Claudia Ivette Arroyo Haddad
Expediente 1188/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1188/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2021
Partes del expediente
- Claudia Ivette Arroyo Haddad
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta. Téngase a la Administradora de la Oficina de Servicios Directos, Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, realizando las manifestaciones que de su ocurso se desprende, respecto a la pieza postal relativa al oficio 26199, al efecto se provee: Agréguese sin realizar mayor pronunciamiento el oficio de cuenta, dado que ya obran los acuses correspondientes. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se le previno, mediante auto al que da contestación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: INFORME DE ANTECEDENTES Téngase a la autoridad responsable Representante Regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, informando que no tiene conocimiento que la quejosa haya promovido diverso juicio de amparo, de lo que este Juzgador toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA CLAUDIA IVETTE ARROYO HADDAD, EL ACUERDO DE FECHA DIECISIEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito la demanda de amparo. Regístrese, bajo el número que le corresponda, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Vista la demanda de amparo promovida por..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, y Especializado en Extinción de Dominio, y otra autoridad, consistente en el auto de once de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas número 420/2017, en el cual, se determinó que no procedía el recurso de reclamación interpuesto contra el diverso de quince de octubre del año en curso, en el que se acordó que no había lugar a tener a la parte demanda designando perito valuador por no haber aceptado y protestado el cargo conferido, en términos del artículo 287, fracción VI del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; al respecto se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Así, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: La primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Lo mismo acontece en relación con los actos dictados después de concluido el juicio que se emitan dentro de un procedimiento instrumental, supuesto en el cual el amparo únicamente será procedente en contra de la determinación que resuelva la instancia (previo agotamiento de los medios ordinarios de defensa), pudiendo reclamarse las violaciones que hayan acontecido durante la substanciación del procedimiento. Lo anterior es así, dado el carácter del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, lo cual limita su procedencia a la determinación en que se resuelva en definitiva sobre determinado tópico, a efecto de que no se retarde la impartición de justicia con la promoción desmedida de juicios de amparo. En el caso particular, el acto reclamado en la demanda que se analiza, consiste en el auto de once de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas número 420/2017, en el cual, se determinó que no procedía el recurso de reclamación interpuesto contra el diverso de quince de octubre del año en curso, en el que se acordó que no había lugar a tener a la parte demanda designando perito valuador por no haber aceptado y protestado el cargo conferido, en términos del artículo 287, fracción VI del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Así, es claro que tal determinación no se ubica en la hipótesis de procedencia prevista en la fracción IV, último párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo, al no constituir la última resolución en la ejecución en el juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento, pago de rentas y demás prestaciones esto es, la que resuelve en definitiva la planilla de liquidación de sentencia a través de la cual sea cuantificado el pago de las rentas vencidas, pues se trata de una cuestión procesal dentro de dicho procedimiento, que deberá ser reclamada hasta que se dicte la última resolución en ese procedimiento en el que la parte quejosa, podrá en su caso, reclamar las violaciones que se hubieran cometido en el mismo. Se invoca la tesis número 2a.VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 230 y 231, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es de rubro y texto siguiente: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Ahora por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la notificación del auto de once de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas número 420/2017, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Dicha disposición normativa dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". El principio de definitividad consagrado en la disposición normativa transcrita, impone al accionante constitucional la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio destaca en el hecho de que el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado, pueda obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. Luego, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales prevista en el numeral invocado, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, previstos en los incisos a), b) y c), del citado numeral, los actos reclamados que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; los que afecten la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Así la notificación que por esta vía se reclama, es susceptible de ser impugnada a través del incidente previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece: "Artículo 74.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: - - - I.- La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada Es así que la parte quejosa tenía la obligación de conformidad al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación que pretende impugnar, para lograr que se declarara, en caso de comprobarse la irregularidad de la misma su nulidad. Resulta aplicable a las consideraciones expuestas, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en la jurisprudencia 26/2005, al resolver la contradicción de tesis 91/2004-PS, visible en la página 430, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. DOMICILIO DEL QUEJOSO. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. 1. Téngase por autorizado en los amplios términos que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo a , toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte, tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. 2. Téngase por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a, toda vez que no cuentan con su cedula profesional registrada en el referido sistema. CONTACTO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la parte quejosa señalando como datos únicamente de contacto el correo electrónico ; lo anterior, con fundamento en la fracción II, del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; sin que ello implique que a través del correo electrónico que proporciona se le pueda practicar notificaciones, toda vez que dicho medio no se encuentra contemplado, ni regulado en la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, cuando así se requiera. DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y el capítulo cuarto denominado "Del expediente electrónico" del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de los expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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