Claudia Ivette López Mejía

Expediente 1047/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1047/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Claudia Ivette López Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Escrito Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual, solicita sea remitida copia certificada del presente juicio al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por las razones expuestas. Atento a ello, no ha lugar a remitir las copias que refiere al homólogo federal, toda vez que las mismas no han sido solicitadas por dicho órgano. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, expídanse a su costa las copias instadas; ello, previa razón de recibo obre en autos por la persona que autorice para tal efecto.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Escrito Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual, solicita se requiera al superior jerárquico de la autoridad responsable, toda vez que ha transcurrido en exceso el término para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico, teléfono y designa autorizado. Lo anterior, toda vez que el ocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos y el quince de marzo siguiente, al no haber recurrido dicho proveído se declaró firme y se ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido. Domicilio No obstante, derivado de que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la residencia de este juzgado o de su zona conurbada, conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se le tienen las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Medios de comunicación alternos Asimismo, se tienen como medios alternos de comunicación no procesales y por excepción, para efectos del sumario en que se actúa, el correo electrónico y teléfono que refiere. Autorizado Finalmente, en relación a la persona que designa como autorizada; con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y toda vez que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo, para el efecto de que, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dejara insubsistente el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 167/2008, y con plenitud de jurisdicción, dictara uno nuevo en el cual atendiera de manera congruente lo solicitado mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, por la quejosa Claudia Ivette López Mejía, atendiendo los aspectos que fueron destacados en la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza. Así, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento; por lo que, la Presidenta del referido tribunal, mediante oficio ***presentado el treinta de noviembre del año pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, adjuntó copia certificada del acuerdo de veintinueve de ese mismo mes y año, de cuyo texto se observa que dejó insubsistente el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 167/2008; y, en el mismo proveído, emitió una respuesta por escrito en atención, únicamente, a las omisiones en que había incurrido, respecto de la petición que le formuló la parte actora mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Asimismo, por diverso oficio presentado el siete de diciembre del año pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, la autoridad responsable anexó copia certificada del boletín laboral de cinco de diciembre de la anualidad que antecede, por medio del cual, se notificó a las partes en el juicio laboral 167/2008 el citado acuerdo. Sin embargo, por auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, una vez analizadas las citadas constancias, se arribó a la conclusión de que la sentencia amparadora no estaba debidamente cumplimentada, pues si bien, la autoridad responsable, a través del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis había emitido una respuesta por escrito en relación a las omisiones en que había incurrido, respecto del escrito de petición que le formuló la parte actora, esto es, dio contestación en lo relativo a la petición de embargo en contra de la demandada y al pago de intereses generados por el incumplimiento del laudo, e inclusive, le dio a conocer la respuesta recaída a su petición en breve término, lo cierto era que, en ese nuevo proveído, había soslayado pronunciarse expresamente en lo relativo a dictar las medidas de apremio necesarias para el cumplimiento del laudo y en lo atinente a emitir auto de requerimiento, a fin de atender de manera congruente lo solicitado por la actora, mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; por tanto, se requirió a dicha autoridad para que informara el cumplimiento cabal y completo que diera a la ejecutoria referida. Ante ello, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio *** presentado el doce de enero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, y el día siguiente en este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada del acuerdo de once de ese mismo mes y año, de cuyo texto se observa que, en virtud de que el Tribunal responsable a ese momento no contaba con la información indispensable para la materialización de la multa a imponer al entonces Presidente del Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México, durante el periodo comprendido del dieciocho de agosto de dos mil nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, ordenó girar oficio al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, para que informara diversos datos personales del referido exfuncionario público. De igual manera, se aprecia que, fue enfática en referir que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de dictar un auto de embargo, así como la exigencia a la demandada del pago de intereses que se generen por el incumplimiento del laudo. Por lo que respecta a la petición de embargo, expuso que no le asiste razón alguna a la solicitante, toda vez que la ley aplicable al juicio laboral, lo es la vigente del treinta y uno de enero de dos mil siete al diecisiete de agosto de dos mil nueve, fecha en la cual tuvo vigencia el decreto por el cual se reformó el procedimiento establecido en el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dispositivo que dijo, fue reformado mediante decreto 297, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México el catorce de agosto de dos mil nueve. A lo que añadió, que las disposiciones transitorias de dicho decreto, establecían ".TERCERO.