Claudia Jacqueline Cuevas Gracida

Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
94/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Claudia Jacqueline Cuevas Gracida

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Jacqueline Cuevas Gracida, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo, regístrese con el número de orden 94/2023-VII; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ello es así, porque en la especie se reclama el acta de infracción T-6536788 levantada en contra de la quejosa por una agente de Policía Vial (que la quejosa denominó como Tránsito Municipal). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al respecto, se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad, previo a promover el juicio constitucional, consistente en el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es así porque, es obligación de los quejosos, agotar el medio ordinario de defensa que pueda modificar o anular el acto reclamado, antes de acudir a la instancia, salvo las excepciones que la misma establezca. En efecto, la promovente se duele del acta de infracción que se le impuso el quince de enero pasado, por lo que a su alcance tiene el recurso de inconformidad, o juicio contencioso administrativo regulados en los artículos 226, 227, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ciertamente, el precepto 226 aludido, prevé el recurso de inconformidad, y los diversos 234 y 235 contemplan la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar, pues de ellos se extrae que la interposición suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva, lo cual es coincidente con lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Amparo, consistente en que la medida procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Adicionalmente, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos, tal y como se requiere en el juicio de amparo. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. No pasa inadvertido que la codificación administrativa señala que la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgara, cuando se admita el aludido recurso; sin embargo, no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. En otro orden de ideas, el artículo 249 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso, por tanto, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el quejoso que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal, aunado a que inclusive se prevé que sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que tiene a su alcance los medios legales para impugnar en su caso, el acto que manifiesta le causa agravio, toda vez de que debe tenerse en cuenta que con la entrada en vigor de la Ley de Amparo de dos mil trece, toda afectación que se tenga en una contienda judicial, debe ser analizada en cualquier momento del procedimiento, ya que el enfoque del control difuso obliga a toda autoridad a respetar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados. Luego, como el acto reclamado en el presente juicio es susceptible de reparación mediante los referidos medios de impugnación, y éstos no fueron agotados, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, la parte quejosa tampoco se ubica en una diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que, si bien podía promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente éstas, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda, violaciones indirectas a la Carta Magna, como acontece en el presente caso. Ello es así, pues de una lectura integral de la demanda se puede desprender con claridad que si bien la quejosa pretende hacer valer un planteamiento de constitucionalidad, en realidad se trata de una cuestión de mera legalidad; en específico, la indebida fundamentación y motivación de la multa contenida en la acta de infracción T-6536788. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, habida cuenta de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el juzgado de distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas violaciones directas a la Constitución Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, como acontece en el presente caso, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para la afectada obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, la agraviada puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, por lo que corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juzgado de distrito, Sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna, que también pudiera causar el acto reclamado, porque al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener lo contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, lo cual haría nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo lo que obligaría a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas violaciones con el carácter de definitivas. De manera que, como de la demanda de cuenta se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene señalando domicilio y autorizados. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Jacqueline Cuevas Gracida, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo, regístrese con el número de orden 94/2023-VII; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ello es así, porque en la especie se reclama el acta de infracción T-6536788 levantada en contra de la quejosa por una agente de Policía Vial (que la quejosa denominó como Tránsito Municipal). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al respecto, se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad, previo a promover el juicio constitucional, consistente en el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo. Es así porque, es obligación de los quejosos, agotar el medio ordinario de defensa que pueda modificar o anular el acto reclamado, antes de acudir a la instancia, salvo las excepciones que la misma establezca. En efecto, la promovente se duele del acta de infracción que se le impuso el quince de enero pasado, por lo que a su alcance tiene el recurso de inconformidad, o juicio contencioso administrativo regulados en los artículos 226, 227, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ciertamente, el precepto 226 aludido, prevé el recurso de inconformidad, y los diversos 234 y 235 contemplan la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar, pues de ellos se extrae que la interposición suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva, lo cual es coincidente con lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Amparo, consistente en que la medida procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Adicionalmente, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos, tal y como se requiere en el juicio de amparo. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. No pasa inadvertido que la codificación administrativa señala que la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgara, cuando se admita el aludido recurso; sin embargo, no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. En otro orden de ideas, el artículo 249 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso, por tanto, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el quejoso que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal, aunado a que inclusive se prevé que sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que tiene a su alcance los medios legales para impugnar en su caso, el acto que manifiesta le causa agravio, toda vez de que debe tenerse en cuenta que con la entrada en vigor de la Ley de Amparo de dos mil trece, toda afectación que se tenga en una contienda judicial, debe ser analizada en cualquier momento del procedimiento, ya que el enfoque del control difuso obliga a toda autoridad a respetar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados. Luego, como el acto reclamado en el presente juicio es susceptible de reparación mediante los referidos medios de impugnación, y éstos no fueron agotados, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, la parte quejosa tampoco se ubica en una diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que, si bien podía promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente éstas, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda, violaciones indirectas a la Carta Magna, como acontece en el presente caso. Ello es así, pues de una lectura integral de la demanda se puede desprender con claridad que si bien la quejosa pretende hacer valer un planteamiento de constitucionalidad, en realidad se trata de una cuestión de mera legalidad; en específico, la indebida fundamentación y motivación de la multa contenida en la acta de infracción T-6536788. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, habida cuenta de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el juzgado de distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas violaciones directas a la Constitución Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, como acontece en el presente caso, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para la afectada obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto reclamado que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, la agraviada puede alegar los vicios que ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, por lo que corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juzgado de distrito, Sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna, que también pudiera causar el acto reclamado, porque al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener lo contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, lo cual haría nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo lo que obligaría a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas violaciones con el carácter de definitivas. De manera que, como de la demanda de cuenta se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene señalando domicilio y autorizados. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, realicen las notificaciones que deban ser personales en el presente juicio. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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