Claudia Ivette Paniagua Balcazar

Expediente 1593/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1593/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Claudia Ivette Paniagua Balcazar
  • Claudia Ivette Paniagua Balcazar y Otros.
  • Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el treinta de marzo de dos mil veintitrés (fojas 89 a 94), en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que hiciera manifestación alguna, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: De conformidad con el artículo 21, inciso a),1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, Punto 8.1.2. apartado 12 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de control electrónico; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del cuaderno principal la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, devuélvase al Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente del juicio laboral ***, consistente en un tomo, el cual se formó con motivo de su informe justificado, al tratarse de un asunto concluido. Sin que sea el caso que la responsable acuse de recibo, toda vez que bastará que el Actuario Judicial de la adscripción haga constar en la notificación que se reciben las constancias en cuestión. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que *** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. De quién reclamó lo siguiente: *** Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 4 a 9), se recibió la demanda promovida por ***, se radicó bajo el número de expediente 1593/2022, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Luego, por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés (fojas 20 a 22), se recibió el informe justificado de los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad (foja 19), mediante el cual, negaron los actos reclamados y remitieron el juicio laboral número ***, el cual se ordenó devolver a la citada responsable, previa copia certificada que se obtuvo del mismo. Documental, a la cual se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2, de la Ley de Amparo, de las que se advierte que el diecisiete de enero de dos mil veintitrés (fojas 124 y 125 del cuaderno de pruebas), la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dictó la resolución interlocutoria en la que declaró improcedente el incidente de competencia planteado por ***, a quien se le conoce como ***, parte demandada en el juicio de origen. Asimismo, ordenó continuar el procedimiento en el estado que se suspendió. Posteriormente, mediante oficio recibido el treinta de enero de la presente anualidad (foja 26), la Junta responsable remitió copia certificada de la notificación practicada a la actora -aquí quejosa- ***, de la interlocutoria de diecisiete de enero del año en curso (foja 27). Después, en auto de quince de febrero del año que transcurre (fojas 39 a 41), se ordenó emplazar a los terceros interesados ***; lo que ocurrió el veintidós de febrero y siete de marzo del año en curso (fojas 72 a 80). En auto de veintitrés de febrero del año actual (fojas 65 a 67), se recibió copia certificada del acuerdo de tres de febrero del presente año, dictado en el juicio ***, en el que se señaló fecha y hora, para que tuviera verificativo la audiencia, en la etapa de demanda y excepciones (foja 53). Y, en el diverso auto de uno de marzo del año en curso (fojas 65 a 67), se recibieron las notificaciones realizadas a la parte actora y demandada ***; así como del acuerdo de veintisiete de febrero siguiente, por el cual el presidente de la junta responsable ordenó el diferimiento de dicha audiencia, en virtud que la demandada ***, no se encontraba notificada de la fecha en se desahogaría la diligencia de demanda y excepciones. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista regulada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ** Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y, c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sobre esa base, se afirma como se dijo, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de la copia certificada del juicio ordinario laboral ***, se desprende, en lo que aquí interesa, que mediante interlocutoria de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (foja 124 y 125 del cuaderno de pruebas), la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, declaró improcedente el incidente de competencia planteado ***, a quien se le conoce como ***, parte demandada en el juicio de origen, y en dicha determinación ordenó continuar el procedimiento en el estado que se suspendió. Y, posteriormente en auto de tres de febrero del año en curso (foja 53), la junta responsable, señaló las nueve horas con quince minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia en etapa de demanda y excepciones, en vía de réplica y contrarréplica, y ordenó la notificación del citado proveído. Determinación, que fue notificada a la parte quejosa ***, el quince de febrero del año en curso, como se advierte de la copia certificada de la notificación que obra en autos (foja 50). De lo hasta aquí expuesto, resulta inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de excepciones de competencia promovido en el expediente ***; así como, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia en la etapa de demanda y excepciones, pues es evidente que han quedado destruidos los efectos de los actos violatorios de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la quejosa en el pleno goce de los derechos esenciales transgredidos, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que es evidente que, como quedó apuntado en párrafos que anteceden han cesado los efectos de los actos reclamados. Lo anterior es así, ya que jurídicamente a nada práctico se llegaría con el trámite del presente juicio si desde un inicio se conoce el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Tiene aplicación al caso la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, Página 71, registro 197367, que .a la letra dice "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, dictada por Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991, Novena Época, Materia Común, con registro digital 173878, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, registro digital 184572, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días otorgado a los terceros interesados ***, en autos de quince de febrero y uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 46 y 47 y 65 a 67), para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ha fenecido sin que lo hubiesen realizado. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdos de quince de febrero y uno de marzo del año en curso; y, consecuentemente, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se practiquen por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 271 de la Ley de Amparo, hasta que señalen domicilio para tal efecto. Notifíquese; y, por lista a los terceros interesados ****.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que no se encuentra emplazado a juicio el tercero interesado Grupo Empresarial Mova y Asociados Sociedad Civil, mismo que se ordenó llamar al presente juicio, en auto de uno de marzo del año en curso (fojas 65 a 67). En esas condiciones, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

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