- Cualquier asunto en trámite se sustanciará hasta su conclusión, de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.", refiriendo que de ello, se advierte que todos los procedimientos que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del referido decreto, se deberán de sustanciar siguiendo los lineamientos y bajo las normas publicadas el treinta de enero de dos mil siete; por lo que no puede ni debe existir una aplicación retroactiva de la ley sin importar el tipo de norma que se prevea, pues, refirió, que fue voluntad del legislador hacer una excepción de la entrada en vigor de la mencionada reforma respecto de los asuntos iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley. Para fortalecer su determinación, señaló que resulta evidente que por imperativo del artículo tercero transitorio de dicho decreto, la ley que se debe aplicar para todo procedimiento, incluso en la etapa de ejecución de los laudos, lo deberá ser la vigente en el momento de la promoción del juicio, es decir la publicada el treinta de enero de dos mil siete, destacando que el asunto, se adecua al caso concreto y que actuar de forma contraría, implicaría trastocar el debido proceso. Asimismo, expuso que por lo que respecta al pago de intereses, tampoco asistía razón alguna a la solicitante, dado que, el caso de interés, es un procedimiento regulado por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esto es, que tiene por objeto regular las relaciones de trabajo comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y sus respectivos servidores públicos, fungiendo el propio Estado como Patrón-Estado, resultando inaplicable al caso en concreto el supuesto contenido en la fracción VI del artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo, como lo pretende hacer valer la actora. De la misma manera, señaló que aplicar en forma análoga dicho precepto, implicaría la creación de una nueva institución, la cual, refirió, no se encuentra regulada en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; aunado a ello, adujo que resulta inconducente el pago de los intereses a que se refiere dicho dispositivo legal en el juicio burocrático, dado que el Estado-Patrón es una institución de buena fe, y para fortalecer su argumentación, citó el criterio de rubro: LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. EL PAGO DE LOS INTERESES DEL INCUMPLIMIENTO EN SU EJECUCIÓN ES INCONDUCENTE, AL SER EL PATRÓN UNA INSTITUCIÓN DE BUENA FE (INAPLICABILIDAD SUPLETORIA DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 951 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Luego señaló, que de ello se colige que no obstante que dentro de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, tal y como lo prevé el artículo 193 de la ley burocrática estatal, para el caso de lo no previsto por dicha normatividad, en materia procesal se regulará por las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria, cierto es, que no se deben trasladar instituciones diversas, pues trastocaría el debido proceso. En otro aspecto, indicó, que dada la solicitud de la promovente, en cumplimiento al laudo de diez de diciembre de dos mil nueve, dictó auto de requerimiento de pago en contra del Ayuntamiento Constitucional de Ocoyoacac, Estado de México, hasta por la cantidad de $192,312.50 (ciento noventa y dos mil trescientos doce pesos 50/100 moneda nacional), dado que era el importe total de las percepciones a que había sido condenado el demandado; para lo cual se concedía un término de veinte días hábiles para que el Presidente de dicho Ayuntamiento compareciera ante el Tribunal responsable, a fin de que hiciera el depósito de la cantidad objeto de ese requerimiento; bajo el apercibimiento de no dar cumplimiento se le impondría una suspensión del cargo sin goce de sueldo por un periodo de diez días. Finalmente, dispuso, que dado que la demandada había hecho caso omiso al cumplimiento total de pago de laudo a la parte actora, se le hacía efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, y ordenaba la suspensión del cargo por un término de cuatro días hábiles sin goce de sueldo, para lo cual dispuso girar oficio a la Legislatura Local, a fin de que hiciera efectiva dicha medida de apremio a Diana Pérez Barragán, en su carácter de actual Presidenta del Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México, de conformidad con los artículos 185, fracción VII y 253, fracción III, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, remitiendo al efecto copias certificadas de diversas constancias que sustentaban tal determinación. Y, mediante diverso oficio ****, presentado ante este juzgado el dieciocho de enero del año en curso, la presidenta del referido tribunal, adjuntó copia certificada del boletín laboral de ese órgano, por la cual notificó a las partes el acuerdo dictado el once de enero de la presente anualidad. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dejó sin efecto el acuerdo de seis de junio del mismo año, dictado en el expediente laboral 167/2008, y con plenitud de jurisdicción, dictó uno nuevo en el cual atendió de manera congruente lo solicitado mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, por la quejosa Claudia Ivette López Mejía, tomando en consideración los aspectos que fueron destacados en la ejecutoria de amparo. Cabe precisar, que en los acuerdos de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis y once de enero de dos mil diecisiete, la responsable tampoco realizó pronunciamiento en lo relativo a hacer efectivos los apercibimientos decretados en diversos proveídos, lo que sí había acontecido en el de seis de junio de dos mil dieciséis, sin embargo, constituye un hecho notorio que en el juicio de amparo 1008/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México -cuya consulta se realizó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes-, se concedió el amparo, entre otros aspectos, para dejar sin efecto, precisamente, la parte conducente del acuerdo dictado en el expediente laboral 167/2008, de seis de junio de dos mil dieciséis, en lo relativo a la imposición de la medida de apremio (impuesta como consecuencia de haber hecho afectivo un apercibimiento), por lo que es inconcuso que en el nuevo acuerdo que emitiera la responsable, resultaba innecesario que se pronunciara sobre dicho aspecto. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR LISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Oscar Jesús Segundo Suárez, que da fe.

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