la trabajadora ******, en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese el presente asunto totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este juicio es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este auto.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA ALPROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 30 DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por el licenciado ********************en su carácter de apoderado legal de la trabajadora ********************, contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo con el número 364/2023-I y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Toda vez que el promovente acredita tener facultades representativas de la aquí quejosa ante la autoridad responsable; en consecuencia, se le reconoce dicha personalidad para instar en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el precepto 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El ordinal 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedentE En el caso, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo y documentales exhibidas, se advierte que la parte quejosa en su carácter de actora (trabajadora), reclama la determinación tomada por la junta responsable en audiencia de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la que acordó su promoción presentada el treinta y uno de enero del año en curso, en el sentido de no ha lugar a llamar a juicio como tercero interesado a la persona moral Energi Solution of America, Sociedad Anónima de Capital Variable, con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente laboral 4/22/2331; es decir, el acto impugnado constituye un acto procesal, pues no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. En razón de que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a la persona mencionada y resolver lo que en derecho proceda. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la ley de la materia, establece como requisito primordial, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, es necesario referir que el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que el laudo que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la quejosa, esta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad con los artículos 170 y 172 de Ley de Amparo. Además, en el numeral 182 de la propia legislación se prevé la figura del amparo adhesivo, para lo cual la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, a fin de hacer valer las violaciones procesales que estimen se cometieron en su perjuicio, pues de no hacerlo así, y de resultarles desfavorable el fallo dictado en la vía constitucional, se tendrán por consentidas tales infracciones, y no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en ningún juicio de amparo posterior. En ese sentido, es que se concluye que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y en su caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. De ahí que se considere que las razones que fueron expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, han quedado superadas. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior; sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, a contrario sensu, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que con fundamento en el numeral 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de apoderado legal de la trabajadora ********************.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por el licenciado ********************en su carácter de apoderado legal de la trabajadora ********************, contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo con el número 364/2023-I y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Toda vez que el promovente acredita tener facultades representativas de la aquí quejosa ante la autoridad responsable; en consecuencia, se le reconoce dicha personalidad para instar en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el precepto 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El ordinal 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" En el caso, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo y documentales exhibidas, se advierte que la parte quejosa en su carácter de actora (trabajadora), reclama la determinación tomada por la junta responsable en audiencia de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la que acordó su promoción presentada el treinta y uno de enero del año en curso, en el sentido de no ha lugar a llamar a juicio como tercero interesado a la persona moral Energi Solution of America, Sociedad Anónima de Capital Variable, con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente laboral 4/22/2331; es decir, el acto impugnado constituye un acto procesal, pues no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. En razón de que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a la persona mencionada y resolver lo que en derecho proceda. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la ley de la materia, establece como requisito primordial, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, es necesario referir que el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que el laudo que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la quejosa, esta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad con los artículos 170 y 172 de Ley de Amparo. Además, en el numeral 182 de la propia legislación se prevé la figura del amparo adhesivo, para lo cual la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, a fin de hacer valer las violaciones procesales que estimen se cometieron en su perjuicio, pues de no hacerlo así, y de resultarles desfavorable el fallo dictado en la vía constitucional, se tendrán por consentidas tales infracciones, y no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en ningún juicio de amparo posterior. En ese sentido, es que se concluye que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y en su caso a través del amparo directo o del amparo adhesivo. De ahí que se considere que las razones que fueron expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, han quedado superadas. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior; sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, a contrario sensu, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que con fundamento en el numeral 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de apoderado legal de la trabajadora ********************. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 63/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, Materias(s): Laboral, página 309, que dice: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, y 158 a 161 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso. La negativa de la Junta a llamar al presunto tercero interesado designado por alguna de las partes con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas mencionadas y resolver lo que en derecho proceda". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle ******************** ********************, colonia ********************, en esta ciudad y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia a los licenciados ********************, por así haberlo solicitado y ser la parte trabajadora en el juicio laboral del cual deriva el acto impugnado. Con apoyo en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativa a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace saber que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En términos del artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes en forma física, en tanto que, las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren a fin de consten de manera digital en términos del numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; debiendo el secretario cerciorarse de que las constancias que obren el expediente impreso o físico, coincida con el expediente electrónico.
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