Claudia Janet Vazquez Cortes
Expediente 33/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/04/2022
Partes del expediente
- Claudia Janet Vazquez Cortes
- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que CLAUDIA YANET VAZQUEZ CORTES, no se inconformó en contra de la determinación mediante la cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, éste órgano judicial determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por ende una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
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EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, remite testimonio autorizado en auto inserto de la resolución dictada en el recurso de queja 403/2021 del índice de dicho Tribunal, derivada del juicio de amparo 33/2021, de la estadística de este juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase saber al promovente CLAUDIA YANET VAZQUEZ CORTES, que el Tribunal de referencia declaro fundado el recurso de queja y ordenó a este Juzgador proveer lo conducente en relación con la demanda; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Ahora, y dado que la ejecutoria pronunciada en la queja 403/2021, no constriñe a este órgano jurisdiccional a admitir invariablemente la demanda de amparo presentada por la quejosa Claudia Janet Vazquez Cortes, quien aquí resuelve, estima que a la fecha se actualiza una diversa causa manifiesta e indudable de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, tal como se verá a continuación. Del análisis que se hace a la demanda de amparo presentada por la quejosa Claudia Janet Vazquez Cortes, en su carácter de residente del Estado de Nayarit, contra el acto omisivo que se le atribuye a Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Conforme al artículo trascrito se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y su aclaratorio, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, conviene hacer la precisión del acto que reclama la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en la tesis de Jurisprudencia 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Bien, la parte quejosa reclama de la Cámara, del Pleno, del Presidente de la Mesa Directiva y del Presidente de la Comisión Permanente, todos pertenecientes a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, lo siguiente: "OMISIÓN DE LLAMAR AL SENADOR SUPLENTE PARA PARA (SIC) CONSERVAR LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL SENADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ARTÍCULO 14 EN RELACIÓN CON EL 13, PUNTO 2 AMBOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA." Sin embargo, en la especie este Juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En el caso, como se adelantó, la parte quejosa se duele de la conducta contumaz de la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México -entre otras-, de la omisión de llamar al senador suplente para conservar la debida integración del Senado de acuerdo conforme a los artículos 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 14 en relación con el 13, punto 2 ambos del Reglamento del Senado de la República. Para justificar la anterior conclusión, se estima destacar que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última ley, los hechos notorios pueden invocarse por el juzgador, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, toda vez que la invocación de hechos notorios por parte de los órganos jurisdiccionales es una facultad establecida a su favor, como una herramienta más para estar en mejor aptitud de dirimir controversias ante ellos planteada, como una facultad meramente potestativa. Fuente demostrativa de la cual este juzgador hace uso, a fin de resolver la presente litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis que aparece publicada en la página 367, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HECHOS NOTORIOS, CARACTERÍSTICAS DE LA INVOCACIÓN OFICIOSA DE LOS. De la redacción empleada por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que la invocación de hechos notorios por parte de los tribunales es una facultad establecida en su favor por el legislador, como una herramienta más para que estén en mejor aptitud de dirimir las controversias ante ellos planteadas, que les permite echar mano de hechos que, aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, son lo bastante notorios e importantes como para dilucidar una contienda judicial determinada; esto es, la invocación de hechos notorios no es una obligación, sino una facultad meramente potestativa. Entonces, el empleo de esa facultad queda al arbitrio de los juzgadores, porque la calificación de notoriedad de un hecho cualquiera es una cuestión completamente subjetiva." En razón de ello, se tiene que es un hecho público y notorio que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta de ley a Rosa Elena Jiménez Arteaga, como senadora por el Estado de Nayarit, para ocupar la vacante que ocupó Miguel Ángel Navarro Quintero, actual Gobernador del Estado de Nayarit. En efecto, por el grupo parlamentario de Morena, Rosa Elena Jiménez Arteaga, en la jornada electoral extraordinaria en el Estado de Nayarit, llevada a cabo el cinco de diciembre de dos mil veintiuno, resultó electa para ocupar la vacante del ex senador Miguel Ángel Navarro Quintero, hoy Gobernador del Estado de Nayarit. Así es, de la vista que se tiene de la página electrónica oficial del Senado de la República https://www.senado.gob.mx/64/senadoras se advierte que efectivamente, Rosa Elena Jiménez Arteaga, es senadora por el Estado de Nayarit. Luego, y dado que los datos publicados en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; es inconcuso que tienen eficacia probatoria, en términos del diverso 188 del citado ordenamiento -también aplicado supletoriamente-, el cual establece que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. De lo que se sigue que en lo que ve a ese último