Claudia Ivette Tirado Toledo

Expediente 399/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
399/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Claudia Ivette Tirado Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, por el que transcribe el acuerdo dictado por el Titular de ese órgano jurisdiccional el veintiuno de noviembre del actual, del que se advierte que acusa recibo del oficio 2044/2019, del índice de este Juzgado Federal, por el que se remitió por incompetencia el juicio de amparo 399/2019, promovido por Claudia Ivette Tirado Toledo e informa que se aceptó la competencia declinada. Por otra parte, visto el estado de autos, advirtiéndose que en proveído que antecede se reservó proveer sobre el contenido del oficio 699/2019, firmado por la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, adjunto al cual remitió copia certificada de las constancias deducidas del expediente 641/2009, las cuales guardan relación con el acto reclamado, hasta en tanto se informara la aceptación de la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, lo cual ya aconteció; en consecuencia, previa copia simple que se deje en autos del aludido oficio y anexos, remítanse al Juez Tercero de Distrito en el Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, solicitándole acuse recibo vía interconexión. ARCHIVO En otro aspecto, vista la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General antes descrito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTRUCCIÓN DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con apoyo en los puntos segundo fracción XX y vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes en el que se actúa. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cúmplase. MESA III-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos los informes justificados rendidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, y actuaria adscrita a la mesa impar de dicho juzgado, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos y dese vista a las partes para que hagan valer lo que a su derecho convenga. Por otra parte, glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, firmado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, con el que devuelve diligenciado el despacho 470/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le solicitó emplazar a juicio al tercero interesado Humberto Tirado Palacios. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de tres días que se otorgó al citado tercero interesado, por auto de tres de octubre del año en curso (fojas 16 a 21), a efecto de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiere hecho, no obstante su legal notificación; consecuentemente, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por lista de acuerdos, en términos de lo previsto en el artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Por otra parte, cabe precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio es fundamental la ejecución de los actos reclamado, de ahí que para establecer la competencia no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora, tomando en consideración que los actos reclamados que la quejosa Claudia Ivette Tirado Toledo, atribuye al Juez Primero Civil de Primera Instancia de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, y, actuaria adscrita, consistentes en el acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de cancelación de alimentos anexo al expediente principal 641/2009, y su ejecución por parte de la actuaria, al haber realizado la notificación de dicho acuerdo y remitiéndose el oficio ordenado. En otro aspecto, de las copias certificadas que el Juez responsable remitió como justificación de su informe (foja 55), deducidas del incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al juicio principal 641/2009, de su índice (fojas 88 a 131), las que tienen pleno valor probatorio en su calidad de instrumental públicas, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil doce (foja 89), se tuvo al tercero interesado Humberto Tirado Palacios, promoviendo incidente de cesación de pensión alimenticia, contra la aquí quejosa, Claudia Ivette Tirado Toledo; ordenándose a la actuaria emplazar a la demandada a dicho incidente, para que en el plazo de tres días siguientes a su notificación, compareciera a manifestar lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas; apercibiéndola que de no hacerlo en ese plazo, se le tendría por perdido el derecho que debió ejercitar y por presuntamente confesa de los hechos de la demanda. Por acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 107, 110, 120 y 121), el Juez responsable, en relación a lo solicitado por el actor incidentista, determinó, por los motivos legales que ahí expuso, que no había lugar a ordenar el emplazamiento de la demandada incidentista por edictos. En atención a la diversa petición del tercero interesado, la autoridad judicial determinó girar oficio al Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con domicilio en Gardenias seiscientos trece, esquina Escuela Naval Militar, Colonia Reforma, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que de manera inmediata ordenara a quien correspondiera procediera retener y hasta nueva orden el treinta por ciento (30%), del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, decretado a favor de Claudia Ivette Tirado Toledo. Que en virtud de que la aludida autoridad se encuentra fuera de la competencia del Juez responsable por razón de territorio, ordenó que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se girara exhorto al Juez Familiar en turno del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que en auxilio de sus labores entregara a quien correspondiera el oficio correspondiente, facultando a la autoridad exhortada para que agotara los medios necesarios y pertinentes al cumplimiento de la diligencia que le encomendó. Y, por oficio 48/2019 (foja 122), firmado por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, dirigido al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, le adjuntó el exhorto número 05/2019 (fojas 123 a 128), para que por su