Claudia Ivette Ramírez Luna

Expediente 1315/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1315/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Claudia Ivette Ramírez Luna

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, conforme al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, ha fenecido; sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el promovente solicita el acceso al expediente y las notificaciones por vía electrónica. Atento a ello, se ordena reservar lo peticionado hasta en tanto cumpla con la prevención realizada mediante auto de treinta de noviembre pasado, en razón de que no tiene acreditada su personalidad en el juicio en que se actúa. Cúmplase.

  4. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea por ***, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, el cual fue registrado con el número 1315/2022- VIII. Consideraciones previas. Del análisis íntegro del escrito de demanda se desprende que ***, comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en representación de ***; sin embargo, no exhibe documento idóneo mediante el cual acredite su personalidad, incumpliendo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, en el que se dispone que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. Al respecto, el documento que anexa para acreditar la calidad que ostenta, consistente en una reproducción electrónica de una carta poder entre las que se encuentra el promovente, para que represente al directo quejoso ante la autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado; y, que cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta. En ese sentido, si bien es cierto, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado; sin embargo, también es verdad que dicha autorización surte efectos solo para atender procesalmente el juicio laboral de origen, pues para formular la demanda es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o autorizados), debido que al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionen perjuicios y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º, 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo. Se invoca, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 327, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Finalmente, resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 90/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2001581, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, página 1176. En consecuencia, la parte quejosa incumplió con lo establecido en el artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo. Prevención Por tanto, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, 114, fracciones II y IIII, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: 1. Exhiba el documento idóneo para acreditar la personalidad con la que se ostenta. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. En el entendido de que, la presente aclaración la debe hacer de manera directa el promovente, toda vez que si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014. Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época. De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene designado como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, *** y ***, por así solicitarlo la parte quejosa, quien es parte la parte actora (trabajador) en el juicio laboral de origen. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial. Acceso a expediente electrónico. En ese sentido, respecto a la solicitud de que se le dé acceso al expediente electrónico, previo a acordar lo conducente es necesario hacer las siguientes precisiones. En principio se tiene que en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se establece:(...) Si bien es cierto, de la anterior transcripción es factible advertir que las partes pueden solicitar la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas, también lo es que el hecho de que se haga mención a dos posibilidades procesales no implica que la consulta no dependa de una notificación. Ello si se toma en consideración que el uso copulativo de la "y" es insuficiente para llegar a tal conclusión. A fin de respaldar lo anterior se tiene que en el Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se puede apreciar que expresamente se reguló lo siguiente:(...) De la anterior transcripción se advierte cuál es la teleología o finalidad que no es otra que las partes transiten a la actuación electrónica en lo que se denomina juicio en línea. Lo que no podrá tener éxito si quienes tienen la posibilidad tecnológica solo se interesan en el acceso al expediente electrónico, pero rechazan las notificaciones mediante la misma vía. Cabe destacar que las actuaciones en juicio, como es el caso, devienen de una relación jurídica procesal, en la que es una carga legal señalar las vías de comunicación como es un domicilio para el caso de las notificaciones personales en las que debe ir personal del juzgado a al mismo a entender con la persona indicada ese acto comunicativo de hacerle saber la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-. En el mismo sentido es una carga la autorización para las notificaciones electrónicas, que incluso están previstas en la Ley de Amparo, artículo 30 que dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: Luego, una notificación personal actualmente es posible desahogarse con la presencia de una actuaria o actuario en el domicilio de la parte o en forma electrónica. De manera que al igual que el acceso al expediente de papel en el caso de una notificación personal implica que está se lleve a cabo para conocer la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-, en el mismo sentido de una notificación electrónica. Afirmar lo contrario dejaría completamente abierta la posibilidad de acceso al expediente electrónico. Es como si se le diera acceso al expediente de papel para conocer la determinación - auto, interlocutoria o sentencia -, pero sin que ello implique la notificación la cual como es sabido es el acto mediante el que se tiene certeza de conocimiento de la actuación y a partir de ésta dan inicio los plazos que se traducen en términos regulados en la Ley de Amparo en el artículo 22 que señala: "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." De lo anterior deriva que, en caso de dar únicamente acceso al expediente puede implicar que el órgano judicial no tenga la actuación de referencia para iniciar algún cómputo con la consecuente inseguridad para dar continuidad al procedimiento. De todo lo anterior se sigue que solo podría entenderse restrictivo que se acordara la notificación electrónica sin acceso al expediente electrónico, pero no a la inversa. Por lo que ve a la notificación electrónica y el conocimiento del acto por notificar que son concomitantes, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para consulta en medios electrónicos con el Registro digital: 2020082, publicada en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, junio de 2019, Tomo III, página 2247. En las condiciones apuntadas, el dar únicamente acceso al expediente electrónico traería como consecuencia un claro sentido contrario al desarrollo del juicio en línea que en las políticas procesales procura que se amplíe su uso para dar pauta a la atención personal y en domicilio para quienes no tengan las posibilidades tecnológicas. Por lo antes expuesto y toda vez que la parte recurrente únicamente pretende se le dé acceso para consultar el expediente electrónico, pero sin notificarse mediante la misma vía, tal como está regulado en las normas del Consejo de la Judicatura Federal en aras de fortalecer el desarrollo del juicio en línea, cuestión en la que la parte solicitante no expresa ningún impedimento para acceder a las comunicaciones procesales en las plataformas tecnológicas, por tanto, una vez que la parte interesada manifieste su conformidad de que las notificaciones se le practiquen en forma electrónica, también se habilitará el acceso al expediente electrónico del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Notifíquese en términos de ley.

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