rubro, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra el 'internet', que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. Así es, la información generada o comunicada por esa vía como parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. Se cita al respecto la jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, bajo la voz: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. Asimismo, se cita la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, que dice: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Así como la relativa a la tesis V.3o.10 C sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1306, que se comparte, del tenor siguiente: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: 'Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.'; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra 'internet', que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo." Sin soslayar, por las razones que informa, la tesis XX.2o.33 K sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1643, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público, entre otros servicios, el directorio de sus empleados, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 'internet', del cual puede obtenerse el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, así como su historial laboral; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." De lo expuesto, puede concluirse que la información obtenida de la página electrónica oficial del Senado de la República, tiene valor probatorio para la resolución del asunto que nos ocupa. En ese contexto, y si de lo antes expuesto, quedó demostrado que Rosa Elena Jiménez Arteaga, es senadora por el Estado de Nayarit, en el lugar vacante que ocupaba el ex senador Miguel Ángel Navarro Quintero en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -catorce de enero de dos mil veintiuno- es inconcuso que cesó la conducta contumaz atribuida a las autoridades legislativas, Cámara de Senadores, Pleno de la Cámara de Senadores, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Presidente de la Comisión Permanente, todos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, la omisión que se les atribuyó a esas responsables, de llamar al senador suplente para la integración de la Comisión del Senado, ha cesado en sus efectos, pues se reitera, ya se nombró senadora propietaria por el Estado de Nayarit a la de nombre Rosa Elena Jiménez Arteaga, lo que implica que a la fecha, volvieron las cosas al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional reclamada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Ello es así, porque para la vigencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo. Al respecto, es menester citar la jurisprudencia 2a./J.9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, se cita la tesis aislada P. CL/97, emitida por el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, bajo la voz: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las apuntadas circunstancias, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de la Materia.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, remite testimonio autorizado en auto inserto de la resolución dictada en el recurso de queja 403/2021 del índice de dicho Tribunal, derivada del juicio de amparo 33/2021, de la estadística de este juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase saber al promovente CLAUDIA YANET VAZQUEZ CORTES, que el Tribunal de referencia declaro fundado el recurso de queja y ordenó a este Juzgador proveer lo conducente en relación con la demanda; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Ahora, y dado que la ejecutoria pronunciada en la queja 403/2021, no constriñe a este órgano jurisdiccional a admitir invariablemente la demanda de amparo presentada por la quejosa Claudia Janet Vazquez Cortes, quien aquí resuelve, estima que a la fecha se actualiza una diversa causa manifiesta e indudable de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, tal como se verá a continuación. Del análisis que se hace a la demanda de amparo presentada por la quejosa Claudia Janet Vazquez Cortes, en su carácter de residente del Estado de Nayarit, contra el acto omisivo que se le atribuye a Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Conforme al artículo trascrito se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y su aclaratorio, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, conviene hacer la precisión del acto que reclama la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en la tesis de Jurisprudencia 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Bien, la parte quejosa reclama de la Cámara, del Pleno, del Presidente de la Mesa Directiva y del Presidente de la Comisión Permanente, todos pertenecientes a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, lo siguiente: "OMISIÓN DE LLAMAR AL SENADOR SUPLENTE PARA PARA (SIC) CONSERVAR LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL SENADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ARTÍCULO 14 EN RELACIÓN CON EL 13, PUNTO 2 AMBOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA." Sin embargo, en la especie este Juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En el caso, como se adelantó, la parte quejosa se duele de la conducta contumaz de la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México -entre otras-, de la omisión de llamar al senador suplente para conservar la debida integración del Senado de acuerdo conforme a los artículos 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 14 en relación con el 13, punto 2 ambos del Reglamento del Senado de la República. Para justificar la anterior conclusión, se estima destacar que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última ley, los hechos notorios pueden invocarse por el juzgador, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, toda vez que la invocación de hechos notorios por parte de los órganos jurisdiccionales es