Claudia Ivette Ramos Espinoza

Expediente 1027/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1027/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Claudia Ivette Ramos Espinoza
  • Organo Ejecutivo Gobernador del Estado de Coahuila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el juicio de amparo 1027/2021-IV-B, del cual deriva este cuaderno de antecedentes, e informa que acepta la incompetencia planteada y admite a trámite la demanda de amparo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Con, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos, del que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por las siguientes razones. Incompetencia por razón de territorio. Ahora, analizadas previamente las constancias existentes, se concluye que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo por razón de territorio. En efecto, en primer lugar es preciso dejar establecido que las reglas generales de competencia relativas al juicio de amparo, previstas por el artículo 37 de la Ley de la Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De lo anterior surgen las hipótesis de competencia siguientes: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Fijado lo anterior, de la primera de las hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: a) el lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Ahora, en la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Por tanto, es evidente que la ejecución del acto reclamado consistente en el cobro y recaudación de los derechos de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad de Saltillo, Coahuila, constituye un acto que ha de llevarse a cabo en dicho municipio, toda vez que el pago de los derechos de registro del contrato de compra venta del inmueble ubicado en Calle Valle de la Bellota número 195, fraccionamiento Valle de los Almendros, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, se consignó mediante contrato que se protocolizó mediante escritura pública ante la notaría pública número 100 (cien) de esa ciudad de Saltillo, Coahuila, y por tanto, el acto de aplicación de la inscripción se realizó en aquella ciudad. Así las cosas, es claro que los actos reclamados no tienen ejecución dentro del territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, lo que se afirma con apoyo en el acuerdo general número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el referido acuerdo, se determina que los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los Municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. Por su parte, los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en su capital, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que conforma el territorio de la propia entidad federativa. En esta virtud, se advierte que los actos reclamados se encuentran en la hipótesis prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, relativa a que es competente el Juez de Distrito donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades responsables, tendrán ejecución en el lugar de la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, que es distinta a la que corresponde a éste órgano jurisdiccional, de conformidad con el acuerdo general número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ERNESTO RUBIO HERNÁNDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.c7 28/04/24 17:24:22 12 Por lo que, resulta inconcuso que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Claudia Ivette Ramos Espinoza, surtiéndose ésta en favor del Juzgado de Distrito en el Estado Coahuila en Turno, con sede la capital de dicho Estado, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior es así, no obstante que la quejosa haya dirigido la demanda de amparo al Juez de Distrito en La Laguna, en turno, toda vez que dicha circunstancia no implica que este Juzgado Federal deba conocer de la demanda de amparo que se trata, ya que la competencia de un Juez de Distrito, debe circunscribirse al lugar en que tiene ejecución el acto reclamado, así como al de la residencia de las autoridades responsables. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en su capital, a quien deberá remitirse el original de la demanda de amparo y anexos. Se remiten autos del juicio de amparo. En tal virtud, remítanse los autos que integran el expediente de amparo número 1027/2021-IV, al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en turno, a fin que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador; para tal efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Audiencia constitucional. Se deja sin efectos la audiencia señalada para el día de hoy y se reserva señalar nueva fecha y hora, hasta en tanto se tenga conocimiento si el juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, en turno, acepta la competencia declinada. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las nueve horas del tres de enero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza y, en suplencia del Administrador Fiscal General del Estado y Administrador Central de Recaudación, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. No ha lugar a admitir como prueba la documental que menciona, en virtud que no fue anexada ni el hecho notorio de las resoluciones emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en los diversos amparos indirectos en revisión que refiere, ya que el mismo no es un derecho de las partes en el procedimiento del juicio de amparo, sino una facultad del órgano jurisdiccional que en el caso no aplica cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 75 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, cuando el oferente intervino como parte y estuvo en aptitud legal de ofrecerlo como prueba. De ahí que, si la autoridad ocursante intervino como parte en los múltiples juicios que precisa como hecho notorio, por ende, le corresponde la obligación de gestionar y requerir directamente a la autoridad correspondiente la expedición de los documentos o información que pretende ofrecer en este juicio de amparo, pues en términos del artículo 117, quinto párrafo de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe exhibir las constancias que apoyen las aseveraciones de su informe justificado, en consecuencia, no se acuerda de conformidad el ofrecimiento del hecho notorio invocado por la autoridad ocursante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.3º.C.102K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2333, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, febrero de 2011, cuyo texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. SU INVOCACIÓN NO ES UN DERECHO DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO SINO UNA FACULTAD JURISDICCIONAL CONFERIDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE NO DEBE APLICAR FRENTE A LA CARGA PROBATORIA QUE DERIVA DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO". Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas indicadas para ello en el informe con justificación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.

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