conducto fuera remitido al Juez Familiar en turno del Distrito Judicial del Centro, para su diligenciación. De lo expuesto, se advierte que el suscrito Titular de este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para seguir conociendo del trámite del presente juicio de amparo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo; precepto que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso de que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute el acto reclamado. Con lo que se pretendió determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, criterios relacionados, entre otros, con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Como ya se estableció conforme a los anteriores antecedentes narrados se advierte que: El Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al expediente principal 641/2009, de su índice, de donde deriva el acto reclamado, por acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 107, 110, 120 y 121), determinó girar oficio al Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con domicilio en Gardenias seiscientos trece, esquina Escuela Naval Militar, Colonia Reforma, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que de manera inmediata ordenara a quien correspondiera procediera retener y hasta nueva orden el treinta por ciento (30%), del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, decretado a favor de Claudia Ivette Tirado Toledo. Que en virtud de que la aludida autoridad se encuentra fuera de su competencia por razón de territorio, ordenó que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se girara exhorto al Juez Familiar en turno del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que en auxilio de sus labores entregara a quien correspondiera el oficio correspondiente, facultando a la autoridad exhortada para que agotara los medios necesarios y pertinentes al cumplimiento de la diligencia que le encomendó. Y, por oficio 48/2019 (foja 122), firmado por el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, dirigido al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, le adjuntó el exhorto número 05/2019 (fojas 123 a 128), para que por su conducto fuera remitido al Juez Familiar en turno del Distrito Judicial del Centro, para su diligenciación. Por lo que, resulta claro que el Juez responsable, se auxilió de un exhorto para conseguir la ejecución del acto reclamado (acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el que ordenó retener el treinta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, decretado a favor de la quejosa), en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia 1ª./J.25/2012 (10ª), con registro 2001236, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, visible en la página 145, correspondiente a la Décima Época, bajo el rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPTENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCION JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución, (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado, si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene su papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." (Lo resaltado es propio). Por los motivos expuestos, el suscrito Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia oficial en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, se declara incompetente, por razón de territorio, para seguir conociendo del trámite del presente juicio de amparo, y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, el presente juicio de amparo, el que se tramitó sin incidente de suspensión. Déjese sin efectos la fecha y hora señalas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve). Fórmese el cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias relativas. Notifíquese en los términos de ley. MESA III-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito firmado por el tercero interesado Humberto Tirado Palacios; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele apersonándose con tal carácter, señalando como autorizado en términos de artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Cruces Álvarez. Téngase únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones, a Julio Bante Alvarado, Hugo Alberto Montero Mendoza, Luz Raquel Arreola Zárate, Brian Alexis Turcios de Jesús y Jessica Jaritza de Jesús Núñez, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho, no existen registradas cédulas profesionales que los faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciados en derecho, como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede. En otro aspecto, advirtiéndose de la certificación secretarial, que el usuario crucesabogados, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Líneas del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones correspondientes al promovente vía electrónica. Notifíquese. MESA III-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos los informes justificados rendidos vía electrónica por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero, Avendaño Oaxaca y actuaria adscrita a la mesa impar de dicho Juzgado, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos y dese vista a las partes para que hagan valer lo que a su derecho convenga. Toda vez que la autoridad judicial, acepta el acto reclamado, aduciendo que en su índice se encuentra radicado el expediente 641/2009, relativo al juicio de controversias del orden familiar promovido por Claudia Ivette Tirado Toledo contra Humberto Tirado Palacios; en consecuencia, dado que en su informe no precisa que adjunta documental alguna, a fin de dictar una sentencia apegada a derecho, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, remita copia certificada debidamente legible de las constancias que guarden relación con el acto reclamado relativas al expediente 641/2009 de su índice; apercibido que de no hacerlo en el plazo concedido, o de no informar el impedimento que tuviere para ello, se hará acreedor a una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización (UMA). Notifíquese.

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