una facultad establecida a su favor, como una herramienta más para estar en mejor aptitud de dirimir controversias ante ellos planteada, como una facultad meramente potestativa. Fuente demostrativa de la cual este juzgador hace uso, a fin de resolver la presente litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis que aparece publicada en la página 367, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HECHOS NOTORIOS, CARACTERÍSTICAS DE LA INVOCACIÓN OFICIOSA DE LOS. De la redacción empleada por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que la invocación de hechos notorios por parte de los tribunales es una facultad establecida en su favor por el legislador, como una herramienta más para que estén en mejor aptitud de dirimir las controversias ante ellos planteadas, que les permite echar mano de hechos que, aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, son lo bastante notorios e importantes como para dilucidar una contienda judicial determinada; esto es, la invocación de hechos notorios no es una obligación, sino una facultad meramente potestativa. Entonces, el empleo de esa facultad queda al arbitrio de los juzgadores, porque la calificación de notoriedad de un hecho cualquiera es una cuestión completamente subjetiva." En razón de ello, se tiene que es un hecho público y notorio que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta de ley a Rosa Elena Jiménez Arteaga, como senadora por el Estado de Nayarit, para ocupar la vacante que ocupó Miguel Ángel Navarro Quintero, actual Gobernador del Estado de Nayarit. En efecto, por el grupo parlamentario de Morena, Rosa Elena Jiménez Arteaga, en la jornada electoral extraordinaria en el Estado de Nayarit, llevada a cabo el cinco de diciembre de dos mil veintiuno, resultó electa para ocupar la vacante del ex senador Miguel Ángel Navarro Quintero, hoy Gobernador del Estado de Nayarit. Así es, de la vista que se tiene de la página electrónica oficial del Senado de la República https://www.senado.gob.mx/64/senadoras se advierte que efectivamente, Rosa Elena Jiménez Arteaga, es senadora por el Estado de Nayarit. Luego, y dado que los datos publicados en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; es inconcuso que tienen eficacia probatoria, en términos del diverso 188 del citado ordenamiento -también aplicado supletoriamente-, el cual establece que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. De lo que se sigue que en lo que ve a ese último rubro, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra el 'internet', que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. Así es, la información generada o comunicada por esa vía como parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. Se cita al respecto la jurisprudencia XX.2o. J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, bajo la voz: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. Asimismo, se cita la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, que dice: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Así como la relativa a la tesis V.3o.10 C sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1306, que se comparte, del tenor siguiente: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: 'Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.'; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra 'internet', que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo." Sin soslayar, por las razones que informa, la tesis XX.2o.33 K sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1643, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público, entre otros servicios, el directorio de sus empleados, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 'internet', del cual puede obtenerse el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, así como su historial laboral; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." De lo expuesto, puede concluirse que la información obtenida de la página electrónica oficial del Senado de la República, tiene valor probatorio para la resolución del asunto que nos ocupa. En ese contexto, y si de lo antes expuesto, quedó demostrado que Rosa Elena Jiménez Arteaga, es senadora por el Estado de Nayarit, en el lugar vacante que ocupaba el ex senador Miguel Ángel Navarro Quintero en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -catorce de enero de dos mil veintiuno- es inconcuso que cesó la conducta contumaz atribuida a las autoridades legislativas, Cámara de Senadores, Pleno de la Cámara de Senadores, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Presidente de la Comisión Permanente, todos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, la omisión que se les atribuyó a esas responsables, de llamar al senador suplente para la integración de la Comisión del Senado, ha cesado en sus efectos, pues se reitera, ya se nombró senadora propietaria por el Estado de Nayarit a la de nombre Rosa Elena Jiménez Arteaga, lo que implica que a la fecha, volvieron las cosas al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional reclamada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Ello es así, porque para la vigencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo. Al respecto, es menester citar la jurisprudencia 2a./J.9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, se cita la tesis aislada P. CL/97, emitida por el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, bajo la voz: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las apuntadas circunstancias, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, enviado vía electrónica por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, mediante el cual acusa recibo del oficio 2434-III y de un legajo de copias certificadas relativas al juicio de amparo indirecto 33/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, correspondiéndole el número 403/2021 de su índice. NOTIFÍQUESE.
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